Un camión descargó a Octavio García Hernández (1931-2018) con otros presos en mitad de un vasto campo de jable. Puestos en fila y expuestos al fuerte viento desfiló junto a otros reclusos sobre aquel pedazo de desierto. Antes de llegar, los dejaron atados durante horas expuestos al sol en el puerto, después los taparon con una lona y les dieron varias vueltas para desorientarles. Su delito: ser homosexual; su condena: picar piedra, cada día, hasta que cayera el sol, hacer brotar de frutos aquella tierra y aguantar las palizas y los insultos de los guardias.
La Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, fue uno de los campos de concentración que albergó los horrores de la represión franquista en Canarias. Junto a delincuentes comunes, algunos presos políticos y a "peligrosos sociales", el régimen persiguió y apresó a personas homosexuales y transexuales. Se estima que del millar de presos que estuvieron recluidos en Tefía, entre 300 y 350 fueron encarcelados por su orientación o identidad sexual. Sin embargo, no fue hasta entrado el siglo XXI cuando dos supervivientes, los canarios Octavio García y Juan Curbelo, pudieron denunciar públicamente el horror.
Octavio García fue uno de los primeros represaliados en hacer público su testimonio. Fue detenido en Gran Canaria en 1954 y condenado sin juicio por ser homosexual a trabajos de fuerza en el campo de concentración de Fuerteventura. Comparó aquel lugar con los campos de concentración nazis, pero sin horno crematorio, según recordó el investigador Miguel Ángel Sosa. Como él, desde el comienzo de la dictadura franquista, las personas del colectivo LGTBI fueron perseguidas, reprimidas y apresadas, aunque no todas acabaron en Tefía.
Entre los presos que fueron enviados a Tefía por homosexuales, también perdura el testimonio de Juan Curbelo (1939-2004), conocido como Juanito El Pionero por su fuerte relación con el Carnaval canario, que fue el primero en contar la represión que sufrió en aquel campo de concentración sin muros. Curbelo fue aprisionado con dieciséis años, cuando aún era menor y a pesar de que la ley no lo permitía. Tanto Curbelo como García contaron que, a las vejaciones y los palos que recibían por parte de los guardianes, se sumó el hambre que pasaron. Llegaron incluso a comer hasta las heces de las cabras.
Octavio García narró cómo lo esposaron como al resto de presos por su orientación sexual y lo pasearon por la calle con las cadenas puestas a ojos de todos los ciudadanos. Además de las vejaciones y el maltrato, "el mero hecho de estar encerrado en un lugar por ser homosexual en sí mismo era una humillación", resalta Víctor M. Ramírez, investigador de la memoria de la disidencias sexo-genéricas de Canarias y autor del libro Peligrosas y Revolucionarias.
Un modelo de persecución financiado por el Estado
"Pasaban hambre, les daban palizas, los humillaban, los ponían a picar piedra, a cargar baldes de agua", expone Miguel Ángel Sosa, escritor y autor de la obra Viaje al centro de la Infamia (2006), donde recoge los testimonios de Juan Curbelo y Octavio García y que sirvió como punto de partida para la serie Las noches de Tefía (2023), en una entrevista con este medio.
Los arrestos contra personas del colectivo por las fuerzas del régimen se apoyaron en leyes como el artículo 431 del Código Penal, que fue aprobado en 1944 y que abrió la puerta a penalizar a quienes ofendieran "el pudor o a las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia". En 1953, se creó en Gran Canaria un juzgado de Vagos y Maleantes con capacidad para resolver casos detectados en todo el archipiélago. Aquel año el régimen franquista abrió la Colonia Agrícola de Tefía, en Fuerteventura, para obligar a los presos a realizar trabajos forzosos.
Posteriormente, en 1954, el Gobierno modificó la Ley de Vagos y Maleantes, aprobada durante la Segunda República para perseguir la delincuencia, y recogió abiertamente la penalización de la homosexualidad, equiparando a las personas homosexuales con "rufianes y proxenetas".
En esta reforma de la ley, el dictador Francisco Franco dictó que los hombres homosexuales no podían ser internados en las mismas cárceles que el resto y que debían estar "absolutamente separados". Los condenados debían internarse en campos de trabajo o en "colonias agrícolas".
