Lanzarote no cambia. No escarmienta. Ésa es la sensación que puede quedar tras la última operación judicial que ha estallado en la isla. Y es que aunque algunos de los hechos que se investigan ahora son de hace casi una década, otros sucedieron justo después de que la operación "Unión" pusiera patas arriba la isla. Es decir, que aunque hace tres años se destapó un auténtico escándalo y fueron detenidos técnicos y políticos de Arrecife, las prácticas oscuras no desaparecieron del Ayuntamiento. Al menos, eso es lo que sostienen la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, el Ministerio Fiscal y el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife.
El problema es que además de determinadas personas, también está viciado el sistema. Si no, sería impensable todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo en la isla. De hecho, ésa es una de las principales evidencias que han puesto sobre la mesa las causas judiciales abiertas en la isla en los últimos años. Para que exista corrupción, no basta con una manzana "podrida".
Desgraciadamente, en Lanzarote ha habido demasiados políticos que han caído en la tentación, o que incluso conciben la política como un medio para lucrarse con negocios oscuros. Y también hay empresarios dispuestos a corromper. Pero unos y otros lo hubieran tenido muchísimo más difícil sin el papel de determinados técnicos y funcionarios.
De hecho, en la última operación judicial, uno de los dos principales imputados es precisamente un técnico de Arrecife, Carlos Sáenz. Nada menos que el interventor. El que tiene la última palabra sobre lo que paga y lo que no paga el Ayuntamiento. El que debe velar por la legalidad en materia económica.
Antes que él, también fueron detenidas en otra causa personas clave del Consistorio. Desde la jefa de Contratación, hasta el jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha. En su caso, tras quedar en libertad con cargos, volvió a su puesto en el Ayuntamiento, como si nada hubiera pasado. Casi un año después, fue detenido de nuevo, dentro de la segunda fase del caso "Unión".
Sin duda, y más allá de la presunción de inocencia que asiste a todos los imputados, el caso de Arrocha (que finalmente dejó ese cargo tras salir de prisión provisional) es todo un paradigma de lo que sucede en Lanzarote. Y es que mientras se siga manteniendo a gente bajo sospecha en cargos de tanta responsabilidad, bien sean técnicos o políticos, será imposible terminar con la sombra de la corrupción.
¿Qué tranquilidad pueden tener los ciudadanos cuando escuchan a sus representantes políticos decir que adoptan tal o cual decisión porque así lo avalan los informes "técnicos", si precisamente son muchos los técnicos que también están bajo sospecha? ¿Cómo se va a confiar en el sistema, mientras quienes deben velar por la legalidad en las instituciones están siendo investigados, detenidos e imputados?
El derecho a la presunción de inocencia no se le puede quitar a nadie, desde luego, pero en Lanzarote, se ha abusado demasiado de ese concepto. Y sobre todo, se ha olvidado el derecho que también tienen los ciudadanos a tener unas instituciones libres de sospecha, en las que poder confiar.
Sin embargo, en esta isla, ni siquiera las condenas sirven para apartar a alguien de su cargo. Tenemos el ejemplo en el Ayuntamiento de Yaiza. Alguien tan esencial para el funcionamiento de la Corporación como su secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, así como el aparejador de la Oficina Técnica, Pablo Carrasco Cabrera, tienen ya dos condenas (en primera instancia) a sus espaldas, por prevaricación urbanística, pero ahí continúan en sus puestos. Y eso, pese a que en los Juzgados se defienden diciendo que ellos en realidad no saben de casi nada, y que por eso hicieron los informes que hicieron, permitiendo la barbarie urbanística que se consumó en Playa Blanca.
Incluso aunque realmente no hubiera delito en su actuación, eso ya sería motivo más que suficiente para apartarles de sus cargos. Porque en Yaiza, el ex alcalde tampoco podría haber hecho todo lo que hizo, otorgando decenas de licencias ilegales, sin la pasividad o la colaboración directa de los técnicos. Y por eso, también tendrían que responder. Exactamente igual que los técnicos imputados en Arrecife.
No se trata de criminalizar a nadie. Ni a las personas que aún no tienen sentencias, ni muchos menos al colectivo de trabajadores. Pero lo que es evidente es que el sistema en Lanzarote ha fallado, y mucho. Y para corregirlo, no sólo va a bastar con la intervención de la Justicia, a la que encima se le está multiplicando el trabajo.
Los propios trabajadores y funcionarios deberían ser los primeros interesados en limpiar las instituciones. De hecho, algo sí se puede decir que ha cambiado en Lanzarote, a juzgar por cómo se inicio este último caso. Y es que fue un trabajador del Ayuntamiento de Arrecife quien presentó una denuncia en Fiscalía a finales del pasado año.
Aunque da miedo pensar el nivel al que se ha tenido que llegar en una institución para que un funcionario tenga que recurrir a la Justicia para evitar que se sigan cometiendo supuestas irregularidades en los pagos en un Consistorio, no deja de ser también un elemento para la esperanza.
Si la corrupción ha campado a sus anchas en la isla es porque ha habido muchas manzanas podridas, pero también muchas personas que han mirado para otro lado. Por eso, para empezar a sanear el sistema, es fundamental terminar también con la tolerancia y con el silencio cómplice.
