El AMPA Alisios del CEIP Playa Honda ha hecho pública la “grave situación” que atraviesa el centro educativo debido a la falta de infraestructuras suficientes para el desarrollo de actividades educativas y extraescolares. Según denuncian las familias, ni el alumnado ni la comunidad escolar cuentan con los espacios mínimos necesarios para llevar a cabo su labor en condiciones dignas.
Desde hace meses, el AMPA ha trasladado su preocupación a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de San Bartolomé, a la Dirección Insular de Educación y a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Sin embargo, afirman que no han obtenido respuesta alguna, pese a la urgencia del problema y al perjuicio directo que ocasiona al alumnado.
Ante el silencio institucional, las familias se han visto obligadas a estudiar alternativas por cuenta propia, entre ellas la adquisición de un módulo prefabricado cuyo coste asciende a 8.000 euros. Esta situación, señalan, refleja una “paradoja inaceptable”: en un centro público, los padres y madres deben recurrir a patrocinadores o campañas de micromecenazgo para cubrir necesidades básicas que, por ley, corresponden a la Administración.
El AMPA recuerda que la normativa educativa respalda su reclamación. La LOE/LOMLOE (Ley Orgánica 2/2006, modificada por la Ley 3/2020) establece que las asociaciones de madres y padres deben disponer de espacios adecuados y apoyo material y económico. Además, la Ley Canaria de Educación (Ley 6/2014) y el Decreto 81/2010 obligan a las administraciones a garantizar infraestructuras suficientes y a facilitar la organización de actividades extraescolares.
“Si las familias tenemos que financiar con dinero privado lo que debe garantizar la Administración, se está produciendo un incumplimiento legal y una vulneración del derecho a una educación pública de calidad”, sostienen.
Por ello, hacen un llamamiento urgente a las instituciones competentes para que asuman su responsabilidad y doten al centro de los recursos necesarios. Al mismo tiempo, piden la colaboración de empresas y particulares para, en caso de que no llegue una respuesta oficial, contribuir a sufragar el coste del módulo.
“No pedimos lujos, solo lo imprescindible: un lugar digno donde nuestros hijos e hijas puedan aprender, convivir y crecer”, concluye la asociación de familias.