La Audiencia Provincial de Las Palmas empezará a juzgar el próximo 16 de octubre una de las piezas del caso "Unión", en la que se acusa al ex consejero del Gobierno de Canarias, Francisco José Rodríguez Batllori, y al ex líder del PIL Dimas Martín, de sustraer presuntamente fondos públicos del Ayuntamiento de Arrecife y de Inalsa.
La Audiencia ya ha establecido esta fecha para celebrar el juicio, dentro de un calendario que se extiende hasta el 21 de noviembre a lo largo de nueve sesiones. Algunas se celebrarán en los Juzgados de Arrecife, mientras que el resto tendrán lugar en la sede principal de Las Palmas de Gran Canaria, según han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El tribunal de la Audiencia será el que se desplace para las cinco primeras sesiones a Arrecife para interrogar a los seis acusados en este procedimiento. Estas sesiones serán el 16 y el 17 de octubre. Además, los primeros testigos del caso, otros cargos públicos y técnicos, serán interrogados el 20, 21 y 23 de octubre.
Posteriormente, el juicio continuará a partir del 7 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria, donde se celebrarán otras cuatro sesiones.
Petición de ocho y seis años de cárcel
En esta pieza del caso "Unión" se investiga el pago de facturas por trabajos supuestamente no prestados. Rodríguez Batllori se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel, mientras que la Fiscalía pide seis años de prisión para Dimas Martín, acusado de influir sobre los cargos públicos de su partido para que abonaran esas facturas presuntamente fraudulentas desde el Ayuntamiento de Arrecife y la empresa pública Inalsa.
La juez instructora y la Fiscalía sostienen que Rodríguez Batllori cobró más de 43.000 euros de Inalsa y del Ayuntamiento de Arrecife, a través de facturas bimensuales, por servicios que realmente no prestaba. Según la investigación, basada entre otras cosas en las conversaciones grabadas durante la Operación "Unión", en las cartas interceptadas entre Dimas Martín y Batllori y en la propia confesión de José Miguel Rodríguez, que entonces era concejal de Hacienda de Arrecife, lo que realmente se estaba pagando con ese dinero eran servicios privados prestados por Rodríguez Batllori al líder histórico del PIL.
Junto a Rodríguez Batllori y Dimas Martín, continúan acusados en esta causa José Miguel Rodríguez, que confesó los hechos y para quien la Fiscalía pide un año de prisión; la ex concejal de Personal y Régimen Interior, María Luisa Blanco; la ex consejera Delegada de Inalsa, Plácida Guerra; y el ex gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta Larrea. Para estos tres últimos acusados, el Ministerio Público solicita cinco años de cárcel.