En 1955, el gobernador civil de La Palmas, Santiago Guillén, solicitó los nombres de todas las personas expedientadas en Canarias por ser considerados "invertidos". Entre los expedientes a los que ha podido acceder este medio, aguardados en el Archivo Histórico de Las Palmas, no solo se señaló a los que habían sido detenidos alguna vez por la policía franquista, sino que se usó también el "rumor público" como argumento para acusarlos si no había antecedentes.
Los informes policiales calificaban a las personas homosexuales con términos como "invertidos en grado máximo", abrían investigaciones sobre su comportamiento por no "alternar con mujeres" y señalaban su "acentuado amaneramiento".
Incluso, un grupo de licenciados en Derecho de Las Palmas pidió al Ministerio de Justicia endurecer la persecución de las personas homosexuales ante el "peligro inminente de perversión de la juventud". Señalaron a los homosexuales como "agentes de destrucción" de los "valores morales" y de ser "una amenaza a la hombría y la mente sana". Además, pedían "una severa sanción" para ellos por "la propagación del mal".
Las personas condenadas por homosexualidad también eran enviadas a las prisiones de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, pero Tefía se convirtió en símbolo de la represión hacia el colectivo gracias a los testimonios de Octavio García y Juan Curbelo.
Los barracones donde dormían los delincuentes comunes se separaron de los presos homosexuales después de que descubrieran a dos reclusos manteniendo relaciones sexuales. Como castigo, ambos recibieron una enorme paliza. Los apresados tenían que dormir en el suelo, a veces sobre alguna esterilla y otras, al raso. Además, solo podían asearse una vez a la semana, siguiendo el tiempo marcado por un cronómetro. Cuando se acababa el tiempo, tenían que salir de las duchas o los apalizaban.
La Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía estuvo abierta desde 1953 hasta 1966, pero la Ley de Peligrosidad Social continuó persiguiendo la homosexualidad en Canarias.
Los detenidos tenían que enfrentarse a informes de comportamiento, al cabo de un año, iban a un juicio de revisión de la pena y un juzgado decidía si salían liberados o no. La vuelta a casa tras la reclusión, llevó a personas como Octavio García a abandonar su hogar, mientras que otros presos corrieron con la suerte de encontrar apoyo en su familia. Sin embargo, los antecedentes penales les hacía difícil volver a encontrar empleos legales, viéndose empujados a la marginalidad.
"Además de la colonia agrícola, los calabozos, las cárceles, los cuartelillos y hasta las propias familias también podían ser pequeñas Tefías", expone el escritor Miguel Ángel Sosa, en referencia a la discriminación social que existía hacia las personas del colectivo. Esta represión social hizo que la mayor parte de los testimonios murieran con sus víctimas.
Un kioskero de Arrecife, señalado por "afeminado" y homosexual
Los testimonios de Juan Curbelo y Octavio García han abierto la puerta a conocer la represión franquista en Canarias contra las personas del colectivo LGTBI. El campo de concentración de Tefía, ahora convertido en símbolo de la represión sexual en Canarias, está cerca de ser declarado Lugar de Memoria Democrática, pero no fue el único lugar que escondió la violencia contra las personas del colectivo.
El investigador Víctor M. Ramírez ahondó en los expedientes contra personas homosexuales abiertos en el Juzgado de Vagos y Maleantes de Las Palmas. A pesar de que se abrían por homosexualidad, realmente eran expedientes contra disidencias sexuales, una especie de cajón de sastre donde se recogía a las personas transexuales, "como una especie de homosexualidad en grado máximo", puntualiza Ramírez.
No todos los expedientados acabaron en campos de concentración ni presos, pero sí que fueron señalados por el régimen franquista por su orientación o identidad sexual. Tal fue la persecución que la dictadura creó un archivo de "invertidos" donde se recogía un listado de personas homosexuales. La mayor parte de los registrados en Canarias, se dieron en Gran Canaria, un total de 161, y seguidos de Tenerife, con 28. Lo que muestra que la represión del régimen no fue igual en todas las islas. En Lanzarote, Ramírez halló tres expedientes abiertos.
