RECLAMA QUE ENTRE TODOS PAGUEN UNA MULTA DE CASI 9 MILLONES DE EUROS

La Fiscalía pide 25 años de cárcel para Reyes y 5 para su mujer y sus hijos

El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, se enfrenta a una petición de 25 años de cárcel dentro del caso Yate, que durante años ha investigado la concesión masiva de licencias ilegales en el municipio. La Fiscalía presentó ...

La Fiscalía pide 25 años de cárcel para Reyes y 5 para su mujer y sus hijos
La Fiscalía pide 25 años de cárcel para Reyes y 5 para su mujer y sus hijos

El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, se enfrenta a una petición de 25 años de cárcel dentro del caso Yate, que durante años ha investigado la concesión masiva de licencias ilegales en el municipio. La Fiscalía presentó la pasada semana el escrito de acusación definitiva contra las doce personas que podrían ir a juicio en esta causa.

Junto a Reyes, están acusados su mujer y tres de sus hijos, en este caso por blanqueo de capitales, al haberse beneficiado del dinero presuntamente ilícito obtenido por el ex alcalde a cambio de la concesión de licencias ilegales. La Fiscalía pide cinco años de prisión la mujer de Reyes y otros cinco para tres de sus hijos. Además, reclama una multa de casi 9 millones de euros para la familia de Reyes (6 millones debería abonarlos el ex alcalde y el resto, en distintas cuantías, su mujer y sus tres hijos).

Además, también pide que sean decomisados distintos bienes de la familia, entre los que se incluyen una vivienda en La Laguna y otra en Barcelona, con sus respectivas plazas de garaje, la embarcación "El Pachi", cinco vehículos, dinero de diez cuentas corrientes y hasta mobiliario y electrodomésticos que adquirieron con dinero en efectivo y de procedencia desconocida, incluyendo efectos de decoración, material náutico, distintos muebles y hasta un spa.

Prisión e inhabilitación para tres técnicos

Junto a Reyes y su familia, también están acusados tres técnicos municipales. La acusación más grave pesa sobre el secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, para el que la Fiscalía pide 6 años y medio de cárcel y 24 años de inhabilitación, por presuntos delitos de prevaricación urbanística y malversación. A él se suma el aparejador municipal Alfredo Morales, para el que el fiscal pide dos años de cárcel y 10 de inhabilitación por prevaricación urbanística, en relación al informe que emitió para conceder la licencia al puerto Deportivo Marina Rubicón.

El tercer técnico acusado es el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, para quien no se pide cárcel sino inhabilitación, por tiempo de diez años. En su caso, su imputación está ligada a su intervención en el expediente que permitió aprobar el Plan Parcial Playa Blanca, que ya ha sido declarado ilegal por los Tribunales.

Otros cuatro acusados

Junto al ex alcalde, sus familiares y tres técnicos de Yaiza, la Fiscalía ha formulado acusación contra otras cuatro personas: José Rafael Mesa Ferrer, Manuel Benito Mesa Ferrer, Antonio Marcelo Machín y Simeón Camacho. Los dos primeros, como asesores fiscales, ayudaron supuestamente al alcalde a blanquear sus cuentas a través de una "sociedad pantalla", Sea Sun Lanzarote S.L., en la que se encargaban de la contabilidad. Para ellos, la Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel.

Los otros dos, según la Fiscalía, pertenecían al "círculo íntimo de amistad" de José Francisco Reyes y le ayudaron a ocultar su patrimonio, pese a que "conocían el origen delictivo de los fondos que manejaban". Presuntamente, lo hicieron a través de la sociedad Acuimar Cachazo, en la que figuraban como titulares una de las hijas de Reyes, junto a Antonio Marcelo Machín y Simeón Camacho. Ambos se enfrentan a una petición de 3 años de cárcel.

La acusación

El escrito que se ha hecho público este viernes, y que está firmado por el fiscal decano de medioambiente de Las Palmas, Javier Ródenas, y el fiscal asignado a la sección de medio ambiente en Lanzarote, Ignacio Stampa, que instruyó la causa desde su inicio, tiene dos partes claramente diferenciadas.

Por un lado, se formula acusación por delitos de prevaricación urbanística consistentes en la concesión de licencias de construcción de establecimientos hoteleros entre los años 1998 y 2003. Por otro, se imputan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, actividades y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y falsedad documental, "relacionadas fundamentalmente con incrementos patrimoniales no justificados y encubrimiento de los mismos a través de personas o sociedades interpuestas", según subraya la Fiscalía.

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