El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes iniciar la tramitación urgente de una regularización extraordinaria de migrantes. La iniciativa de Moncloa, merced a un pacto del Gobierno de Pedro Sánchez con PODEMOS, se hace a través de un Real Decreto que evita el control del Congreso de los Diputados. Hablamos de una regularización masiva, sin control ni garantías, que se aplicará con carácter general, sin distinción de nacionalidad y aplicable a todas aquellas personas que estuviesen en nuestro país antes del día 31 del pasado mes de diciembre.
Esta medida, de la que se beneficiarán más de medio millón de personas, se hace sin debate parlamentario y a espaldas de los ciudadanos, como ya tiene por costumbre el presidente Sánchez a sabiendas de que no tiene la mayoría parlamentaria y convencido, como está, de que “eso de la soberanía popular está sobrevalorado”.
Una vez más, el presidente Sánchez prioriza su cálculo político al consenso que debe existir en un procedimiento de tanto calado, que además choca con la normativa del Pacto de Migración y Asilo de la UE y con las propias recomendaciones europeas. Porque no nos engañemos, una regularización generalizada con tan poco rigor y sin controles estrictos tienen un efecto directo en los flujos migratorios y conlleva un riesgo real de “efecto llamada” hacia nuestro país por su condición de frontera sur de Europa y, de forma especial, hacia Canarias por ser la primera puerta de entrada.
Los interrogantes que plantea la medida de gobierno son muchos. ¿Cómo y en qué condiciones se integrará a cientos de miles de personas?, ¿qué impacto tendrá en los servicios públicos?, ¿con qué ayuda afrontarán las comunidades autónomas y los ayuntamientos la nueva situación?, ¿qué recursos adicionales contempla el Estado? Sin duda son cuestiones esenciales que el Gobierno no atina a responder porque ni sabe ni le importa. De hecho, lo que único que le interesa a Sánchez es aprobarla ya para contentar a PODEMOS y, a falta de mayoría parlamentaria, seguir con su estrategia de trueques para mantenerse en el sillón y no convocar elecciones.
Lo cierto es que, tal y como se ha planteado, estamos ante un nuevo desatino del Gobierno socialista que no ha tenido en cuenta algo fundamental: que sin planificación y capacidad real de integración no se mejora la vida a nadie sino que se cronifica la precariedad. Si tenemos en cuenta que nuestros servicios públicos básicos se encuentran en la actualidad bajo una fuerte presión, una regularización de esta envergadura sin medidas complementarias los llevará irremediablemente al colapso.
A nadie se le esconde que el acceso inmediato de cientos de miles de personas a todas las prestaciones de la sanidad pública, a la educación, a la vivienda social, al transporte, a las ayudas sociales o a la justicia gratuita, por citar algunos ejemplos, pondrán en jaque nuestro sistema porque ni se han puesto en marcha mecanismos adicionales ni tampoco se ha establecido la financiación necesaria para llevarlos a efecto. ¿O es que acaso, después de siete años sin hacer nada en materia de vivienda pública que no sea el favorecer la okupación y a los inquiokupas, el Gobierno va a sacar de la chistera cientos de miles de viviendas públicas para cubrir la demanda actual más las de los nuevos residentes que, se presupone, estarán en mayor riesgo de vulnerabilidad? Ignorar esta realidad, extensible al resto de servicios públicos, es simplemente una temeridad
Desde el Partido Popular defendemos, y hemos defendido siempre, la necesidad de una política migratoria ordenada, eficaz y respetuosa con la legalidad, pero lo que está haciendo el Gobierno socialista va en sentido contrario. Se trata de una regularización masiva que agravará aún más los problemas estructurales y generará una mayor frustración social.
La responsabilidad de un gobierno serio es gestionar la migración con reglas claras, con capacidad de integración y con una planificación que proteja los intereses de todos. No se puede dejar a los ciudadanos españoles con la carga y las consecuencias de un decreto que lejos de ser una solución responsable ha quedado reducido a una apuesta política a la medida de los intereses particulares y partidistas del Sr. Sánchez.