El Partido Popular de Yaiza ha denunciado la ocupación ilegal de un inmueble de propiedad municipal que se viene produciendo desde hace aproximadamente tres años con "el consentimiento y la pasividad" del alcalde de Yaiza, Óscar Noda, y su grupo de gobierno.
Se trata de la vivienda que durante muchos años albergó la guardería municipal de Playa Blanca, y que fue cedido en su momento a su gestora para la prestación del servicio. Tras el fallecimiento de la responsable, el Ayuntamiento tenía la obligación de recuperar de forma inmediata el inmueble, algo que, "lejos de cumplirse, fue dilatándose en el tiempo hasta llegar a la situación actual, en la que continúa ocupado sin título legal alguno".
Desde el PP de Yaiza advierten además del "creciente malestar entre vecinos y comerciantes de esta céntrica zona de Playa Blanca, que vienen denunciando de forma reiterada los altercados y problemas de convivencia que se producen en el entorno del inmueble".
El portavoz del Partido Popular en el municipio, Juan Monzón, ha sido contundente al respecto al señalar que “resulta incomprensible que el alcalde haya permitido durante años una ocupación ilegal de un bien que es de todos los vecinos de Yaiza. Esta dejación de funciones no solo es irresponsable, sino que está generando problemas de seguridad y convivencia en una de las zonas más importantes de Playa Blanca, anexa al Parque Móvil municipal y próxima al Centro Sociocultural La Aurora”.
Monzón ha reclamado que el Ayuntamiento inicie de manera inmediata los trámites administrativos y legales necesarios para recuperar el inmueble, y ponga fin a una situación que considera “insostenible”.
“Las propiedades municipales forman parte del patrimonio público y deben destinarse siempre al interés general. No pueden abandonarse ni tolerar usos irregulares mientras los vecinos sufren las consecuencias de la inacción del gobierno local”, añadió el portavoz popular.
Desde el PP de Yaiza insisten en que "el Ayuntamiento debe actuar con responsabilidad, proteger el patrimonio municipal y garantizar que los bienes públicos tengan un uso al servicio de la ciudadanía, y no convertirse en focos de conflicto por la falta de decisión política".