La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela vuelve a recordarnos una vieja costumbre internacional: las guerras no se declaran por intereses, pero siempre terminan beneficiando a los mismos. Esta vez, además, con una sinceridad poco habitual.
Los bombardeos y la invasión del territorio venezolano constituyen una vulneración clara del derecho internacional, al no contar con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni responder a una agresión previa que active la legítima defensa. Es decir, no hay cobertura legal, solo fuerza.
El Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas es explícito: los Estados deben abstenerse de recurrir al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.
Sin embargo, el propio Donald Trump ha declarado su intención de “controlar las petroleras venezolanas”. Con esa afirmación, el debate se simplifica: no se trata de libertad, sino de petróleo.
No es una novedad histórica. Ya ocurrió en Irak, donde se prometió democracia y se dejó un país devastado. También en Libia, convertida en un Estado fallido, y en Afganistán, tras veinte años de ocupación y una retirada que dejó más pobreza y fragilidad.
El patrón se repite: se invoca una amenaza, se bombardea en nombre de valores universales, se aseguran intereses estratégicos y se abandona el territorio cuando el daño es irreversible.
Hoy es Venezuela. Mañana puede ser Colombia, México o Brasil. Porque cuando se normaliza la intervención armada sin límites jurídicos, ningún país está a salvo si posee recursos estratégicos o decide no alinearse.
Todo ello vulnera el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales, reconocido por la Asamblea General de la ONU. Controlar recursos tras una invasión no es diplomacia: es expolio.
Condenar esta agresión no implica defender a ningún gobierno, sino defender el derecho internacional y la paz.
No a la guerra.
No a las invasiones.
Sí a la soberanía de los pueblos.