Con las alusiones personales dirigidas al diputado Yoné Caraballo en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias, se ha cruzado una línea roja, tanto moral como legal. Las afirmaciones vertidas por el señor Goya, con el respaldo implícito de la consejera Monzón, no han recibido —hasta donde sabemos— ninguna respuesta por parte de Coalición Canaria, que lidera el Gobierno.
Entendemos que un posible delito debe ser analizado por los tribunales de justicia. Sin embargo, surge una pregunta ineludible: ¿qué garantías pueden tener los trabajadores y la ciudadanía cuando quienes dirigen el sistema sanitario acceden, presuntamente, a información clínica confidencial para utilizarla como arma política en el momento que consideran oportuno? ¿Qué podemos esperar si todo apunta a que el director del SCS ha accedido ilegalmente al historial médico de un parlamentario para exponerlo públicamente, con el consentimiento de la consejera?
Para Intersindical Canaria, conociendo la trayectoria del señor Goya al frente de la gerencia del Hospital Universitario de Canarias, no sorprenden ni sus formas agresivas ni la mediocridad argumentativa demostrada en la Comisión de Sanidad. Carecer de preparación y solvencia lleva, con frecuencia, al recurso del ataque personal como cortina de humo.
Desde nuestra organización sindical expresamos nuestro apoyo y solidaridad con el diputado afectado, quien ha sido objeto de un ataque inadmisible, al margen de cualquier discrepancia política o ideológica. Intersindical Canaria defiende el respeto personal, la dignidad y la privacidad como principios irrenunciables.
Lo más grave es que este episodio haya ocurrido con la permisividad o amparo de la propia consejera de Sanidad, quien mantiene al frente del SCS a un responsable cuya conducta deteriora la confianza ciudadana en las instituciones y en la protección de los datos sanitarios.
Denunciamos que el Gobierno presidido por Fernando Clavijo haya permitido la normalización de prácticas propias del “trumpismo” político, donde la descalificación personal y el uso inmoral de información sensible sustituyen al debate serio y al respeto institucional. Por todo ello, consideramos que sobran los motivos para exigir al señor Clavijo el cese inmediato de la consejera de Sanidad y del director del SCS, tanto por su mala gestión como por el grave riesgo que representan para el servicio público. El pueblo canario merece dirigentes que respeten la legalidad, la privacidad y la transparencia, no responsables que utilicen la información sanitaria ajena como arma política.