En la mañana de este jueves se ha constituido la Coordinadora por la defensa del Hospital Insular, bajo el lema Salvar al Hospital Insular de Lanzarote. Varios colectivos de la isla se han adherido al manifiesto propuesto por Intersindical Canaria, organización sindical con mayoría absoluta en el Comité de Empresa del centro sanitario. El objetivo de esta coordinadora es convertirse en "el germen de un espacio de lucha social abierto a futuras movilizaciones" y a la adhesión de todas aquellas organizaciones sindicales, sociales, partidos políticos y a la ciudadanía en general, que apuesten por la defensa de la sanidad y los servicios sociosanitarios públicos.
La coordinadora expone que el actual Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, "por la vía de los hechos consumados, pretenden acabar con el centro mediante el señuelo de un presunto traslado para en realidad amortizar plazas y trabajadores, manifestando una actitud hostil con la tercera edad" y en un centro que es referencia del Estado español en la atención integral a la Geriatría y que cuenta con la única unidad docente de esta especialidad de Canarias.
Las organizaciones que han suscrito este manifiesto se han comprometido a trabajar de forma conjunta para garantizar que el Hospital Insular siga siendo "un recurso público sociosanitario accesible, moderno y plenamente operativo". Al mismo tiempo, se han comprometido a "situar la salud de la población, de nuestros mayores y de la geriatría por encima de intereses partidistas, de negocio o coyunturales".
En este documento han invitado a "todas las entidades sociales, en particular, y a toda la ciudadanía, en general, a sumarse a este compromiso para garantizar la continuidad de nuestro veterano hospital como pilar esencial del sistema sanitario y sociosanitario de la isla".
Las organizaciones que conforman esta coordinadora han defendido que es hora de que el Cabildo de Lanzarote, el Servicio Canario de Salud y el Gobierno canario, "abandonen la política de vacíos e imprecisos compromisos con el futuro del centro, comprometiéndose a medidas ciertas e inexcusables", dotando el mantenimiento y renovación del Hospital Insular con un proyecto y presupuesto suficiente y "acortando los plazos legales mediante la vía de Urgencia por considerarse una necesidad pública de primer orden".
Así, se han comprometido a promover y a exigir a las instituciones:
1. Reconocimiento del papel estratégico del Hospital Insular dentro del sistema sanitario y sociosanitario público canario.
2. Garantizar la titularidad y gestión pública del Hospital Insular de Lanzarote, sin externalizaciones ni privatizaciones encubiertas, tal como podría ocurrir mediante el cierre de las actuales instalaciones y la amortización de usuarios y trabajadores enmascarándolo con un inicial traslado al Hospital Doctor José Molina de Orosa.
3. Mantenimiento de actividad asistencial del Hospital y realización de un plan integral de rehabilitación, modernización y adecuación de la infraestructura, que se acometa por fases, simultaneando las obras con la actividad asistencial y adaptado a las necesidades reales de la población.
4. Dotar al centro de financiación suficiente, estable y finalista, que permita mantener y ampliar servicios.
5. Participación activa de la representación legal de los trabajadores y corporaciones municipales en la planificación y evaluación de los servicios.
6. Refuerzo inmediato de las plantillas, con estabilidad laboral y condiciones dignas que eviten la fuga de profesionales.
En esta línea, han indicado que la situación del Hospital Insular "no es un problema laboral o administrativo local", sino que afecta directamente a "la cohesión, la equidad y la sostenibilidad del conjunto del sistema sanitario y sociosanitario público de Canarias, poniendo en grave riesgo cosas como:
- La continuidad de la atención sociosanitaria en Lanzarote.
- La continuidad de la actividad docente en Geriatría para toda Canarias.
- La capacidad de respuesta del sistema sanitario canario ante emergencias, picos de demanda y necesidades crónicas.
- La igualdad de derechos entre islas capitalinas y no capitalinas.
- La estabilidad de las plantillas, cuya sobrecarga y precarización comprometen la calidad asistencial.
- La confianza de la ciudadanía en un sistema público que debe ser garante de cohesión social.