El Consejo de Ministros aprobó a comienzos de semana la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en situación administrativa irregular en España.
El plazo de solicitud comenzó este 16 de abril y estará abierto hasta el 30 junio. Se podrá solicitar de forma presencial y telemática, estando disponible en este último formato las 24 horas del día y los siete días de la semana. Además, desde su admisión a trámite, las personas solicitantes podrán trabajar de forma legal en España, obteniendo de oficio un número de la Seguridad Social y durante un año.
Este paso permitirá tramitar la autorización de residencia legal en España a más de medio millón de personas que viven en las diferentes autonomías y que llegaron al país antes del 1 de enero de este año. Con su anuncio, no han tardado en llegar los bulos y La Voz ha preparado unas preguntas y respuestas para desmontar los principales.
¿Esta regularización supondrá 'papeles para todos', como dice el líder de VOX, Santiago Abascal?
No, la regularización extraordinaria está pensada para aquellas personas que están en situación administrativa irregular en España y que ya viven en el país desde antes del 1 de enero de 2026. Por tanto, no afectará a las personas extranjeras no comunitarias que lleguen a las fronteras españolas a partir de esa fecha, que se guiarán por los cauces habituales.
Al mismo tiempo, el real decreto que da luz verde a la regularización extraordinaria impide su acceso a las personas apátridas, es decir, aquellas que ningún país reconoce como suyas y que ya se enfrentan con varias piedras administrativas.
La Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) informó de que los apátridas suelen sufrir discriminación y vacíos en las leyes de nacionalidad. Esta situación afecta especialmente a la población saharaui, que vuelve a verse afectada por esta medida, después de que España cambiara radicalmente su postura sobre la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental en 2022. Tampoco están incluidas las personas que proceden del conflicto de Ucrania, que ya tengan autorización de residencia o autorización de protección internacional temporal ni aquellas que ya tengan autorización en vigor o en proceso de renovación.
¿La regularización se traducirá en mayor presión asistencial en la sanidad pública?
No, porque ya forman parte del sistema de salud. El Gobierno de España aprobó el pasado marzo un real decreto, diferente al de la regularización, para reconocer el derecho de las personas extranjeras que no tienen residencia legal en España a poder ser asistidos en los servicios sanitarios.
En 2012, bajo la presidencia de Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España, el Ejecutivo aprobó retirar la atención sanitaria a las personas migrantes en situación irregular, impidiendo que las personas extranjeras que no tenían autorizada su residencia pudieran ser tratadas de forma habitual y relegando su tratamiento solo a situaciones de urgencia por enfermedad grave o accidente, o para la asistencia de un embarazo, a excepción de los menores a los que sí se le reconocía la asistencia en las mismas condiciones que a los españoles.
A partir de 2018, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, las personas extranjeras sin residencia legal en España vieron reconocido su derecho a ser tratadas con la misma protección de la salud y atención sanitaria que las españolas siempre y cuando estuvieran dentro del país, y bajo una serie de procedimientos para solicitar un documento de la comunidad autónoma que les acredite a poder recibir esta prestación.
El Gobierno de España señaló entonces que las normativas internacionales y europeas reconocen el derecho "de todo ser humano" a la protección de su salud.
Al detectar que la norma no se estaba aplicando igual en todos los territorios españoles y aludiendo a las "barreras administrativas" a las que se enfrentan las personas migrantes en situación irregular, el Ejecutivo español aprobó este marzo un nuevo real decreto para desarrollar un reglamento que regule su acceso a la sanidad. En este nuevo real decreto también se incluyó la cobertura sanitaria de las personas españolas que residen en el exterior y que visitan España.
¿Lo hace el Gobierno para recibir más votos en las próximas elecciones?
Las personas extranjeras en situación administrativa regular solo pueden ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales y en las europeas. Además, para ello es necesario que sus países de origen reconozcan el derecho al voto de los españoles en sus elecciones municipales, en función de los Acuerdos de reciprocidad de voto, y no es una práctica que ocurra en todos los países.
Para el resto de comicios, como puede ser las elecciones nacionales y regionales, se les exige tener la nacionalidad española.
¿No se solicitan antecedentes penales?
Uno de los requisitos de la regularización extraordinaria es la obligatoriedad de presentar un certificado de antecedentes penales en España, pero también que incluya el país de origen, así como los otros países donde la persona haya podido residir en los últimos cinco años antes de la fecha de entrada a España.