A través de su Comisión de los Servicios de Protección y Seguridad, la Asociación Unificada de Guardias Civiles se ha dirigido a la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, del Ministerio del Interior, y al jefe de la Guardia Civil en Canarias, el General Juan Hernández, para solicitarles que intervengan ante "los reiterados incumplimientos que se están produciendo en las custodias y traslados de presos" en Lanzarote y Fuerteventura.
En los escritos tramitados se expone que los guardias civiles de la Sección de Seguridad del Centro Penitenciario de Tahíche, se están viendo obligados a custodiar a los internos de dicho centro en las sedes judiciales de Puerto del Rosario (Fuerteventura) y de Arrecife (Lanzarote), cuando la competencia territorial en dichos municipios corresponde a la Policía Nacional, por lo que deben ser agentes de ese cuerpo quienes se encarguen de las referidas custodias.
Por lo tanto, según explican, se está vulnerando lo dispuesto en la Instrucción 5/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que fija los protocolos para las conducciones y custodias de internos de centros penitenciarios, especificando con claridad que “la custodia de los internos fuera de los establecimientos penitenciarios corresponderá al Cuerpo policial que tenga asignada la competencia territorial en el lugar de estancia”, excepto en los centros hospitalarios. Además, se está contraviniendo también la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Pero esos no son los únicos incumplimientos detectados, porque los guardias civiles de dicha unidad están teniendo que trasladar a los presos desde el centro penitenciario de Tahiche hasta Fuerteventura en barcos que no disponen de camarotes-celdas, por lo que tienen que custodiarlos en la cubierta del barco, con los graves riesgos de seguridad que eso conlleva.
En sus escritos, AUGC recuerda que el protocolo de la Guardia Civil para estos servicios establece que en las conducciones marítimas de presos los barcos deben disponer de camarotes-celdas acondicionados para los reclusos y los agentes de custodia. Además, pone de manifiesto que al trasladarlos en la cubierta del barco se incrementan los riesgos de fugas y ataques a los guardias civiles, incluso con apoyo de terceras personas.
Y, añade, que ese modo de realizar las conducciones también afecta a los derechos de los propios presos, vulnerándose la Ley Orgánica General Penitenciaria, la cual ordena que estos traslados se efectúen de forma que se preserve la dignidad y la intimidad de los internos, así como el derecho a que su condición de reclusos sea reservada frente a terceros.