El Ayuntamiento de Yaiza ha activado la vía civil para defender la titularidad de una parte del recinto ferial de Uga en el conflicto que mantiene con la familia Acuña Borges, que reclama 445 metros cuadrados de suelo.
El alcalde, Óscar Noda, se reunió este lunes con vecinos y vecinas de Uga, acompañado por los servicios jurídicos municipales, para exponer de forma detallada la evolución del contencioso desde 1991. Durante el encuentro, el regidor defendió la actuación del Ayuntamiento y negó cualquier inacción, apoyándose en documentación oficial que fue mostrada públicamente.
Noda insistió en que, al margen del proceso judicial en curso, el grupo de gobierno mantiene su disposición al diálogo: “Seguimos abiertos a la negociación, siempre que la familia Acuña decida sentarse a hablar”, señaló.
Actualmente, el Ayuntamiento ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas contra la sentencia dictada por el juzgado de Arrecife. En él solicita que se reconozca su condición de propietario legítimo de una superficie de 1.245 metros cuadrados dentro de la finca en disputa, así como la retirada del muro construido para delimitar el terreno.
De forma subsidiaria, la institución también pide el cese de la ocupación de los 445 metros cuadrados reclamados, su devolución al Ayuntamiento y la eliminación del cerramiento que separa esa porción del resto de la parcela.
El alcalde sostuvo que la reclamación de la familia afecta a terrenos de uso vecinal y cuestionó el sentido de delimitar un espacio en el que no se puede edificar. Esta postura fue compartida por varios asistentes a la reunión celebrada en la Casa del Camello.
Durante su intervención, Noda repasó las actuaciones judiciales realizadas desde que asumió la alcaldía en 2018 y aseguró que el Ayuntamiento ha comparecido en todos los procedimientos para defender los intereses municipales. También recordó la apertura de un expediente de disciplina urbanística, insistiendo en que “los documentos demuestran” la actuación del consistorio.
En relación con la negociación, el alcalde explicó que ha intentado contactar con la familia tanto directamente como a través de sus abogados, sin éxito. Según indicó, la respuesta recibida remite exclusivamente a la vía judicial.
El origen del conflicto se remonta a un acuerdo alcanzado en 1991 para el uso del suelo durante las fiestas, que posteriormente derivó en una permuta de parcelas. Las discrepancias sobre la titularidad se intensificaron en 2020, cuando la familia levantó un primer muro perimetral, cuya denuncia por parte del Ayuntamiento fue desestimada judicialmente.
En 2026, el consistorio denegó la licencia para un segundo cerramiento, aunque finalmente la Justicia obligó a concederla. Mientras se resuelve el recurso de apelación, el Ayuntamiento continúa reorganizando el espacio del recinto ferial para garantizar la celebración de eventos tradicionales como la Muestra de Ganado, las fiestas de San Isidro y la Wine Run.