La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, que dirige María Fernández, ha reclamado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una respuesta urgente que permita garantizar la gratuidad del transporte público colectivo terrestre en las islas, y agilice ya la resolución que regula el procedimiento de justificación y liquidación de estas ayudas.
En el documento, dirigido a la directora general de Estrategias de Movilidad, Lucía Martínez Rivero, el Ejecutivo canario traslada su preocupación por "el retraso en la aprobación definitiva de esta resolución, imprescindible para culminar correctamente el proceso administrativo y garantizar la seguridad jurídica de una medida que ha supuesto un importante avance social para la ciudadanía canaria".
La directora general de Transportes y Movilidad ha señalado que “la gratuidad del transporte público ha sido una medida de enorme impacto social en Canarias y no podemos permitir que dificultades administrativas terminen poniendo en riesgo su estabilidad financiera ni la capacidad de gestión de los cabildos insulares”.
Fernández ha insistido en que “Canarias ha actuado siempre desde la colaboración institucional, pero necesitamos certezas jurídicas y administrativas para poder cerrar correctamente el expediente dentro de los plazos establecidos”. Asimismo, ha recordado que “los cabildos ya están soportando un importante esfuerzo económico para mantener esta medida y no pueden seguir asumiendo indefinidamente una situación de incertidumbre”.
El Gobierno de Canarias recuerda que la nueva resolución estatal incorpora exigencias adicionales que no estaban contempladas en la resolución de concesión aprobada el 22 de diciembre de 2025, una circunstancia que genera incertidumbre administrativa una vez iniciado el procedimiento de justificación por parte de los cabildos insulares.
Asimismo, el escrito expone la singularidad del modelo canario de gestión del transporte terrestre, descentralizado en los siete cabildos insulares, lo que obliga a coordinar la recopilación y validación de documentación procedente de múltiples administraciones y operadores de transporte. Esta estructura incrementa considerablemente la carga administrativa respecto a otros territorios del Estado.
En este sentido, la directora general advierte de que el actual escenario de incertidumbre compromete los plazos establecidos para la justificación de las ayudas, cuyo límite finaliza el 30 de septiembre de 2026, coincidiendo además con otros procedimientos estatales vinculados al transporte público. Por ello, solicita que la resolución definitiva quede aprobada no más allá del 31 de mayo de 2026, al considerar que se trata de un “límite material” para evitar riesgos sobre la financiación estatal de la medida.
“El éxito de esta medida está fuera duda. Miles de canarias y canarios utilizan cada día el transporte público gracias a esta bonificación y nuestro objetivo es garantizar que pueda seguir desarrollándose con normalidad y seguridad para todas las administraciones implicadas”, ha añadido Fernández.
Fernández también subraya que los cabildos insulares están asumiendo actualmente un importante esfuerzo financiero para sostener la gratuidad del transporte público, adelantando recursos propios mientras se resuelve el expediente estatal y soportando unos costes que, en muchos casos, superan la financiación prevista. “Además, a día de hoy, aún no hay créditos habilitados por parte del Estado para hacer frente a los pagos de los 42 millones correspondientes al 2025, ni a los fondos para el 2026”.
Por último, el Gobierno de Canarias reitera en su voluntad de mantener una relación de cooperación leal con el Ministerio y reclama que el procedimiento pueda resolverse con la máxima celeridad para garantizar la estabilidad del sistema de transporte público y la continuidad de una medida que ha demostrado un amplio respaldo ciudadano.
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