Tribunales

Condenados a una multa de 1.120 euros los dos hombres sorprendidos cazando pardelas en El Charco del Palo

Ambos han alcanzado un acuerdo de conformidad para evitar el juicio. También han aceptado otra multa de 140 euros por un delito leve de maltrato animal, por las condiciones en las que se encontraba el hurón con el que estaban cazando

Imagen de las crías de pardela que tenían en un saco los detenidos en El Charco del Palo

Los dos hombres que fueron sorprendidos cazando pardelas en el Charco del Palo el pasado mes de septiembre han sido condenados a pagar una multa de 1.120 euros cada uno por un delito contra la fauna y a correr con las costas del procedimiento judicial, así como a cumplir una inhabilitación de 16 meses para la caza. Los propios acusados, que este lunes iban a ser juzgados ante el Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife, han reconocido los hechos y han aceptado las penas tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por lo que ni siquiera se ha llegado a celebrar la vista.

Además, se les ha condenado también por un delito leve de maltrato animal, por la situación en la que se encontraba el hurón con el que practicaban la caza de las pardelas, por lo que tendrán que pagar otra multa de 140 euros y se les inhabilita para la tenencia de animales durante cuatro meses.

Así lo ha hecho público la ONG SEO/BirdLife, que estaba personada en la causa como acusación popular y también ha tenido que aceptar este acuerdo para que pudiera dictarse la sentencia de conformidad, que ya es firme. No obstante, desde la organización subrayan que reclamaban una condena superior -de dos años de multa frente a los cinco meses en los que se ha fijado por el delito de caza de pardelas, lo que hubiera supuesto unos 4.000 euros más- y, sobre todo, que se incluyera también la responsabilidad civil. En concreto, señalan que esto hubiera supuesto el pago de otros 2.400 euros, a razón de 600 euros por cada ejemplar de pardela que mataron, que es lo que recoge la normativa canaria.

"Nos parecía lo más justo que se incluyera esa indemnización porque es algo que han perdido todos los canarios y lo reclamábamos no para nosotros, sino para toda la sociedad. Es un dinero que hubieran abonado al erario público por los daños producidos", explica el abogado de la ONG, que señala que la Fiscalía se ha opuesto y finalmente no han conseguido que se incluyera en el acuerdo de conformidad con los acusados.

Aún así, la asociación celebra este nuevo fallo que condena de nuevo la caza de pardelas en Lanzarote. “La caza ilegal es una práctica que causa la muerte de más de 26 millones de aves al año solo en Europa y la cuenca Mediterránea. El ejercicio de la acción popular de las ONG está permitiendo el impulso de los procedimientos legales que se abren por estos delitos y contribuir a la conservación de especies protegidas actuando en los tribunales”, afirma el responsable del programa legal de SEO/BirdLife, David de la Bodega.

Los hechos se produjeron el pasado mes de septiembre, cuando un socio de esta asociación observó que varias personas miraban en varios agujeros y grietas en la zona costera de Charco del Palo. Tras el aviso, el Seprona de la Guardia Civil sorprendió a tres personas con un hurón y un saco que contenía cuatro cadáveres de ejemplares jóvenes de pardela cenicienta canaria, lo que llevó a estos tres vecinos de Tinajo a reconocer que estaban cazando la especie con ayuda de un mustélido. Por ello, fueron detenidos como supuestos autores de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna, aunque uno de ellos era menor de edad y no ha sido juzgado en esta causa.

Desde SEO/BirdLife explican que han actuado en este caso como acusación popular en los tribunales "con el objetivo de conseguir una sentencia que permita conservar a la especie protegida, reflejar las consecuencias legales que tiene su caza ilegal y sus nidos y disuadir de su comisión". De hecho, subrayan que "éste es uno de los objetivos específicos del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza para mejorar la eficacia de las acciones dirigidas a luchar contra los delitos ambientales".