por VÍCTOR CORCOBA HERRERO
Su vida vale lo que vale la suerte. El mar, la mar de los poetas, trenza el verso interminable de los sueños. Llegar a la otra orilla como sea, a cualquier precio, es una necesidad para saciarse de justicia, aunque luego tampoco la encuentran porque, en el mundo del bienestar, la ley es más ley de poder que de vida. En consecuencia, soy de los que pienso que, a la vista del carácter plural de nuestras sociedades, así como de los efectos homogeneizantes de la globalización, la propuesta de una ley natural válida para todos los seres humanos es tan precisa como justa, tan urgente como esencial. Los organismos internacionales deberían ir pensando en ello.
A nuestras costas llegan nubes de pateras que vienen cargadas de tormentos. Otras se quedan por el camino como el arca de Noé. Son vidas humanas, una lluvia de almas, que desean reencontrarse con un sol de justicia que le haga olvidar las lágrimas. Nos piden una oportunidad. Y en ello, va su dura existencia ¿Cómo no hacer valer sus derechos? Quizás primero en su propio pueblo, que consiente que lo único que avance sea la plaga del tráfico de seres humanos. Al traficante le resulta demasiado fácil ofrecer sus servicios a las víctimas que se mueren en la pena de la opresión.
Considero también que el problema de la inmigración no se soluciona con regularizaciones masivas como las que ha habido en España en los últimos años, sino más bien con políticas de intervención internacional en las que se impliquen los Estados. Porque ésto es un problema de la familia humana. Aquí hemos querido poner en práctica lo de ser nación de naciones y nadie ha puesto límites legales. Se ha corrido la voz de que es fácil entrar sin papeles y los traficantes se han frotado las manos. La cuestión es verdaderamente alarmante. El delegado del Gobierno en Canarias, ha calificado la situación de "emergencia nacional". Yo creo que es de urgencia humana, con lo que eso conlleva por parte de todos los humanos habiten en el Estado que habiten, de socorrer al afligido.
Sin embargo, no debemos confundirnos, ni confundir al vecindario. El problema no es abrir las puertas y dejar pasar. Hace falta una política de coherencia que implique a todos los colectivos e instituciones, organismos internacionales y Estados afectados. Ahí está, para dolor nuestro, la grave y angustiosa situación que todavía sufren miles de inmigrantes indocumentados que viven de manera estable entre nosotros y que, en una mayoría de ocasiones, padecen experiencias laborales próximas al esclavismo y a la indefensión más absoluta.
En consecuencia; una de dos, si los ilegales se legalizan han de tener los mismos derechos que cualquier ciudadano español desde ya; y, si no se legalizan, hemos de actuar con contundencia para frenar el comercio que esto mueve. No se puede permitir, por más tiempo, que los traficantes de vidas humanas en sus países de origen, como los explotadores de la marginalidad en la España democrática, sigan poniéndose las botas con este indigno negocio, aprovechando la desesperación en la que viven ciudadanos con corazón.
