Estos días se está discutiendo en nuestro parlamento una propuesta de Ley Reguladora del Tratamiento de la Deuda Externa. Y es realmente una lástima que vayamos a perder esta oportunidad, ya que la ley que pretende aprobar el
gobierno no es ni de lejos la que necesitan los pueblos del Sur.
A nadie escapa que la Deuda Externa es una enorme losa que afecta el bienestar de millones de personas que, a pesar de no ser las responsables del endeudamiento de sus gobiernos, sí que sufren las consecuencias. En la
cuestión de la deuda externa es muy importante el tema de la responsabilidad: ¿Quién debe asumir la devolución de préstamos para compra de armas, para reprimir a la población o para financiar guerras? ¿Se deben devolver préstamos que fueron colocados directamente en paraísos fiscales por gobiernos corruptos? ¿Quién es el responsable de los muchos proyectos que nunca funcionaron o tuvieron impactos sociales y ambientales desastrosos, simplemente porqué fueron mal diseñados? ¿Quién debe pagar por todo ello? ¿Los pueblos del Sur, los antiguos dictadores y gobiernos corruptos, o los que dieron los préstamos sin importarles el destino del dinero?
Para saber quienes son los responsables de este endeudamiento ilegítimo, y poder exigir que paguen por ello, existe una única vía: realizar una auditoría pública integral de la deuda externa. Un estudio transparente y
exhaustivo sobre cómo y para qué se prestó nos puede ayudar a dilucidar si esa deuda es ilegítima y por lo tanto debe ser anulada.
Pero el partido en el gobierno no quiere ni oír hablar de auditorías, ni mucho menos de corresponsabilidad en el endeudamiento del sur, y va a dejar pasar esta ocasión aprobando una ley descafeinada, que sigue condicionando
la cancelación de la deuda a la adopción en los países del sur de políticas económicas favorables a "nuestros" intereses. De nuevo se demuestra que el discurso del presidente sobre la lucha contra la pobreza no son más que
palabras.
BERONIKA GARROSA MARTÍN
