La Federación de Asociaciones de Propietarios de Alquileres Vacacionales y Temporales (FAVAPAT) ha solicitado una “reunión de emergencia” con el Ministerio de Vivienda y la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Colegio de Registradores de España.
FAVAPAT quiere abordar con ellos “la inseguridad jurídica sin precedentes generada por el Real Decreto 1312/2024. La norma, que es de aplicación a partir de este martes 1 de julio de 2025, ha desatado un escenario de arbitrariedad que perjudica gravemente a los pequeños propietarios y vulnera principios legales fundamentales”.
“El Gobierno ha creado un monstruo jurídico que expulsa del mercado al 90% de los pequeños arrendadores mientras beneficia a fondos de inversión. No permitiremos que la improvisación ahogue a miles de familias”, resumen en la Federación.
“Criterios dispares de los registradores”
La Federación denuncia que los registradores de la propiedad “están aplicando interpretaciones divergentes del Real Decreto, excediéndose en sus funciones al analizar aspectos urbanísticos y turísticos que competen exclusivamente a ayuntamientos y comunidades autónomas”.
Explican que “esta práctica contradice expresamente el informe técnico emitido por el propio Colegio de Registradores, que limita su labor a la verificación de circunstancias que dimanan del propio Registro de la Propiedad”.
Por ello, lamentan, se están generando “rechazos injustificados de inscripciones basados en criterios subjetivos, ignorando sentencias judiciales y normativas autonómicas vigentes”.
Además, prosiguen, “existen miles de casos en toda España en los se está impidiendo el ejercicio de la actividad cuando la vivienda no está inscrita en el Registro de la Propiedad
-salvo que se pase por caja y se abonen entre 3.000 y 6.000 euros que cuesta la inmatriculación, olvidando que en España la inscripción en Registro de la Propiedad no es obligatoria sino voluntaria”.
Asimismo, “se está creando un caos territorial, donde propietarios de distintas regiones de nuestro país se enfrentan a requisitos contradictorios para un mismo trámite.
“Graves vulneraciones legales”
La Federación también denuncia que “la obligatoriedad de solicitar un número de inscripción en el Registro de la Propiedad (cuando ya están inscritas en el competente registro turístico autonómico) usurpa las competencias exclusivas de las comunidades autónomas y ha sido denunciado con recursos judiciales por Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y ASCAV.
FAVAPAT recuerda que el Reglamento Europeo 2024/1028, veta expresamente someter una vivienda a múltiples registros.
FAVAPAT exige la suspensión inmediata del Real Decreto hasta resolver los recursos judiciales interpuestos que actualmente se tramitan ante el Tribunal Supremo y recuerda que según el Reglamento europeo 2024/1028 “la exigencia de la Ventanilla Única no entra en vigor hasta mayo de 2026”.
“Subsidiariamente a lo anterior, un protocolo vinculante para los registradores, alineado con sus competencias y que la verificación se limite a lo que dimana del propio Registro de la Propiedad”, añaden.
Además solicitan un diálogo “urgente con las comunidades autónomas para evitar la destrucción del tejido turístico familiar”.