El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y los representantes de los cabildos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura han firmado este jueves los nuevos convenios de Dependencia que contemplan una inversión total de 1.630 millones de euros para todo el archipiélago en cuatro años, de los que 726 millones de euros se destinan a estas tres islas entre 2025 y 2028.
Clavijo resaltó durante el acto que estos nuevos convenios permitirán continuar avanzando en la mejora del servicio "lograda durante esta legislatura". Al respecto, el titular del Gobierno autonómico anunció que el archipiélago ya ha conseguido reducir un año el tiempo de espera para obtener la ayuda a la dependencia en Canarias, lo que demuestra el “firme compromiso” del Ejecutivo con la atención a las personas más vulnerables.
En concreto, Canarias cerró 2025 resolviendo en un tiempo medio de 14 meses la obtención del reconocimiento de la ayuda a la dependencia frente a los 26 meses en que se tardaba en cumplir este trámite a principios de la legislatura, según los datos del registro oficial del IMSERSO.
Además, a 31 de diciembre de 2025, hay en el Sistema de Dependencia canario 68.259 personas con derecho reconocido, frente a las 44.506 que había en el mes de julio de 2023. Esto supone un incremento de 23.753 personas en el sistema, mientras que en toda la legislatura anterior se incorporaron solo 13.000. Si se compara el ritmo de incorporaciones, el avance es aún más significativo: mientras que en la legislatura anterior se incorporaban una media de 271 personas al mes, en la actual, la cifra asciende a 848, lo que supone un incremento del 213% en el ritmo mensual de acceso al sistema.
Los avances logrados por el Gobierno son relevantes también en el ámbito de las prestaciones, donde 65.832 personas tienen una ayuda concedida, frente a las 38.957que había al inicio de la presente legislatura. El aumento es de 26.875 personas, equivalente a un incremento del 68,99%.
Para el presidente Fernando Clavijo, estos datos son esperanzadores y reflejan un trabajo constante cuyo punto de inflexión se logró con la aprobación y aplicación del nuevo decreto que regula el sistema monofásico de valoración, según subrayó durante la firma de los convenios de dependencia con los representantes de los cabildos de la provincia de Las Palmas.
A su juicio, "la firma de estos nuevos convenios viene a ratificar el compromiso de este Gobierno con las personas más vulnerables, mediante acuerdos interinstitucionales que ha costado sacar adelante, pero que revalidan una vez más la idea de que las administraciones tenemos que sentarnos a negociar y llegar a acuerdos para que estos reviertan en la mejora de la atención a la ciudadanía”.
Coordinación institucional
Clavijo, acompañado por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y de la de Sanidad, Esther Monzón, rubricó estos acuerdos con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la presidenta de Fuerteventura, Lola García; y el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña.
Durante el acto el titular del Cabildo de Gran Canaria, afirmó que la puesta en marcha del nuevo convenio de Dependencia era “absolutamente necesaria e importante” para mejorar la respuesta de todas las instituciones del archipiélago a las personas que más lo necesitan. “Hoy damos un paso importante para garantizar las plazas durante cuatro años y su financiación”, indicó Morales.
También la presidenta del Cabildo de Fuerteventura destacó que el acuerdo con el Gobierno de Canarias viene a dar “un espaldarazo” a su compromiso de legislatura de avanzar en la mejora de la atención a “quienes más lo necesitan”. Lola García consideró clave la apuesta del Ejecutivo autónomo, los cabildos y los ayuntamientos para abordar las necesidades sociales “desde la cogobernanza”.
Por su parte, el consejero el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote manifestó que los nuevos convenios de Dependencia vienen a dar respuesta a la “necesidad” de reforzar el trabajo de las instituciones con las personas más vulnerables, una labor en la que será clave la coordinación institucional con la ciudadanía en el centro de la gestión social.
Costes actualizados
Los convenios firmados este jueves y los que se rubricaran mañana viernes con los cabildos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife destinan más de 1.630 millones encuatro años -desde el 1 de enero de 2025 con carácter retroactivo hasta 2028- para cubrir los costes de los servicios para las personas con dependencia o discapacidad.
De esta cantidad, 726 millones de euros son para garantizar recursos para 4.955 plazas asistenciales -tanto residenciales como diurnas- en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, además de otros servicios claves para la calidad del sistema dependencia y de discapacidad.
Los acuerdos financian la gestión de las plazas de centros de día y residenciales, así como otros servicios como la Prestación de Asistencia Personal. Además, contemplan la posibilidad de incrementos automáticos en función de parámetros como el IPC, o la inclusión para la financiación de nuevas plazas a través de adendas.
La financiación en Gran Canaria asciende a 615.280.614,03 euros, de la cual la Comunidad Autónoma asume el 70,48% y el restante corresponde al cabildo insular. Financiará servicios y 4.328 plazas totales (2.444 centros de día y 1884 residenciales), 722 de ellas de nueva creación en 2025.
El importe del convenio plurianual en Fuerteventura asciende a los 35.730.311,81, asumiendo el 74,12% el Ejecutivo autonómico, y el 25,88% el Cabildo para financiar servicios y 308 plazas totales (162 diurnas-146 residenciales), 31 de ellas de nueva creación en 2025.
En cuanto a Lanzarote, el importe total del convenio contempla una inversión de 75.714.745 euros, de los cuales el Cabildo aporta el 30,39% para 647 plazas totales (328 diurnas-319 residenciales).
Mejoras en la legislatura
El Gobierno de Canarias considera que estos nuevos convenios servirán para afianzar y mejorar el avance en Dependencia que ya verifican los datos oficiales. A fecha de 31 de diciembre de 2025, 2.427 personas tienen grado reconocido, pero no tienen PIA, es decir, tienen el derecho a recibir una prestación, pero no la tienen concedida administrativamente hablando. Desde la entrada en vigor del decreto, este limbo se ha reducido a menos de la mitad. Los datos del IMSERSO indican que Canarias ha reducido este grupo de personas en un 67,54%, lo que supone 5.051 personas.
Este limbo, de hecho, era consecuencia de la incorporación al sistema de más de 8.000 solicitudes que no habían sido grabadas al inicio de la legislatura. "El intenso trabajo de este equipo ha logrado no solo absorber las nuevas incorporaciones, sino las obligaciones que dejó pendientes el anterior", señalan.
Para el Ejecutivo autonómico, aún queda por resolver otro obstáculo: el de personas con prestación concedida sin hacerla efectiva por razones no achacables a la administración, que a fecha 31 de diciembre es de 17.130 personas. Para todos estos casos, el Gobierno de Canarias ha sacado a licitación el servicio de ayuda a domicilio especializado, que facilitará su atención, y prepara ya el nuevo Plan de Infraestructuras, que dotará a Canarias de nuevas plazas residenciales para atender la demanda existente.