El Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote denuncia la "falta de transparencia y la intención" del presidente, Oswaldo Betancort, de "reducir los plazos de participación ciudadana en un asunto de máxima trascendencia" como es el Borrador del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural del Archipiélago Chinijo.
El documento, actualmente en fase de consulta ambiental, salió a exposición pública el pasado 7 de julio por un plazo de dos meses, lo que situaría su finalización el 7 de septiembre. Sin embargo, la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece claramente que el mes de agosto es inhábil a efectos de participación ciudadana, por lo que el plazo debería extenderse hasta el 7 de octubre.
La portavoz socialista en el Cabildo, Ariagona González, ha advertido este lunes en un comunicado de prensa que el Gobierno insular “pretende hacer las cosas a espaldas de la ciudadanía, reduciendo los plazos de participación y limitando la transparencia en un proceso clave para el futuro de La Graciosa y el Archipiélago Chinijo”.
Además, ha alertado de que “la falta de garantías jurídicas podría poner en riesgo la validez del documento. Ya ocurrió con el anterior PRUG, anulado por los tribunales en 2016. No podemos permitir que se repita la misma historia por no respetar la ley”.
El PSOE de Lanzarote ha advertido que presentará alegaciones en el plazo correspondiente, pero ha subrayado que su reivindicación busca proteger a las asociaciones, colectivos y personas interesadas que, por la complejidad técnica y el periodo estival, pueden "verse en desventaja a la hora de formular sus aportaciones".
“Agosto es un mes inhábil también en la práctica, en el que la mayoría de colectivos y administraciones tienen menor capacidad de respuesta. Acortar el plazo es cercenar el derecho ciudadano a participar en un debate que afecta a un espacio natural de altísimo valor, parte de la Reserva de la Biosfera y del Geoparque de Lanzarote”, señaló González.
Por ello, los socialistas han presentado un escrito exigiendo que el plazo de exposición pública se prolongue hasta el 7 de octubre, cumpliendo con la legalidad y garantizando la seguridad jurídica de un documento esencial para el futuro del Archipiélago Chinijo.