La Plataforma de Afectados por la Ley Turística ha informado de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado una sanción de 2.250 euros impuesta por la Viceconsejería regional Turismo en 2023 a la dueña de un apartamento por no dedicarlo a esta actividad.
En sus fundamentos de derecho, la titular del citado juzgado explica en su sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, que "lo que motiva el inicio del procedimiento sancionador no es el incumplimiento del principio de unidad de explotación, sino el incumplimiento del deber de atenerse al uso turístico", tal y como establece el artículo 23 de la Ley de Vivienda de Canarias.
Es decir, "por considerarse que se ha dado un uso residencial a una unidad alojativa cuyo destino, según el planeamiento vigente, es el uso turístico", que este apartamento de dos llaves ubicado en Playa del Inglés, en el sur de Gran Canaria, dejó de tener desde 2016.
El fallo, facilitado a EFE por esta Plataforma, recalca que "la ausencia de explotación turística en ningún caso puede identificarse como un incumplimiento del deber de atenerse al uso establecido por el planeamiento, entre otros motivos, porque esta hipótesis se admite expresamente en el art. 42.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sin asociarla a infracción ni a sanción alguna, y porque el ejercicio de la actividad turística es libre, según el art. 13.1" de la misma norma.
También precisa que el vigente Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana "no prohíbe expresamente el uso residencial no turístico en la parcela de autos", incluida en la zona turística litoral del municipio, donde se permite esta complementariedad "a las tipologías de apartamentos, casas de vacaciones y bungalows" que se ubiquen en ella.
Turismo cree que la Justicia reafirma la necesidad de especializar los usos del suelo
El viceconsejero regional de Turismo, José Manuel Sanabria, ha dicho que la sentencia "reafirma la necesidad" de que los planeamientos municipales especialicen los usos del suelo.
Sanabria recuerda en un comunicado que la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno canario suspendió en 2024 los procedimientos sancionadores a la espera de que se pronunciara un juez, al tiempo que ha recalcado que "es fundamental la colaboración entre administraciones para especializar el planeamiento porque, de este modo, se otorgará seguridad jurídica a los propietarios y al propio sector".
A su juicio, este fallo judicial "afectará al resto de procedimientos, más de una treintena, incoados en este mismo complejo" de apartamentos, ubicado en Playa del Inglés, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana.
"Solo se aplicará el mismo criterio en los procedimientos en los que existe identidad de objeto y similitud de todas las circunstancias, caso por caso", ha referido a continuación.
El viceconsejero ha recordado que la Consejería regional de Turismo y Empleo "ha iniciado ya los procesos de reforma normativa vinculados, precisamente, a esta situación que se produce en Canarias desde hace décadas y en la que no coincide la realidad registral con la del uso del suelo y del planeamiento".
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el pasado 17 de marzo el decreto por el que se suspenden las sanciones a las personas empadronadas en apartamentos turísticos.
La consejera regional de Turismo y Empleo, Jéssica de León, explicó entonces que dicha suspensión concierne a todas las fases del procedimiento sancionador: a quienes se les ha incoado un expediente, a los que están en trámite y a los que están en causa de resolución.
Sobre quienes hayan sido sancionados y abonado las multas impuestas, admitió que "poco margen tiene" el Gobierno de Canarias para dejarlas sin efecto, si bien aseguró que se evitará una nueva sanción si los afectados continúan residiendo en esos apartamentos turísticos.