Los informes del acuífero de Timanfaya se incorporan al caso Stratvs y Carlos Soler declarará como perito

Su estudio sobre los aljibes y nacientes de la zona se utilizará para acreditar el presunto delito contra el medio ambiente por los vertidos contaminantes, ya que confirma que bajo la bodega habría aguas subterráneas

Los informes del acuífero de Timanfaya se incorporan al caso Stratvs y Carlos Soler declarará como perito
Los informes del acuífero de Timanfaya se incorporan al caso Stratvs y Carlos Soler declarará como perito

La acusación popular ha aportado una nueva prueba durante la primera jornada del juicio del caso Stratvs, con la que pretende apuntalar una de las acusaciones que pesan contra el empresario Juan Francisco Rosa, por los vertidos contaminantes de la bodega. El nuevo documento, que ya ha sido admitido por la Sala de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, es el estudio realizado por el equipo del ingeniero Carlos Soler sobre los aljibes y los nacientes que rodean a la zona de Timanfaya, que confirma que bajo Stratvs habría aguas subterráneas. Esto, que viene siendo negado por la defensa de Rosa desde el inicio de la instrucción, es clave para acreditar ese delito contra el medio ambiente.

El estudio de Soler se realizó por encargo del Cabildo de Lanzarote y a través del Consorcio del Agua, después de que el anterior grupo de Podemos en el Cabildo, encabezado por Carlos Meca, presentara en mayo de 2017 un informe previo que encargó a este mismo ingeniero, y que apuntaba a la existencia de un gran acuífero bajo Timanfaya. Para completar ese primer dictamen se realizó esta segunda fase del estudio por encargo del Consorcio, con un inventario de fuentes en la zona.

 La fuente es al acuífero como el témpano al iceberg, en ambos casos el mayor volumen de agua dulce está debajo, apunta ese informe, que concluye que las fuentes encontradas demuestran la existencia de un acuífero asociado a la alta permeabilidad de los materiales arrojados por el Timanfaya. Ahora, además de servir para determinar si ese acuífero puede ser aprovechado para abastecer de agua a la isla, el estudio de Soler también se utilizará en el caso Stratvs, para probar la existencia de aguas subterráneas en la zona, ya que ha detectado un aljibe y un naciente en el barranco del Obispo, donde se levantó la bodega.

 

Petición de la acusación popular y apoyada por la Fiscalía


En contra del escrito de defensa, que dice que debajo de Stratvs no hay una bolsa de agua, este informe viene a decir lo contrario, ha sostenido durante el juicio la fiscal, que se ha adherido a la petición de la acusación popular, ejercida por Transparencia Urbanística, de incorporar este estudio a la causa. Además, ha solicitado que Soler declare como perito, lo que también ha sido aceptado ya por la Sala, al guardar relación directa con el delito contra el medio ambiente que se está juzgando dentro de este procedimiento.

Ni siquiera el abogado de Juan Francisco Rosa, José Antonio Choclán Montalvo, se ha opuesto a la admisión de esta nueva prueba y de la declaración de este perito, ya que él mismo ha aportado varios documentos nuevos durante la primera jornada del juicio. Sin embargo, sí se han opuesto sin éxito otros dos letrados de la defensa.

Uno de ellos ha sido el abogado del otro acusado por este delito, el ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, que ha pedido que no se admitiera esta nueva prueba alegando que no habían tenido tiempo a estudiarla, dado que se les ha entregado durante la vista en un pendrive. Sin embargo, el presidente de la Sala no ha atendido su petición y le ha respondido que en todo caso podían haber pedido que se suspendiera la vista para poder analizarla, pero no impedir que fuera aportada a la causa.

 

Varios informes advertían de los vertidos contaminantes


Hernández Duchemín está acusado en el caso Stratvs por haber informado favorablemente a la concesión de un permiso provisional a la bodega para la emisión de vertidos, pese a que él mismo había informado antes que el sistema de depuración no cumplía con la normativa y que Rosa debía instalar un sistema de depuración. Además, también había informes que advertían de que esos vertidos eran contaminantes, incluido uno emitido por el vigilante de cauces, que realizó una inspección dentro de ese mismo expediente.

Además, aquel permiso era provisional y sin posibilidad de prórroga, pero cuando caducó, el Consejo tampoco actuó y la bodega siguió funcionando durante años sin tener una autorización en vigor, hasta que en diciembre de 2013 fue precintada por orden de la juez que instruyó esta causa, Silvia Muñoz. 

