Los Estados miembros de la UE han otorgado a la Presidencia del Consejo un mandato para iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la reforma del reglamento de derechos de los pasajeros aéreos de la UE.
Según denuncia la Asociación de Defensores de los Derechos de los Pasajeros (APRA) el mandato propone elevar el umbral de compensación de 3 a 4 horas y limitar las indemnizaciones a 300 euros, independientemente de la distancia del vuelo, lo que "tendría consecuencias desastrosas para millones de viajeros europeos, desmantelando unas protecciones que han salvaguardado de forma eficaz a los pasajeros durante más de 20 años".
"El reglamento ha demostrado ser altamente eficaz para mejorar el rendimiento de las aerolíneas; por ejemplo, un reciente estudio revisado por pares, recogía que las cláusulas actuales de la CE 261 reducen anualmente el equivalente a 8.400 años el tiempo de los retrasos que sufren los 1.100 millones de pasajeros aéreos que viajan cada año en Europa. Al mismo tiempo, el sector de la aviación ha seguido creciendo y se ha mantenido altamente competitivo”, afirma Tomasz Pawliszyn, presidente de APRA.
"El escenario propuesto no sólo recortaría los derechos de los pasajeros a la mitad, dejando a quienes quedan varados durante horas en los aeropuertos con pocas opciones para reclamar -los vuelos con derecho a indemnización económica se reducirían del 0,43% al 0,2%-, sino que una compensación menor complicaría que los pasajeros pudieran ejercer el derecho de hacerlo debido a los altos costes administrativos de emprender un proceso judicial", explicó Pawliszyn.
“Elevar el umbral de retraso no ahorra dinero a las aerolíneas. Les incentiva a retrasarse más”, afirma Pawliszyn. “La única forma en que las aerolíneas podrían ver aumentados sus costes bajo las normas actuales sería si retrasaran deliberadamente más vuelos, y unos umbrales de retraso más altos les darían todos los incentivos para hacerlo”.
No obstante, esta revisión que supone un paso atrás en la normativa de derechos de los pasajeros sigue siendo rechazada por varios gobiernos como, por ejemplo, Alemania, Portugal y Eslovenia, que subrayaron que aceptar iniciar conversaciones no implica respaldar propuestas que debilitarían los derechos de los pasajeros.