Imagínate que estamos en 2029. Una asociación por la identidad canaria solicita dar una charla en un instituto de La Laguna sobre el dialecto canario: su historia, sus raíces, lo que dice de quiénes somos. Nada de política, nada de banderas. Solo palabras, las nuestras, las que trajeron los guanches y los andaluces y los portugueses y el tiempo.
La Consejería de Educación dice que no.
¿El motivo? La consejería de educación de Canarias considera que es de “ideología no neutra”. Y los colectivos no neutrales no pueden entrar en las aulas. La norma es clara, la firma un consejero de la extrema derecha que lleva dos años en el cargo, pero la redactó, en su momento, una consejería progresista que quería proteger a los centros de los discursos de odio.
Bienvenido a la trampa que se construyó con las mejores intenciones.
Ese es el futuro que nos puede esperar si no se piensa mejor lo que la actual Consejería de Educación quiere introducir para el curso 2026-2027, la justificación es razonable: frenar a los grupos de extrema derecha que estaban colando sus discursos en los colegios del Archipiélago. Los propios equipos directivos, decían, pedían amparo institucional para poder decir que no sin quedarse solos ante las presiones. Y eso es verdad, eso pasa.
Pero por mucho que el diagnóstico sea correcto, hay que pensar bien la medicina, porque se pueden volver en nuestra contra.
Porque decidieron que la Consejería —quien sea en esa legislatura— iba a ser la que determinara qué es neutral y qué no. Y "neutral" es una de esas palabras que parece sólida hasta que intentas agarrarla y se escapa entre los dedos. ¿Es neutral una charla sobre feminismo? ¿Y una sobre memoria histórica? ¿Y sobre los derechos del pueblo canario, sobre nuestra dependencia energética, sobre el modelo turístico que nos come la tierra?
Todo depende de quién tenga el sello. Ese es el problema.
Una herramienta es lo que hace quien la empuña, no lo que prometió quien la forjó. La normativa de 2026 se pensó para proteger las aulas de la ultraderecha, pero es la misma normativa que en 2029 puede usar la ultraderecha para sacar de las aulas lo que no le gusta. Incluido el dialecto canario, la protección del medio ambiente, la historia del Archipiélago que no se cuenta en los libros de texto del Estado español o la educación sexual. Incluido todo aquello que, desde nuestra tierra, incomoda al poder central o al poder local de turno.
Esto no es un escenario de ciencia ficción, es la lógica elemental de cómo funcionan las normas cuando las escribe el gobierno de hoy sin pensar en el gobierno de mañana.
Y mientras tanto, los equipos directivos, los maestros y las familias que llevan años construyendo comunidades educativas vivas y comprometidas, siguen sin tener voz propia. Siguen esperando a que alguien de arriba les diga qué pueden o no pueden hacer dentro de su propio centro.
La solución no es otra norma más vaga, ni otro comité nuevo inventado desde la administración. La solución ya existe y tiene nombre: el consejo escolar.
El consejo escolar está en cada centro. Lo forman el equipo directivo, el profesorado, las familias y el alumnado. Es un órgano democrático, plural, que conoce su comunidad, que sabe lo que necesitan sus alumnos y lo que no. Si hay que decidir si una asociación externa puede dar una charla en el colegio, que lo decida el consejo escolar. No la Consejería, no un técnico en Santa Cruz que no conoce ni el nombre del director.
Y con un criterio claro, uno solo, que sí tiene base legal y moral: que el contenido no incite al odio ni a la violencia. Ni contra personas, ni contra colectivos, ni contra nadie. Eso está ya recogido en el ordenamiento jurídico, no hace falta inventar nada. Solo aplicarlo y confiar en que la comunidad educativa es capaz de distinguir entre una charla que enriquece y un discurso que destruye.
Porque resulta que los maestros de este Archipiélago llevan décadas haciendo eso cada día dentro de sus aulas, sin que nadie les firme una instrucción para autorizarlo.
La pregunta de fondo no es cómo protegemos la escuela de las ideologías. La pregunta es a quién le damos el poder de decidir qué entra y qué no. Y la respuesta tiene que ser la misma que damos cuando hablamos de democracia real: a quienes están más cerca, a quienes conocen mejor, a quienes tienen que vivir con las consecuencias de esa decisión.
La Consejería puede fijar el marco —sin odio, sin violencia, sin discriminación— y luego apartarse. Que decidan los centros, que decidan las comunidades, que confíen, de una vez, en la gente que tiene a los niños delante cada mañana.
O seguimos construyendo herramientas que hoy apuntan hacia donde queremos y mañana apuntan hacia nosotros. Y entonces, cuando alguien quiera hablar del dialecto canario en un aula y no pueda, no digamos que no lo vimos venir.
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