Uno de los expedientes que permanecen en los archivos del Juzgado de Vagos y Maleantes por homosexualidad en Lanzarote, a cuyo contenido ha podido acceder La Voz, se remonta al año 1967. Este archivo muestra el caso de un joven de 26 años, nacido en Arrecife y empleado en un kiosko, que fue expedientado por homosexual. Tras ser denunciado por el padre de un joven de 18 años, menor de edad para la época, con el que supuestamente mantenía una relación, las autoridades franquistas señalaron que el joven tenía "fama de invertido".
En el propio expediente, el lanzaroteño negó que fuera homosexual, pero aseguró tener "tendencia de invertido", y que siempre lo había "procurado ocultar" para "evitar escándalos". Ante el Juzgado tuvo que reconocer que tenía "ademanes algo afeminados" y la Fiscalía pidió que se le declarara como "peligro social". El acusado fue sometido incluso a un informe forense para determinar si era homosexual. El resultado de aquel informe expuso que tenía "modales y voz afeminados", pero que no había "estigmas ni señales evidentes de perversión homosexual". Finalmente, se libró de ser declarado un peligro social porque no tenía antecedentes y tenía trabajo.
El rumor de ser homosexual y el control social
El simple hecho de ser afeminado hacía que muchos hombres fueran condenados. "El rumor de ser homosexual era suficiente para ser señalado, abrirle expediente y vigilarlo para ver si era cierto e, incluso, mandarlo al juzgado. La mera sospecha era suficiente para ser considerado una persona disidente y por tanto ser considerada peligrosa para la sociedad", expone el investigador Víctor M. Ramírez.
El autor de Peligrosas y Revolucionarias explica que la apertura de más expedientes en Gran Canaria que en otras islas tiene una explicación. "Las Palmas [de Gran Canaria] era una ciudad muy dinámica, muy cosmopolita, venían barcos de todo el mundo. El Puerto fue un lugar importante de entrada a la diversidad", añade Ramírez. El auge del turismo en el archipiélago a partir de los años sesenta supuso también la entrada a la isla vecina de "una visión un poquito más abierta", añade. Esta mayor visibilidad en la isla implicó un mayor control social, institucional y, "por tanto, más detenciones".
Junto a la represión de las fuerzas del régimen franquista, el miedo se convirtió en una herramienta más junto a la ley. "Cuando detenían y juzgaban a un homosexual, su entorno lo sabía y eso era también un mecanismo de escarmiento para el resto de la comunidad", explica Ramírez.
La mayoría de expedientes abiertos se dirigen principalmente a hombres, aunque también hay mujeres señaladas por homosexualidad. "En Canarias, no se le aplicó a las mujeres la Ley de Peligrosidad Social, ellas sufrieron más represión por otras vías", añade Ramírez. En esta línea, este investigador explica que si las mujeres "se descarrilaban demasiado", acababan en el Patronato de Protección a la Mujer, un conjunto de centros que eran gestionados por congregaciones religiosas y se usaban para encerrar a quienes no cumplían con el prototipo exigido por el régimen.
Ley de Peligrosidad Social y la despenalización en 1978
En 1970, la Ley de Vagos y Maleantes fue sustituida por la Ley Sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social. En ella, se agrupó a las personas homosexuales, con mendigos, "gamberros", "rufianes y proxenetas", migrantes clandestinos, personas que se prostituían o que padecían enfermedades mentales, alcohólicos y drogadictos. La ley tachó a las personas del colectivo de peligrosas y exigió su internamiento en un centro de reeducación. El franquismo, prohibió a las personas homosexuales residir en un lugar determinado, visitar lugares públicos y los sometió a la vigilancia de agentes del régimen.
No fue hasta 1978, tres años después de la muerte del dictador Francisco Franco (1892-1975) cuando se despenalizó en España la homosexualidad tras modificar la Ley de Peligrosidad Social y Rehabilitación Social. Aunque solo se eliminó la consideración de las conductas homosexuales como conductas criminales, no fue hasta 1995 que se derogó totalmente la norma.
