El presidente canario, Fernando Clavijo, ha manifestado este lunes que a este archipiélago, como frontera atlántica, le preocupa la "involución" en materia de respeto a los derechos humanos en la que puede incurrir Europa con la entrada en vigor, en junio, de su nuevo Pacto de Migración y Asilo.
Así lo ha manifestado al inaugurar unas jornadas celebradas en Casa África en las que representantes de ACNUR, el Consejo Europeo de Refugiados, la Policía Nacional y organizaciones sociales como CEAR y Oxfam han debatido sobre las repercusiones que puede tener para Canarias la entrada en vigor, el 12 de junio, del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que refuerza el principio de contención en frontera.
"El Gobierno de Canarias está preocupado porque ha habido una ausencia total de debate y coordinación previa a la aplicación de este pacto y de su reglamento" del que "no esperamos una visión más humana y de respeto a los derechos humanos", ha referido Clavijo.
¿Cómo dar una respuesta garantista de los derechos humanos?
Ante este nuevo contexto normativo, la administración canaria y sus agentes civiles y sociales han tratado de prever en este foro cómo tendrán que coordinarse en adelante los gestores reales de este fenómeno social, el migratorio, para ofrecer "una respuesta mucho más garantista" en relación al respeto a los derechos humanos y a la seguridad jurídica con la que tiene que atenderse a estas personas, pese a las "incógnitas" que persisten en torno a la materialización de este pacto.
Unas dudas que el presidente canario trasladará al Gobierno de España y a la Comisión Europea en un próximo viaje que realizará a Bruselas, según ha avanzado en estas jornadas.
La primera de ellas es si Canarias, como territorio fronterizo que es de la UE y destino al que llegan en pateras y cayucos que se lanzan a la ruta marítima más mortífera en busca de una vida mejor, va a albergar "esos agujeros negros de los derechos humanos" que prevé este pacto, es decir, los centros de retención donde los migrantes pueden permanecer hasta seis meses, ya que ese es el plazo máximo de los triajes a los que deberán ser sometidos a su llegada.
"¿Vamos a hablar de la Europa rica que paga para no tener a los migrantes en sus calles y de la Europa pobre que los tenemos que sostener?, se ha preguntado en alusión a la posibilidad de que esta nueva normativa aumente la presión migratoria que seguirá soportando Canarias, dada la conflictividad política, la crisis climática y la hambruna que persiste en el Sahel y la posibilidad de que la UE reduzca en su nuevo presupuesto, como ha hecho EEUU, los fondos que destina a la cooperación internacional.
Por encima de "la política xenófoba y fascista de algunos grupos políticos" españoles, al Gobierno canario le hubiese "encantado" poder debatir sobre estas incógnitas "en la conferencia sectorial que lleva más de un año sin celebrarse", al considerar que "hubiese sido oportuno abrir el debate a todas las comunidades autónomas", ha manifestado Clavijo.
Además de agradecer a todos los agentes públicos y ONG que intervienen en Canarias la gestión del fenómeno migratorio y que atienden de la manera más digna a los niños que llegan solos, Clavijo ha confiado en que la próxima visita a Gran Canaria y Tenerife del papa León XIV "sirva para lanzar un mensaje de civismo, moralidad y respeto a los derechos humanos, como el pueblo canario ha sabido hacer durante todos estos años en los que ha sido consciente de que son personas, como" los paisanos "que tuvieron que emigrar buscando un futuro mejor".
En cualquier caso, Clavijo ha expresado su temor respecto a que la entrada en vigor del nuevo pacto migratorio pueda suponer "un antes y un después de ese proyecto europeo que surgió de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para que no volviese a haber guerras y miseria" y para que "se respetasen los derechos humanos", algo que "desde Canarias se tratará de evitar".
Agujeros negros de derechos humanos
En la línea de Clavijo, el director general de Casa África, José Segura, ha coincidido en que el nuevo escenario determinado por las decisiones que se han tomado los últimos días en Bruselas y en Madrid "va a marcar el futuro de esta frontera atlántica y el de la gestión migratoria en toda la Unión Europea".
"Europa se encuentra en un proceso de endurecimiento sin precedentes de su política migratoria y el nuevo reglamento de retorno es una norma que supone, sin duda alguna, un giro restrictivo en la aplicación del pacto migratorio europeo", ha subrayado.
Lo más "alarmante" de esta medida es, a su juicio, "la creación de los llamados 'hubs' de retorno o centros de deportación en terceros países", lo que va a permitir "que personas que no tienen permiso para permanecer en suelo europeo, incluidas familias con menores, van a poder ser trasladadas a infraestructuras ubicadas en países con los que la UE ni siquiera tiene por qué tener vínculos de ninguna índole", ha aseverado.
Un modelo de "externalización que busca acelerar las expulsiones ante una tasa de retorno actual que apenas alcanza un 20 % que plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y el acceso a la tutela judicial efectiva", ha criticado Segura.
Además, Segura ha alertado de que con ello se corre "el riesgo de crear agujeros negros de derechos humanos fuera de nuestra frontera, donde la supervisión de la defensa de su aplicabilidad será casi imposible de llevar a cabo".