En cierto modo, Baleares sirve a Canarias de terreno de pruebas en materia turística, sobre todo en lo que se refiere a la presión turística sobre servicios esenciales y en particular, los precios de la vivienda.
El gobierno regional de archipiélago mediterráneo ha aprobado recientemente un Decreto Ley contra la oferta turística ilegal, con medidas transitorias para regular la oferta, y por la calidad del turismo.
El texto establece un nuevo marco normativo para contener el crecimiento de plazas turísticas, combatir la oferta ilegal y favorecer la reconversión de establecimientos obsoletos, siempre bajo criterios de sostenibilidad, calidad y convivencia.
Con el objetivo de garantizar un futuro equilibrado para los residentes, sector y territorio, el decreto pone fin a la creación de nuevas plazas en viviendas plurifamiliares, endurece las sanciones a la oferta no regulada y abre la puerta a convertir antiguos alojamientos turísticos en viviendas asequibles para la población local.
Para reforzar la lucha contra la oferta turística ilegal y garantizar el cumplimiento de la normativa, el Decreto establece canales de denuncia específicos gestionados por los consells insulars. Estos canales permiten a la ciudadanía colaborar activamente en la detección de actividades no autorizadas, contribuyendo así a preservar la legalidad, la convivencia y el equilibrio del modelo turístico de las Islas Baleares.
Este decreto es el primer paso derivado del trabajo previo realizado en el marco del proceso participativo del Pacto Social y Político para la Sostenibilidad de las Illes Balears, que ha contado con la implicación activa de ciudadanía y de más de 140 entidades y agentes sociales e institucionales, y ha servido de base para la redacción de políticas públicas orientadas a garantizar un futuro sostenible para todos.
Congelación de plazas, aumento de multas y control de plataformas
El decreto establece la prohibición total de crear nuevas plazas turísticas en edificios plurifamiliares en todas las Islas Baleares. El objetivo es preservar el uso residencial de las viviendas y garantizar la convivencia en los núcleos urbanos.
Se permite el intercambio de plazas turísticas en un sistema 1x1: sólo se pueden activar nuevas plazas si antes se ha dado de baja el mismo número. Este intercambio se rige por criterios de reconversión y sostenibilidad, y está sujeto a un techo global.
También se crea una Bolsa de Plazas Transitoria que no genera ninguna nueva plaza, sino que facilita una gestión ordenada y controlada mientras los consells insulars definen el techo insular y la capacidad de carga turística.
Además, han aumentado un 25% las sanciones contra la oferta turística ilegal. Así las leves serán de hasta 5.000 euros, las graves de hasta 50.000 y las muy graves pueden alcanzar el medio millón de euros.
Las plataformas de comercialización de alojamientos turísticos serán corresponsables de las infracciones. Deberán exigir y mostrar el número de registro de los alojamientos y podrán ser sancionadas si publican ofertas ilegales.
Conversión de hoteles y viviendas sancionadas en vivienda social
Los propietarios sancionados que decidan ceder al Govern su inmueble para destinarlo a alquiler social o de precio limitado pueden obtener una reducción de hasta el 80% de la sanción.
Se permite reconvertir establecimientos turísticos obsoletos o inviables en viviendas de precio limitado, especialmente para trabajadores. Esta medida quiere generar vivienda en zonas de fuerte presión turística.
Se impulsa un régimen especial para modernizar establecimientos obsoletos, que no permite aumentar plazas o altura, y que precisa de un plan estratégico y certificaciones de calidad y sostenibilidad.
Los consells insulars podrán declarar nuevas zonas saturadas o de reconversión, siempre previo plan estratégico. Estas zonas tendrán prioridad en la asignación de ayudas públicas y tendrán que participar en procesos de certificación de calidad como el SICTED.