Tras la comparecencia, el pasado lunes 15, del presidente del Gobierno, del líder de la oposición, y de los restantes portavoces de los grupos del Congreso de los Diputados, sobrevive la incertidumbre sobre si es posible, en este ...
Tras la comparecencia, el pasado lunes 15, del presidente del Gobierno, del líder de la oposición, y de los restantes portavoces de los grupos del Congreso de los Diputados, sobrevive la incertidumbre sobre si es posible, en este tiempo de enconamiento, hallar una posición común y una auténtica estrategia de Estado en materia antiterrorista, tal y como demanda la mayoría de la sociedad española tras el reciente atentado de la banda ETA en el aeropuerto de Barajas. A este esfuerzo por el sentido común y la lealtad a valores inmutables de nuestra democracia dedica sus mejores esfuerzos Coalición Canaria, y lo seguirá haciendo en el futuro. Lo haremos porque, si bien somos conscientes de nuestro limitado papel en el diseño de una política encaminada a terminar con la lacra terrorista, también lo somos de nuestras convicciones, acreditadas por la trayectoria inequívoca de una organización que ha apoyado a todos los gobiernos de España a la hora de abordar la política antiterrorista.
Nuestro crédito, en este campo, se traduce, pues, en los principios que compartimos, y también en las responsabilidades que hemos sabido asumir en diversas coyunturas políticas. En el año 2000 apoyamos el Pacto por las Libertades y el Terrorismo que suscribieron el Partido Socialista y el Partido Popular, y en 2002 expresamos con el voto favorable en las Cortes nuestro respaldo a la Ley de Partidos Políticos. En ambos casos, mantenemos nuestro criterio de apoyo a tales herramientas, que creemos eficaces en la lucha contra la barbarie. Al mismo tiempo, Coalición Canaria ha expresado siempre su reconocimiento a todos aquellos instrumentos del Estado que cooperan en la defensa de las libertades frente a la amenaza terrorista, caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Poder Judicial, al mismo tiempo que abogamos por el mantenimiento y refuerzo de la cooperación internacional en la lucha contra toda forma de terrorismo.
Pero tampoco podemos olvidar que la unidad de la sociedad española es un activo fundamental para la defensa de la convivencia, la libertad y el Estado de Derecho. Por todo ello, el debate del pasado lunes planteaba ciertamente la absoluta necesidad de escenificar la coincidencia de todas las fuerzas democráticas en la estrategia contra cualquier forma de violencia terrorista, junto al compromiso implícito de practicar esa unidad, a partir de entonces, en todos aquellos foros en los que nuestra democracia se expresa; y además de hacerlo sin trampas, sin interpretaciones a favor de parte, sin visiones más relacionadas con el interés partidario que con el deber que nos encomienda la sociedad española en este difícil trance.
Las ciudades españolas se vieron pobladas el sábado 13 por concentraciones ciudadanos que, frente a todos los escenarios de crispación, dejaron claro que frente al terrorismo es casi todo lo que une, y, en todo caso, muy poco lo que nos separa. Contemplamos escenas dolorosas, emotivas, que nos dejaron claro el sinsentido del terror y nos marcaron el camino a seguir. Algo debimos hacer, y hacer mejor, para que las discusiones sobre la presencia de este o aquel, sobre los mensajes de las pancartas, se tradujeran en una fisura de la unidad. Para nosotros está claro que los convocados éramos todos los demócratas, y el lema, unidos contra el terrorismo.
El nacionalismo canario, que ha apoyado el esfuerzo de todos los gobiernos estatales sin excepción en su combate contra la lacra terrorista, se ve obligado a recordar, también ante la opinión pública de las Islas, no sólo la pertinencia, sino la necesidad de que semejante combate no sea simplemente una tarea de Gobierno, sino una estrategia de Estado. Ello supone adoptar una posición incluyente entre demócratas, y renuncia a la visión partidaria y los vetos a priori entre fuerzas políticas unidas en su rechazo diáfano a cualquier forma de violencia y menoscabo de la libertad.
