Intersindical Canaria ha defendido que la remodelación del Hospital Insular de Lanzarote debe darse "por fases" y que el centro sanitario debe "mantener su actividad laboral y asistencial".
El sindicato ha tachado de "frívolo" e "irresponsable" el anuncio realizado por la consejera de Sanidad, Esther Monzón, cuando anunció su cierre. "Son muchas las dudas que se han generado en los trabajadores y ciudadanía de la isla", ha expuesto en un comunicado.
En este sentido, ha señalado que su clausura "podría suponer, además, la pérdida de su especialización en geriatría, única en Canarias y con un modelo de atención geriátrica excepcional, la reducción de camas hospitalarias y la desaparición de servicios esenciales para los mayores de Lanzarote".
Así, han añadido que la consejera Monzón tendrá que "explicar su determinación de clausurar el centro sanitario cuando desde otras fuentes de la administración sanitaria, plantean que el futuro dependerá de las directrices que fije el Plan Director de Infraestructuras, incluido en el Plan Estratégico 2025-2028 y encargado a una consultoría externa".
"Ahora hablan, además, de una cuestión de oportunidad, porque está disponible el edificio anexo del Hospital José Molina de Orosa, construido para la atención a enfermedades emergentes, cuando, contradictoriamente, según al propio Servicio Canario de Salud, la obra de este edificio anexo no está concluida y no se ha recepcionado, aunque cabe la posibilidad que lo hagan en precario", ha continuado.
Así mismo, ha recordado que en los informes que revelan las malas condiciones del Hospital Insular, que son del año 2019, cuando se integró en el Servicio Canario de Salud, los servicios técnicos identificaron “deficiencias estructurales que afectaban al suelo del ala derecha del edificio principal que se sustenta sobre un sótano y cuyas vigas se encontraban dañadas”. Una consultora realizó un plan director para reformar el Hospital Insular y se envió a los servicios centrales para su aprobación, pero, "seis años después de haberse producido la integración no se ha hecho nada para mejorarlo".
Además de las razones esgrimidas y teniendo en cuenta que es un edificio inaugurado en 1950 y declarado luego Bien de Interés Cultural, Intersindical Canaria ha defendido que "en cualquier circunstancia, las instalaciones no pueden ni deben ser totalmente cerradas ni demolidas. En su caso, y atendiendo a la alegada fragilidad actual de la construcción y la necesidad de continuo mantenimiento, el Gobierno de Canarias, sin más esperas, tiene que realizar la elaboración de un plan de conservación progresivo y evitar que el edificio colapse o que el abandono y la desidia acaben por destruirlo".
Desde Intersindical Canaria han defendido que "lo que procede es que, sin abandonar las actividades asistenciales, la reforma integral de las instalaciones se produzca por fases, con el traslado parcial, temporal y retorno de usuarios y pacientes que permita mejorar las instalaciones, y los equipamientos, lo que redundará en la mejora de la calidad asistencial y las condiciones de trabajo. Para ello es condición irrenunciable el mantenimiento del carácter público de todos los servicios, grupos profesionales y plantilla actual de trabajadores".