Canal Gestión pagaba 3.300 euros mensuales al abogado Ignacio Calatayud por los servicios prestados a la empresa pero, además, también contrató a este letrado y a su hermano para que asesoraran al Consorcio Insular de Agua de Lanzarote. Luego, la empresa descontaba ese dinero de la suma anual que debía pagar a la institución, con lo que el pago se terminaba haciendo con dinero público.
Solo por ese servicio de asesoramiento al Consorcio, Ignacio Calatayud cobró casi 40.000 euros en virtud de dos contratos distintos en menos de un año. A esa cantidad hay que sumar los más de 77.000 euros que recibió en los pagos mensuales de Canal por "asesorar" a la empresa. Y todo ello, mientras este mismo abogado trabajaba también para el Cabildo y para el Consorcio y mientras asesoraba al presidente, Pedro San Ginés, en la incautación de la desaladora de Montaña Roja. La planta, que ahora tendrá que ser devuelta a Club Lanzarote por orden judicial, fue entregada tras la incautación a Canal Gestión, que es quien desde entonces ha venido cobrando el agua a esos vecinos.
En total, Calatayud llegó a firmar hasta tres contratos con Canal. El primero, por asesoramiento jurídico a la empresa y por encargarse de la "dirección legal de los procesos contencioso administrativos en los que sea parte Canal Gestión Lanzarote". Esos procesos contenciosos solo pueden darse con la administración y no entre particulares, por lo que podría haberse dado el caso de que Calatayud fuera el abogado de la empresa en un hipotético pleito contra las administraciones insulares.
En total, en virtud de ese contrato firmado en agosto de 2013, Calatayud llegó a cobrar 77.682 euros, a razón de 3.300 euros mensuales más IGIC. El abogado estuvo recibiendo esa suma hasta mayo de 2015, cuando la empresa rescindió el contrato. Concretamente lo hizo el pasado 25 de mayo, al día siguiente de las elecciones locales.
A este contrato entre Canal Gestión y Calatayud se suman otros dos, aunque en ese caso el trabajo de "asesoramiento" no debía prestarse a la empresa, sino al Consorcio Insular de Aguas. Uno de los contratos se firmó antes de la incautación, en marzo de 2014, y el otro después, en noviembre de ese mismo año. En ambos casos fueron contratos por cuatro meses y por importe de 17.900 euros cada uno, justo por debajo del límite legal fijado para que puedan realizarse contrataciones públicas sin sacarlas a concurso. Sumando después el IGIC, Calatayud cobró casi 20.000 euros por cada uno de esos dos contratos.
Contratado por Canal para "fiscalizar" a Canal
Según se establece en esos dos documentos, a los que ha tenido acceso La Voz, Calatayud debía prestar ese asesoramiento en la Comisión de Seguimiento y Control creada por el Consorcio, precisamente para "fiscalizar" la labor de Canal Gestión y para velar por el cumplimiento de lo pactado cuando se privatizó la gestión del agua.
Además de contratar a Ignacio Calatayud, Canal Gestión también contrató a su hermano, Carlos Calatayud, a quien la empresa pagó otros 9.600 euros por asesorar al Consorcio. El propio gerente de Canal Gestión Lanzarote, Gerardo Díaz, cuando declaró en la causa penal abierta por la incautación de la desaladora, confirmó que esos pagos a Calatayud y a su hermano terminaron saliendo de los fondos que correspondían a la institución pública.
"Lo que se paga a estos letrados que intervienen en la comisión se detrae de los pagos que tenemos que realizar al Consorcio", declaró Díaz. Fue precisamente el gerente, en esa declaración, quien confirmó que Calatayud trabajaba para esta empresa mientras a la vez trabajaba para el Cabildo y para el Consorcio y mientras asesoraba a Pedro San Ginés en la incautación.
El propio juez había planteado esa pregunta a San Ginés cuando declaró como imputado a principios de agosto, pero el presidente respondió entonces que desconocía si este abogado había trabajado también para Canal Gestión. También afirmó desconocerlo cuando días después se le preguntó por ello en una rueda de prensa. Y lo mismo le dijo a la oposición en el último Pleno celebrado en el Cabildo, cuando le volvieron a preguntar expresamente por ello. Sin embargo, según la propia declaración de Gerardo Díaz y los documentos que tuvo que aportar a requerimiento del Juzgado, Calatayud no solo trabajaba para Canal Gestión, sino que fue contratado por esta empresa para asesorar al Consorcio presidido por Pedro San Ginés. Y luego, además, Canal detraía ese sueldo de los pagos que debía realizar a la institución.
Calatayud debía responder a las "instrucciones" de Canal
En los contratos firmados por Calatayud con Canal para asesorar al Consorcio, se establece que "el servicio se llevará a cabo conforme a las instrucciones recibidas del responsable de Canal Gestión Lanzarote", que es a quien correspondía "la dirección y supervisión del servicio" que debía prestar este abogado.
Incluso, se establecía que la empresa tendría "la facultad de inspeccionar y de ser informada de la ejecución de los servicios objeto del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma cuando así proceda análisis de los trabajos, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento del contrato". Y todo ello, pese a que el objeto del contrato era el "asesoramiento jurídico para el Consorcio del Agua de Lanzarote, para los asuntos a tratar en la comisión de seguimiento y control", y pese a que el dinero con el que se le pagaba terminaba detrayéndose de los pagos que correspondían al Consorcio.
En cuanto al modo de contratación, en el documento se afirma que Canal solicitó una oferta "a varias empresas y particulares", "valorando las ofertas presentadas atendiendo para su valoración a criterios económicos y considerando finalmente como oferta más económica la presentada por la empresa Ignacio Calatayud Prats SL, resultando la misma adjudicataria del contrato".
Además, se señalaba que el contrato tendría la consideración de un "contrato menor" (que son los que están por debajo de los 18.000 euros), lo que supone que no sea obligado sacarlo a concurso cuando se trata de una contratación pública. En total, Calatayud cobró 19.153 euros por cada uno de esos contratos, aunque la suma que Canal cargó al Cabildo fue de 17.900 euros por cada uno, al no aplicar el IGIC.
El primer pago se hizo en diciembre de 2014 y el segundo en julio de 2015, aunque el periodo de vigencia del primer contrato era de marzo a julio de 2014 y el segundo de noviembre de 2014 a marzo de 2015.
