Política

Ástrid Pérez preguntará al consejero de Justicia por el retraso de las pruebas periciales en el caso de Romina

La parlamentaria del PP considera “intolerable” que el Instituto de Medicina Legal, dependiente del Gobierno de Canarias, tardara dos años en emitir un informe pericial

Ástrid Pérez en el Parlamento de Canarias

La diputada del Grupo Parlamentario Popular por Lanzarote, Astrid Pérez, preguntará al consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, “por las actuaciones que realizó el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el caso de Romina Celeste”, la mujer que presuntamente fue asesinada y descuartizada por su pareja en enero de 2019. El acusado, Raúl Diaz Cachón, fue puesto en libertad el pasado mes de enero tras haber pasado cuatro años en prisión provisional, el tiempo máximo permitido por la ley, sin tener aún fecha para el juicio. 

La diputada regional considera que la gravedad del caso requiere “que se conozcan todos los datos y la verdad sobre lo ocurrido con uno de los informes periciales elaborados por el Instituto de Medicina Legal”, órgano dependiente de la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias, y por el que se estuvo esperando durante casi dos años, tal y como denunció la abogada de la familia de la víctima. 

Para Astrid Pérez, es fundamental que el titular de Justicia “explique cómo es posible que haya que esperar dos años por un informe” en un caso como el de Romina, que fue descuartizada y quemada por su pareja, “y también algo esencial, si alguien va a dimitir, o no, ante esta negligencia”. 

La diputada señala que, con independencia de qué parte lo solicite y los motivos de  la petición, resulta “intolerable” que un informe o prueba pericial que se solicitó en enero de 2020 fuera remitido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en abril de 2022, tras habérsele dado un ultimátum de diez días por parte del Juzgado correspondiente. 

Astrid Pérez asegura que “este tipo de actuaciones no se deben permitir” porque la suma de circunstancias puede derivar en que, como ha ocurrido en el caso de la joven Romina, se agote el plazo máximo de prisión provisional sin que se haya celebrado el juicio y el acusado quede en libertad. “Si el problema es de recursos, que se pongan, pero lo que no podemos permitir es que este tipo de hechos se repitan”, denuncia Pérez, que reitera una vez más que “es muy preocupante que casos de esta naturaleza se dilaten tanto en el tiempo porque al final la justicia deja de ser justa”, declara.