Ecologistas en Acción y Ben Magec han denunciado públicamente la instalación de antenas de telecomunicaciones en zonas sensibles de Lanzarote y Fuerteventura, sin que se hayan tomado medidas de precaución ni se haya garantizado la participación de la ciudadanía afectada.
En concreto, señalan los casos de Masdache, en Lanzarote, y de Antigua, en Fuerteventura, donde, aseguran, se ha actuado sin ninguna cautela ni evaluación real de los posibles impactos sobre la salud y el medioambiente. Las organizaciones critican la indefensión de los vecinos, que no han sido debidamente informados ni consultados.
Legislación basada en criterios cuestionados
Los ecologistas recuerdan que la legislación española en materia de exposición a campos electromagnéticos se basa en los límites propuestos por la llamada Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), una entidad privada que asesora a la OMS. Sin embargo, esta organización ha sido cuestionada por su cercanía a los intereses de la industria tecnológica, su enfoque limitado al estudio de efectos térmicos agudos y por ignorar los efectos biológicos a largo plazo que han sido documentados en numerosos estudios científicos.
De hecho, diversas instituciones científicas y expertos en bioelectromagnetismo —autores de más de 2.000 publicaciones en este ámbito— han criticado públicamente la falta de rigor de la ICNIRP. En 2011, el propio Consejo de Europa recomendó reducir los niveles de exposición a radiofrecuencias hasta mil veces por debajo de los actuales, con el objetivo de considerar también los efectos no térmicos.
Efectos sobre la salud: evidencia científica creciente
Una revisión exhaustiva de la literatura científica publicada en 2022 sobre los efectos de las antenas de estaciones base concluyó que cerca del 75% de los estudios detectan impactos negativos en la salud humana. Entre los síntomas observados destacan los asociados a la llamada “enfermedad por radiofrecuencias”: cefaleas, trastornos del sueño, irritabilidad, pérdida de memoria, fatiga, náuseas o dificultad de concentración.
Además, se han detectado alteraciones en parámetros bioquímicos —como el aumento de hemoglobina glicosilada, relacionado con la diabetes— y cambios en los niveles de radicales libres y antioxidantes, con implicaciones en la aparición de ciertos tipos de cáncer. Pese a ello, denuncian que las enfermedades vinculadas a la exposición electromagnética siguen siendo infravaloradas, mal diagnosticadas y excluidas de la atención sanitaria.
El papel del CCARS y la falta de una comisión independiente
Ecologistas en Acción, a través de su grupo en Lanzarote, denuncia que, a pesar de estar prevista por ley desde hace más de 11 años, todavía no se ha constituido una Comisión sobre Radiofrecuencias y Salud que garantice criterios éticos de independencia, transparencia y participación.
En su lugar, las decisiones institucionales se apoyan de facto en las recomendaciones del Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud (CCARS), vinculado al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y con evidentes conflictos de interés por su relación con las grandes empresas tecnológicas. Según el informe presentado por Ecologistas en Acción al Ministerio de Sanidad en 2024, el CCARS responde a un modelo de actuación identificado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) como “estrategia empresarial para retrasar la aplicación del Principio de Precaución”.
Las conclusiones del CCARS han sido cuestionadas por su escasa rigurosidad científica y su negación sistemática de los riesgos documentados en la literatura científica. Esto ha permitido —según denuncian— el despliegue masivo de redes 5G sin atender a las garantías legales de protección de la salud pública recogidas en la propia Ley General de Telecomunicaciones.
Reclamaciones al Ministerio de Sanidad y al Defensor del Pueblo
En 2024, Ecologistas en Acción envió un informe al Ministerio de Sanidad donde analiza y concluye que el CCARS del Colegio de Telecos se encuadra claramente en este modelo de acción empresarial identificado por la AEMA, para atrasar/evitar la aplicación del Principio de Precaución ante las alertas tempranas de problemas emergentes. Las conclusiones de los informes del CCARS, cuestionadas por mala praxis científica y ‘negacionismo’ de la abundante literatura científica, han posibilitado sucesivos despliegues, especialmente de la tecnología 5G, sin atender a las garantías legales de salud contempladas en la propia ley de telecomunicaciones. Los dos grupos ecologistas recuerdan las peticiones solicitadas por Ecologistas en Acción al Ministerio de Sanidad en 2024 y 2025 (recusación de uno de sus representantes en la coordinación del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente por conflicto de interés, iniciar el proceso de creación de la Comisión sobre radiofrecuencias y salud contemplada legalmente, aplicar las recomendaciones precaucionistas sobre radiofrecuencias de instituciones europeas y sociedades científicas, así como atender a las recomendaciones sobre el uso de pantallas en infancia y adolescencia de la Asociación Española de Pediatría) y la nueva queja remitida al actual Defensor del Pueblo en mayo de 2025 por la no constitución de la Comisión de Radiofrecuencias y Salud contemplada legalmente y cuestionando su posicionamiento con el CCARS del Colegio de Telecos.