El atentado terrorista cometido por ETA el pasado 30 de diciembre, obvio pero no ocioso es recordarlo, es exclusiva responsabilidad de ETA y su visión totalitaria. A partir de esta evidencia, de entre las ruinas de la tragedia, y con el recuerdo de las víctimas, de las recientes y de las del pasado, siempre en la mente y los corazones, la adopción de una estrategia común aparece como una exigencia democrática de primer orden. Y corresponde al Gobierno del Estado, precisamente porque lo es, asumir la primera responsabilidad en la tarea y cerrar las grietas recientes en el edificio democrático. Creemos que si se centra en ese objetivo no debería escuchar el Ejecutivo central cantos insidiosos desde las fuerzas democráticas. La sociedad española se da cuenta de que nos pasamos el tiempo exigiendo responsabilidad y sentido de Estado a los otros. Siempre a los otros, porque la autoexigencia se ha convertido al parecer en un principio político pasado de moda.
Coalición Canaria también expresó su voto favorable a la resolución aprobada en el Congreso el 17 de mayo de 2005. Lo hicimos en la convicción razonada sobre las virtudes de su contenido, que seguimos apreciando en su práctica totalidad. Me refiero incluso a aquellos que motivaron la controversia en el hemiciclo, y que atendían a la posibilidad de un eventual final dialogado de la violencia, responsabilidad exclusiva de ETA, fundamentadas, y cito literalmente, "en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción". Pues bien, hoy estaríamos de acuerdo con semejante principio, pero, a la vista de los acontecimientos durante los últimos meses, y en particular tras el brutal atentado en la terminal de Barajas, nadie en sus cabales puede considerar que semejantes presupuestos de partida se cumplen ni siquiera mínimamente. Es más, debemos asumir, y apelo de nuevo a nuestra capacidad de autocrítica, que la vulneración de la letra y el espíritu de la citada resolución parlamentaria ha sido la norma, y no la excepción, a cargo de los violentos y sus colaboradores.
La política se basa en las realidades, y podemos decir por ello que no hay lugar para las ensoñaciones. Tampoco para el voluntarismo. Y por ahora se ha revelado como un ejercicio voluntarista la espera por algo que no se produce, y que es la simple condena de la violencia pronunciada por aquellos que aún siguen justificando la tragedia y utilizando eufemismos hipócritas que no consiguen esconder su visión totalitaria. Por ello estamos de acuerdo con el Gobierno, y con su ministro de Interior, cuando afirma que ninguna tregua de ETA resultará creíble tras este nuevo ejercicio de terror. Ningún partido democrático puede aceptarlo. Es absolutamente imposible sin una renuncia no gestual, sino efectiva, a cualquier conducta que suponga menoscabo a las libertades.
Por ello, y a partir de ahora, consideramos que ha llegado el momento de las fuerzas democráticas. Compartimos por ello la necesidad de un nuevo Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, y creemos que ese gran acuerdo democrático es posible pese a las lecturas partidistas surgidas tras el debate del pasado lunes. Abogamos por terminar de modo urgente con esta vocación patrimonialista de la verdad en política antiterrorista, tan acusada en el PSOE y el PP, y que les ha llevado en los días precedentes a un nuevo pugilato en busca de réditos a un debate que no puede quedar sometido a los cálculos preelectorales de éste o aquél. No con semejante asunto.
Este es un momento para la responsabilidad. Es una realidad inequívoca que ETA y su entorno han liquidado las expectativas creadas sobre un cese total de la violencia no sometido al chantaje y a la aceptación de precios políticos delirantes. Una vez cercenado este proceso, cada cual tendrá que rendir cuentas a la sociedad española, y ésta lo evaluará. Pero lo importante, lo esencial, es demostrar a ETA y su entorno que no van a derrotar a la democracia y el Estado de Derecho, a la aspiración de paz, libertad y justicia expresada por los ciudadanos.
Coalición Canaria no va a descansar en esta ineludible invocación a la unidad sin ambages. Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA en 1996, escribió un día que "todos somos Estado, todos los ciudadanos estamos dentro de él y no a su ribera". También afirmó, en un canto a la esperanza que vale la pena rememorar en estos días, que "el Estado democrático funciona, encaja errores y crímenes, delitos y faltas, pero también tiene cabida para los numerosos aciertos que lo constituyen". Es el momento de ir juntos y conquistar entre todos no sólo la paz, sino también la libertad.
Paulino Rivero Baute es presidente de Coalición Canaria y portavoz en el Congreso de los Diputados.
