El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reclamó este sábado respetar el principio constitucional de presunción de inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación y criticó a la oposición por dictar condenas anticipadas.
Torres denunció los "juicios paralelos" impulsados por fuerzas políticas que, a su juicio, hacen "de la difamación un emblema", en una entrevista concedida a la Agencia EFE durante su visita oficial a Montevideo.
El ministro se mostró confiado en que Zapatero demostrará su inocencia y reivindicó su legado: "Es el presidente que cambió la historia de nuestro país, el que caminó hacia la igualdad, el que acabó claramente con el terrorismo y el que ha colocado a España en el siglo XXI".
La investigación de la UCO y las acusaciones de Aldama
En referencia a su propia situación, Torres afirmó que la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmontado todas las acusaciones vertidas contra él por el empresario Víctor de Aldama.
El ministro aseguró que la demanda que interpuso contra el comisionista en marzo está "muy bien armada" e incluye peritajes sobre sus "calumnias y difamaciones".
"He tenido una investigación de la UCO que durante muchísimos meses analizó todas mis conversaciones y concluyó que yo no he estado nunca con mujeres vejadas en lo sexual, que jamás he pedido ningún tipo de comisión ni mordidas y que no he estado nunca en ninguna operación de refinerías ilegales", aseveró Torres.
Estas declaraciones llegan después de que el pasado jueves Aldama prestase declaración en la Audiencia Nacional como investigado por el caso Koldo y asegurase —de nuevo— que Koldo García le pidió 50.000 euros en nombre de Torres por la facilitación de los contratos de material sanitario durante la pandemia.
El ministro restó total credibilidad al empresario, señalando que "ha afirmado una cosa y lo contrario", y aseguró que "la justicia pondrá las cosas en su lugar".
Seguimiento en la Ley de Memoria Democrática
En materia de memoria histórica, el responsable de la cartera destacó el papel de la conocida como 'ley de nietos', que permite adquirir la nacionalidad española a descendientes de exiliados.
En el caso de Uruguay, informó de que se han presentado 50.000 solicitudes, de las cuales unas 12.000 ya están resueltas. Aunque el plazo expiró en octubre de 2025 sin posibilidad de prórroga, garantizó que "todas estas leyes pueden actualizarse" y que el Gobierno seguirá impulsando normativas de memoria.
Asimismo, defendió el proceso de resignificación del Valle de Cuelgamuros, cuyo concurso arquitectónico ya fue resuelto, con el objetivo —explicó— de que el espacio "sea visitado para que se conozca lo que pasó y nunca más vuelva a ocurrir", en la línea de lo que representan los campos de exterminio nazis.
Además, aseguró que habrá "un gran avance" en cuento a las exhumaciones de fosas comunes antes del fin de la legislatura.
Política Territorial y choques autonómicos
Torres valoró como "ejemplar" e "inédita" la gestión del dispositivo desplegado para atender el crucero afectado por el hantavirus y, pese a los cruces de declaraciones con el presidente canario, Fernando Clavijo, garantizó que las relaciones institucionales con el archipiélago se mantienen firmes.
Por otro lado, asumió que no habrá acuerdo con Isabel Díaz Ayuso sobre la declaración de la Real Casa de Correos —actual sede de la Presidencia regional— como Lugar de Memoria Democrática.
El ministro criticó la negativa de la presidenta a señalizar el edificio como un antiguo centro de represión franquista donde hubo "torturas y muertos", y se mostró confiado en que la justicia les dará la razón pese a la reciente suspensión cautelar de la Audiencia Nacional.
En lo relativo a Cataluña, Torres defendió la bilateral celebrada con la Generalitat y los acuerdos alcanzados allí el pasado miércoles en el marco de la aprobación de los presupuestos autonómicos.
En cuanto al Ejecutivo central, mantuvo la voluntad de presentar unas cuentas antes de acabar la legislatura y justificó la capacidad legislativa del Gobierno pese a no disponer de ellas desde hace tres años.
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