Política

El PP lamenta la retirada de su moción para declarar persona non grata a Pedro Sánchez en el Cabildo

Los populares denuncian un “veto al debate político” por parte del PSOE y advierten que podrían acudir a los tribunales por vulneración de derechos fundamentales

Ángel Vázquez en un pleno del Cabildo de Lanzarote.

El Partido Popular de Lanzarote y La Graciosa ha cargado duramente contra la decisión del Cabildo Insular de retirar del orden del día la moción que presentaron para declarar persona non grata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La medida, adoptada tras un acuerdo de la Junta de Portavoces y a instancias del Grupo Socialista, ha sido calificada por los populares como un “veto al debate político y democrático”.

En un comunicado emitido este jueves, el PP denuncia que la retirada de la moción representa una “conculcación de un derecho fundamental” de los consejeros insulares a ejercer sus funciones representativas, amparadas por la Constitución. La formación sostiene que la moción fue incluida “en tiempo y forma” en el orden del día del pleno convocado para este viernes 25 de julio, conforme al Reglamento Orgánico del Cabildo.

Según los populares, la interpretación jurídica esgrimida por la Secretaría General y asumida por la Presidencia del Cabildo para justificar la retirada “colisiona” con los derechos de los consejeros. “Es evidente que el Grupo Socialista prefiere amordazar el debate político en el Cabildo antes que abordar los escándalos de corrupción que afectan a Pedro Sánchez y los reiterados incumplimientos con Lanzarote y La Graciosa”, afirma el PP en su nota.

Asimismo, recuerdan que el propio Reglamento del Cabildo permite que, “excepcionalmente”, el Pleno emita declaraciones de contenido meramente político y critican que el PSOE haya promovido iniciativas similares en otras instituciones.

Por todo ello, el Partido Popular no descarta emprender acciones legales. Entre las vías que barajan se encuentran la presentación de un recurso de reposición ante el Cabildo, un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales de Las Palmas e incluso acciones penales por posible vulneración de derechos constitucionales.