Del mismo modo, la instrucción reveló que aunque el permiso provisional autorizado por Hernández Duchemín establecía que debían realizarse analíticas periódicas de carácter mensual para garantizar la calidad de las aguas, esas muestras nunca se tomaron. Las únicas que constan fueron dos aportadas por el propio empresario y eran de dudosa procedencia, según la magistrada instructora, ya que no se acreditaba ni cómo ni dónde se tomaron.

 

Rosa repite peritos, uno de ellos redactor de la Ley del Suelo


Además de estas nuevas pruebas solicitadas por la acusación, durante la primera jornada también se han admitido otros documentos y peritos aportados por las defensas. En el caso de Rosa, ha presentado nuevos informes periciales de Blanca Lozano y de Francisco Villar Rojas, que fue uno de los redactores de la Ley del Suelo aprobada por el Gobierno de Fernando Clavijo. 

Esa Ley ya fue utilizada por el empresario en su defensa en el primer juicio de esta causa, alegando que con la nueva normativa podría legalizarse. Sin embargo, tal como ha recordado la abogada de la acusación popular, esos argumentos no fueron acogidos en su momento por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ni tampoco el intento de utilizar el Plan Especial de La Geria, que ya en ese momento había sido declarado nulo por una sentencia firme.

La defensa de Rosa también ha aportado un nuevo informe de parte de un geólogo, así como la escritura de compraventa de los terrenos donde se levantó la bodega y que pertenecían a la familia Negrín. Gracias a ese acuerdo cerrado poco antes del juicio, el empresario consiguió que éstos se retiraran de la causa, donde ejercían la acusación particular como perjudicados por la usurpación de sus terrenos.

Por último, entre otras cosas, el abogado del empresario también ha aportado sentencias relativas a otras bodegas, en las que los promotores de obras terminaron resultando absueltos. Al respecto, la Fiscalía se ha opuesto subrayando que son circunstancias diferentes, que en esos casos eran ampliaciones de bodegas históricas existentes y que solo van a causar confusión, aunque la Sala ha decidido también admitirlas a expensas de su posterior valoración.

De hecho, lo mismo ha hecho con todos los documentos que se han aportado por las distintas defensas, incluyendo un certificado de la declaración de uno de los acusados, el técnico del Gobierno de Canarias Faustino García Márquez, como Hijo Predilecto de Gran Canaria en 2017. No tiene ninguna relevancia. No negamos su currículum ni su valía, pero aquí estamos hablando de unos hechos muy concretos, ha señalado por su parte la fiscal.

 

El responsable del Catastro alega que no era funcionario


En cuanto a la acusación popular, también ha aportado nuevos expedientes del Ayuntamiento de Yaiza, uno de ellos que llevó a la orden de cierre del restaurante y otros dos sobre la tienda y la bodega, iniciados a raíz de que arrancara la instrucción de esta causa. 

Por su parte, la defensa del que era responsable del Catastro de Yaiza, Blas Noda, ha presentado documentos que afirma que acreditan que no tenía la condición de funcionario público cuando ocurrieron los hechos, que en realidad su puesto era como vigilante de Los Ajaches, que llevaba al frente del Catastro apenas un año y que solo en 2011 pasó a ser reconocido como personal laboral a través de una sentencia. 

La importancia de este dato está en la pena que se puede solicitar para él. De hecho, la Fiscalía ha aumentado su solicitud en la primera jornada del juicio, ya que en el escrito de calificación provisional se había solicitado esa pena como si el delito de falsedad documental por el que está acusado lo hubiera cometido un particular, cuando el Código Penal establece una pena superior cuando se trata de un funcionario público. Así, ha aumentado su solicitud a cuatro años de prisión, dos meses de multa y tres años de inhabilitación.

En cuanto a la abogada de José Francisco Reyes, en la primera jornada se ha limitado a adherirse a las cuestiones previas planteadas por el resto de defensas, ya que se trata de una abogada de oficio y ha explicado que le han asignado la causa recientemente, por lo que no ha podido estudiar aún en profundidad los miles de folios de los que consta el sumario. Reyes está actualmente en prisión cumpliendo una de las condenas que tiene ya a sus espaldas, y ha acudido al juicio esposado y custodiado por agentes de la Policía Nacional.

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