El Gobierno de España ha hecho público su Plan Estatal de Lucha contra la corrupción, que fue dado a conocer por el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso de los Diputados.
Este anuncio, se dio en un pleno monográfico en la Cámara Baja sobre el caso Koldo, donde los diferentes partidos políticos han debatido sobre la presunta implicación del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en esta supuesta trama.
"La corrupción es una de las mayores lacras que enfrentan las sociedades democráticas", comienza el documento presentado por la Moncloa. La elaboración de este plan estatal se formó con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, la OCDE y de la Comisión Europea y consta de cinco ejes.
Dichos ejes son la prevención de la corrupción, la protección efectiva de las personas denunciantes, la búsqueda de una respuesta eficaz en los casos ya detectados, la recuperación de los activos procedentes de dicha corrupción y la promoción de una cultura anticorrupción en la sociedad.
Las quince medidas, al detalle
Entre las quince medidas de este Plan, el Gobierno de España ha anunciado la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, que servirá como órgano de prevención, supervisión y persecución de la corrupción. En ella, se pretende aunar "las competencias de varios organismos estatales" y coordinar las acciones. Dicha agencia podría tener capacidad para iniciar investigaciones, supervisar que se cumplan normativas clave y proteger a los informantes de corrupción.
La segunda medida plantea extender el uso de mapas de riesgo de integridad a todos los fondos públicos. Estos mapas ya funcionan con los fondos europeos Next Generation y está alineada con la metodología del OECD Public Integrity Framework. El Ejecutivo propone como novedad que se incorpore el análisis de riesgos humanos, donde se analicen factores "psicológicos y sesgos cognitivos" que pueden "influir en decisiones individuales" para promover "entornos de decisión más seguros, transparentes y responsables".
En tercer lugar, quiere impulsar la Ley de Administración Abierta, que incorpora las conclusiones del Foro de Gobierno Abierto, para que el Portal de Transparencia del Estado informe sobre contratos, convenios y subvenciones, pero también sobre las retribuciones del personal, declaraciones de bienes y de la agenda institucional de altos cargos. Además, busca impulsar la rendición de cuentas y cómo se sancionarán sus incumplimientos a través de multas coercitivas.
Entre las propuestas para lograr una administración abierta propone incluir exámenes adicionales aleatorios que informen de la situación patrimonial de altos cargos cada año y durante todo el mandato.
A lo que se suman mecanismos de participación ciudadana directa para formar parte de los procesos de auditoría pública, donde los ciudadanos puedan presentar informes de evaluación, quejas o sugerencias en las licitaciones, adjudicaciones o ejecuciones contractuales.
En cuarto lugar, quiere transformar la Plataforma de Contratación del Sector Público con código abierto (big data) e Inteligencia artificial para realizar "auditorías a gran escala" y facilitar la detección de posibles fraudes.
En quinta posición plantea la aprobación urgente del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, así como ampliar sus exigencias. Esta medida busca crear un registro de grupos de interés y cómo influyen en la elaboración de leyes y reglamentos. Incluso se contempla incluir los encuentros mantenidos "lobistas", es decir, representantes de lobbies que buscan influir en la clase política o en los técnicos.
Un control más exhaustivo sobre la financiación de los partidos
En sexto lugar, este plan contempla reforzar el control sobre la financiación y la actividad económica de los partidos políticos. De modo que, aquellos partidos y sus fundaciones que reciban más de 50.000 euros deben contratar una auditoría externa e independiente de sus cuentas, con entidades que estén habilitados e inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
Asimismo, los partidos políticos deberán ampliar la información pública sobre las donaciones que reciben, que deberán publicarlas como máximo hasta un mes después de recibirlas y deberán publicar todas las donaciones individuales que superen los 2.500 euros, frente a los 25.000 euros que se permitían hasta ahora. También deberán publicar las donaciones o fuentes de financiación que sufragan las campañas electorales, antes del inicio de la campaña o al día siguiente de su recepción si es durante la campaña.
En séptimo punto busca reforzar las garantías de protección a los denunciantes de corrupción y mejorar la eficacia de los canales de denuncia. El objetivo es mejorar la independencia, la accesibilidad y la protección efectiva de las personas que denuncian para evitar posibles represalias. Además, se asignará en los presupuestos públicos una asignación específica que contemple el número de personas protegidas.
El octavo punto busca reforzar la capacidad del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial para investigar, juzgar y castigar de forma eficaz la corrupción. En este sentido, busca crear secciones anticorrupción y delitos contra la Administración Pública en los nuevos tribunales de Instancia. Así pues, reforzar con más medios la Fiscalía Anticorrupción y atribuirle al Ministerio Fiscal la instrucción de procesos penales, dotándole de "mayor autonomía y transparencia.
Además, el Gobierno otorgará "carácter preferente" a las causas contra cargos públicos y ampliará los plazos de prescripción de los delitos. De esta manera, se permitirá determinar rápidamente "la culpabilidad o inocencia del cargo público".
El noveno punto persigue mecanismos de control y sanción contra las empresas corruptoras. "No basta con perseguir a quienes, desde lo público, vulneran la legalidad. También hay que actuar contra las empresas y actores privados que diseñan, participan y fomentan estas prácticas", añade el documento.
En este caso, propone tres medidas: endurecimiento de las sanciones contra empresas corruptoras, la creación de una lista negra que permite excluir a una empresa de contrataciones con la administración si está condenada en firme por corrupción, fraude, cohecho o blanqueo, así como impedirle obtener subvenciones públicas y crear mecanismos anticorrupción o auditorías periódicas para aquellas que hayan sido condenadas previamente.
La décima medida propone endurecer los castigos y adoptar nuevas medidas contra la corrupción y otros delitos contra la Administración Pública. De modo que quiere endurecer el Código Penal para endurecer y adoptar nuevas medidas.
En undécimo lugar plantea reforzar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que auxilia a la justicia en la localización de ganancias que proceden de la corrupción. Entre otras funciones, averigua el patrimonio y gestiona los bienes embargados, incautados o decomisados.
En duodécima posición expone la necesidad de crear la figura de decomiso administrativo o preventivo que permita el decomiso de bienes sin condena previa en el caso de actuaciones o procedimientos penales.
Para finalizar, las últimas tres medidas proponen crear una cultura anticorrupción, de integridad ciudadana, administrativa y de las empresas. Entre ellas, baraja la creación de programas de formación obligatoria y difusión de buenas prácticas, la organización de una campaña social para fortalecer la concienciación en contra de la corrupción y una encuesta anual sobre la percepción de la corrupción.