El Gobierno de Canarias también ha evitado pronunciarse y de esta forma no ha concedido la autorización que solicitó el Ayuntamiento de Haría para aprobar el controvertido acuerdo extrajudicial que negoció con el Cabildo para poner fin al pleito de la Cueva de Los Verdes, que en realidad ya tiene una sentencia firme que sigue sin ejecutarse.
El Consistorio se dirigió al Ejecutivo regional hace ocho meses, a raíz de un demoledor informe jurídico que advertía de la posible ilegalidad del convenio que habían aprobado dos años antes, entre otras cosas por no haber solicitado previamente esa autorización al Gobierno canario. Fue entonces cuando el grupo de gobierno de Haría intentó subsanar una de esas causas de nulidad que señalaba el dictamen, pero la respuesta llegó la pasada semana sin conceder esa autorización, debido a las dudas sobre la legalidad del acuerdo.
Según ha podido saber La Voz de Lanzarote, el Ejecutivo regional hace referencia en su resolución al propio informe jurídico encargado por el Ayuntamiento un año después de la firma del convenio, que concluía que ese acuerdo se aprobó sin contar con los informes y las autorizaciones pertinentes, que incurría en vicios de nulidad, que es "lesivo" para el Ayuntamiento y que no está validado ni ha sido homologado por los Tribunales. Por eso, el Gobierno señala que antes de adoptar una decisión es necesario esperar alresultado de los informes que también solicitó el Consistorio a raíz de ese dictamen.
A la espera de unos informes que no llegarán
Sin embargo, tal como adelantó este lunes La Voz de Lanzarote, lo cierto es que el Consistorio ya recibió hace meses respuesta a esa solicitud de informes que trasladó tanto al Consejo Consultivo de Canarias como a la Audiencia de Cuentas, aunque el alcalde, Marci Acuña, no se la trasladó al Pleno y al parecer tampoco al Gobierno canario, de quien también estaba esperando respuesta para conseguir esa autorización.
Tanto en el caso del Consejo Consultivo como en el de la Audiencia de Cuentas -que depende directamente del Parlamento de Canarias-, la respuesta fue que no emitirán dictámenes, al entender que no es de su competencia, que lo que se trasladó fue una consulta "genérica" y que es el Ayuntamiento quien debería valorar las repercusiones económicas de ese acuerdo, cosa que no hizo antes de aprobarlo. Y es que a pesar de las advertencias de la interventora municipal, el grupo de gobierno ni siquiera solicitó un informe económico para analizar las consecuencias del acuerdo antes de firmarlo.
Pese a todas las carencias que presentaba, el acuerdo se remitió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias a finales de 2016, justo antes de que resolviera el recurso que había presentado el Cabildo contra el fallo de primera instancia. Con ello, ambas partes pretendían que se pusiera "fin al procedimiento" y evitar que se dictara la sentencia, pero lo que hizo el TSJC fue declarar firme el fallo de primera instancia y remitir la posible "homologación" del convenio a la fase de ejecución, reprochando al Cabildo su actitud "errática" en este procedimiento.
El propio alcalde reconoció que el convenio "no tiene valor judicial"
Sin embargo, desde entonces el Consistorio no ha pedido la homologación de ese convenio para intentar que sea validado como ejecución del fallo. De hecho, tras encargar ese informe jurídico a raíz de las críticas de la oposición, el alcalde terminó reconociendo que el acuerdo "no tiene valor judicial" ni es "una ejecución de sentencia", en contra de lo que había venido afirmado su compañero de partido y presidente del Cabildo, Pedro San Ginés. "Para que el convenio tenga valor judicial, tiene que ser el juez el que le dé validez", señaló entonces Marciano Acuña, que sigue sin remitir ese acuerdo al Juzgado y que lo que ha hecho desde entonces es solicitar unos informes que sabe desde hace meses que no van a llegar.
Cabe recordar que el demoledor informe jurídico que se conoció hace casi un año proponía intentar homologar el acuerdo ?primero solicitando la autorización al Gobierno de Canarias que no ha sido concedida y después remitiéndolo al Juzgado- y en caso de que fuera imposible, instar su anulación para pedir después la ejecución de la sentencia tal como fue dictada.
Ese fallo que ya es firme, además de condenar al Cabildo a abandonar la Cueva de Los Verdes, le imponía también el pago de una indemnización al Ayuntamiento que alcanzaría ya los 20 millones de euros, ya que le obligaba a entregar al Consistorio todo lo recaudado por la venta de entradas desde el 25 de noviembre de 2010 -que fue cuando el Ayuntamiento le ordenó desalojar la Cueva por el impago del canon-, y hasta que se haga efectiva la devolución de este centro turístico, por lo que la suma sigue creciendo mientras no se ejecute la sentencia.
Otro frente judicial abierto y a punto de tener sentencia
Mientras tanto, y aunque San Ginés lleva años asegurando que ese convenio ya puso fin al pleito de la Cueva, lo cierto es que él mismo ha mantenido abierto otro frente en los tribunales que está a punto de resolverse, relacionado con el inventario de bienes del Cabildo. Fue bajo el mandato de Pedro San Ginés y en medio del conflicto con Haría cuando la Corporación incluyó la Cueva y los Jameos del Agua en su inventario de bienes, en una decisión que fue recurrida por el Consistorio, gobernando entonces por José Torres Stinga.
En ese caso, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo también dio la razón al Ayuntamiento y declaró nulos de pleno derecho esos acuerdos del Cabildo, que fueron adoptados en mayo de 2011 y marzo de 2013. Tras conocerse ese fallo, San Ginés afirmó que la sentencia "no tendría ninguna consecuencia añadida", remitiéndose para ello al acuerdo extrajudicial firmado por ambas instituciones para intentar poner fin al pleito de la Cueva. El propio presidente señaló entonces que ya no había "conflicto" y que ese acuerdo venía "a reconocer el derecho sobre el suelo del Ayuntamiento de Haría". Sin embargo, después recurrió ese fallo en los tribunales sosteniendo todo lo contrario y alegando de nuevo que estos dos centros turísticos "son propiedad del Cabildo, al ser sistemas generales insulares obtenidos por ocupación".
Precisamente la respuesta a ese recurso es inminente, ya que el pasado viernes 17 de mayo se reunió la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para la "deliberación, votación y fallo", por lo que su sentencia debería conocerse en los próximos días. Cabe recordar que en ese recurso, el Cabildo repetía los mismos argumentos que ya planteó en primera instancia y que fueron rechazados por el Juzgado, que llegó a señalar que la tesis del Cabildo "no resulta admisible".
Según la Corporación, tiene derecho de propiedad sobre ese suelo porque está catalogado como sistema general en el Plan Insular, y porque la ley territorial de Canarias sostiene que "los sistemas generales se adquieren por ocupación". Sin embargo, la sentencia de primera instancia ya advertía de que "la mera la calificación de una finca como sistema general no transmite de forma automática su propiedad a la Administración", concluyendo que por tanto no existía "título de adquisición del bien" para poder incluirlo en su inventario.
En cuanto a la obra realizada en ambos espacios, la sentencia tampoco reconocía la titularidad al Cabildo, señalando que es "un principio básico del derecho civil" que "lo edificado en predios ajenos pertenece al dueño de los mismos", y que "no puede hablarse de un derecho de propiedad sobre unas construcciones independientemente del derecho de propiedad del suelo en el que se asientan".