El diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Yoné Caraballo, ha expresado su "malestar por la falta de mecanismos sancionadores" en el Parlamento de Canarias tras el incidente ocurrido en la comisión de Sanidad, cuando el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, hizo referencia a su condición médica durante la pandemia. El parlamentario considera que esas alusiones vulneraron sus derechos fundamentales y fueron un intento de desacreditar su labor política mediante la exposición de datos personales.
Un informe elaborado por los servicios jurídicos del Parlamento, a instancias de la Mesa tras la solicitud de amparo de Caraballo, concluye que la intervención de Goya fue “totalmente improcedente”, “ajena e innecesaria” para el debate que se celebraba y “potencialmente lesiva” para el honor del diputado. El documento también descarta que esas declaraciones puedan ampararse en la libertad de expresión, como alegó el director del SCS, y recuerda que la condición de representante público no obliga a ningún diputado a renunciar a su derecho a la intimidad.
Pese a ello, el informe aclara que el Parlamento carece de competencias para sancionar o reprobar al director del SCS, dado que no es miembro de la Cámara. Tampoco puede otorgar amparo formal al diputado, ya que la gestión del debate correspondía a la presidencia de la comisión, que en ese momento no consideró necesario llamar al orden al compareciente. Este vacío normativo ha sido criticado por Caraballo, quien considera “inaceptable” que no existan mecanismos para responder ante situaciones de este tipo en el ámbito parlamentario.
Ante esta limitación, Caraballo ha anunciado que estudia presentar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y emprender otras acciones legales complementarias para depurar responsabilidades por la divulgación de información personal sin consentimiento. “Nadie, y menos un alto cargo público, puede utilizar datos de salud para atacar a un diputado en sede parlamentaria”, subrayó el parlamentario, quien insistió en que este caso trasciende lo personal y constituye “una cuestión de principios democráticos, de respeto institucional y de protección de los derechos fundamentales”.