La represión del colectivo LGTBI en Lanzarote
A mediados de los años setenta, se realizaban en las islas redadas en los clubes y bares nocturnos en búsqueda de personas homosexuales. En el Archivo Histórico de Arrecife, la mayoría de las multas impuestas en los años siguientes a la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Vagos y Maleantes se sustentan en delitos contra el orden público o la moral. Panaderos, jornaleros y pescadores acumulan cientos de multas en el registro por haber alterado el orden público y la moralidad. En algunos casos, fueron sancionados por participar en reyertas, pero en muchos de estos expedientes no exponen qué actos cometieron las personas multadas.
Estas sanciones económicas se usaron luego en los expedientes de "invertidos" acumulados en el Gobierno Civil para señalar que los investigados habían sido multados por "faltas a la moral".
La primera mujer trans de Lanzarote
La falta de apertura en Lanzarote, obligó a las personas del colectivo a decidir entre tres caminos: ocultar su realidad y vivir una vida desdichada, aceptar su sexualidad o identidad y vivirla de forma oculta o migrar hacia otros territorios con más aperturismo, pero también, más peligrosos.
Este es el caso de Dulce Suárez Morales (1957-2020), que nació en el barrio de Titerroy, en Lanzarote, y fue la primera mujer trans con un documento de identidad propio en Lanzarote. Procedía de una familia de pescadores y trabajó como conservera en una fábrica de Arrecife. La lanzaroteña vivió junto a sus padres y bajo el cuidado de sus hermanas en una pequeña vivienda oficial en el barrio de Valterra. En los años setenta, huyó de una isla en blanco y negro con dieciocho años, hacia Gran Canaria y se instaló, como muchos otros lanzaroteños, en el barrio de La Isleta.
"Allí conoció a la que se convertiría luego en su segunda familia, todas esas mujeres y hombres trans, que estaban condenados a la marginalidad", relató su sobrino Francisco Vega hace seis años en una entrevista con el Gobierno de Canarias. Vega todavía recuerda a su tía Dulce con dolor por el sufrimiento que vivió. "Es una historia que me sigue tocando el alma", ha lamentado en palabras a La Voz.
La vida de Dulce Suárez en Las Palmas de Gran Canaria se convirtió también en un infierno. La persecución a las personas trans y a las prostitutas en la capital hizo que la lanzaroteña pasara muchas noches en calabozos y que terminara encarcelada. "Lo pasó realmente mal porque la violaron, la maltrataron y la humillaron escupiéndole y orinándole", recordó su sobrino.
Durante su estancia en Gran Canaria, Dulce vivía en la indigencia y con solo el apoyo de amigas y amigos trans con los que compartía una única salida laboral: la prostitución. "Ahí comenzó a socializar y a encontrar su lugar, fueron su segunda familia porque se sintió protegida", afirmó Francisco Vega. La prostitución le trajo consigo agresiones por parte de los clientes, contrajo sida y la llevó a consumir drogas.
En los años noventa, Dulce volvió a Lanzarote para despedirse de su padre enfermo, a pesar de que no había sentido el apoyo de sus padres a lo largo de su vida. Al volver, decidió establecerse definitivamente en la isla de nuevo, donde años más tarde cuidó de su prima con parálisis cerebral y a su madre. "Si llega a ser otra persona les habría dicho 'ahí te pudras, bastante sufrí en esta casa', pero no lo hizo y no guardó rencor, por eso siento tanta devoción", rememoró su sobrino.
A pesar de que las personas del colectivo LGTBI fueron señaladas, perseguidas, encarceladas e incluso torturadas por su identidad y orientación sexual, no fue hasta 2022, con la Ley de Memoria Democrática, cuando se les reconoció como víctimas.
El testimonio de Octavio García Hernández se puede consultar públicamente gracias al archivo de Memoria Digital de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al escritor Miguel Ángel Sosa, que logró recopilarlo junto al de Juan Curbelo, y sobre todo, a la valentía de Octavio García y Juan Curbelo por querer denunciar públicamente lo que ambos y cientos de personas más sufrieron en Tefía.
Gracias al Archivo Histórico de Arrecife, al Archivo Histórico de las Palmas, a los investigadores y escritores Víctor M. Ramírez y Miguel Ángel Sosa, así como a Francisco Vega por permitirnos acercarnos a la historia de represión sexual en Lanzarote y el resto de Canarias.
Con el apoyo del Ministerio de Política Territorial
y Memoria Democráctica