Lo que ocurre en Lanzarote en los últimos años puede calificarse como un pulso al Estado de Derecho. Y ahí es poco. Las instituciones públicas dieron un apoyo unánime a las políticas de contención del crecimiento ...
Lo que ocurre en Lanzarote en los últimos años puede calificarse como un pulso al Estado de Derecho. Y ahí es poco.
Las instituciones públicas dieron un apoyo unánime a las políticas de contención del crecimiento turístico, apostando activamente por el desarrollo sostenible. Tuvimos el acierto de adelantarnos veinte años y posicionarnos de forma unánime en favor de un crecimiento acorde con nuestras necesidades y límites, sin dejarnos arrastrar por los antojos del mercado turístico. Lanzarote, isla pionera, Reserva de la Biosfera, orgullo de sus ciudadanos y ejemplo de equilibrio turístico y defensa de sus propias singularidades.
Pero ni las normas, ni las leyes, ni la fuerza de la sociedad organizada y armada de argumentos pudieron parar las ansias de dinero hoy y hambre para mañana de nuestros propios empresarios y de los políticos que ayer y hoy siguen gobernando. Las normas aprobadas por unanimidad se incumplieron concientemente, se guardaron en los cajones de los empresarios hoteleros, se despreció gravemente la voluntad popular y la ley. Alcaldes, abogados técnicos y empresarios se unieron en torno al color del dinero y en un alarde de indecencia y egolatría destrozaron, a su imagen y semejanza, el paisaje, la legalidad y la industria turística. Se comieron la gallina de los huevos de oros en diez años. Nos robaron el futuro.
Las personas que en el Cabildo han defendido la legalidad en el territorio y son pocas, triunfadores y por primera vez, públicamente señaladas: Leopoldo Díaz como director de la oficina del Piot, Esteban Armas como técnico de la oficina del Piot, Agustín Domingo Acosta como abogado del Cabildo, Fernando Prat como redactor de las normas territoriales, Enrique Pérez como representante político, la FCM y los numerosos colectivos, sindicatos y ciudadanos independientes que debatieron larga, abierta y públicamente sobre el interés general en contraposición al interés particular de los que se enriquecieron vilmente con el patrimonio de todos. El éxito profesional de esas personas, es el éxito de la isla, es el éxito de la ley.
Los juicios administrativos se ganaron por este equipo técnico apoyados por los diferentes presidentes del Cabildo que, oficialmente, continuaron con las medidas aprobadas por todos y para todos. Dimas Martín fue el presidente del Cabildo que más recursos presentó. Se ganaron todos, en todas las instancias. Mientras, abogados, constructores técnicos y alcaldes elaboraron al unísono un discurso poco creíble, rechazado en numerosas ocasiones por la ciudadanía y por los propios tribunales de justicia. El pulso a la ley se ha embrutecido al tiempo que las ejecuciones de Sentencia, con demolición incluida, solicitadas por la FCM llegan a los Ayuntamientos.
Carlos Espino denunció la trama antes los Tribunales de Justicia, y el resultado está a la vista de todos: alcaldes imputados, técnicos de los Ayuntamientos imputados, empresarios imputados. Unos por dictar resoluciones ilegales, otros por pagar por ellas y los demás allá por inducir al delito. Supuestamente claro, dado que el procedimiento se encuentra todavía en fase de instrucción. Las ejecuciones de Sentencia llegan a los Ayuntamientos y éstos inician el primer paso, que es la legalización de la planta hotelera ilegal. Se deben pedir de nuevo informes a los técnicos del Ayuntamiento y a los técnicos del Cabildo. Don Leopoldo y Don Esteban ya han informado negativamente en algún caso, dado que los hoteles siguen incumpliendo la ley.
Hace dos años un empresario del Sur le propuso a Carlos Espino dinero a cambio de agilizar su proyecto en Yaiza. Inéditamente, Carlos Espino denunció el intento cohecho y dicha denuncia derivó en una operación judicial sin precedentes en Canarias, con más de cincuenta imputados que enlazó magistralmente la trama del sur con la de Arrecife. La capital de la isla, objeto de una lucha encarnizada entre la sociedad civil y las fuerzas políticas. Muchas de las ramas derivadas de dicha instrucción ya habían sido objeto de denuncia por la ciudadanía; el parque Islas Canarias, las inauguraciones preelectorales, o las obras ilegales de la ciudad.
El resultado político de dichas intervenciones judiciales está a la vista de todos. El PP, el PIL, el CC, y el PNL, partidos directamente tocados por las oleadas de detenciones por corrupción, se juntan en un equilibrio indecente políticamente para echar al denunciante del poder y colocar a los imputados. Numerosos representantes públicos de estos partidos han declarado públicamente que no pactan con el PSOE porque su secretario general graba las conversaciones. El PSOE se quedó en minoría después de haber echado al PIL, tocado hasta las trancas por el presunto delito de asociación ilícita, pero la moción de censura del cuatripartito no se hizo esperar.
Es triste ver a los imputados y a los confesos pedir a gritos que se respete su presunción de inocencia mientras entran y salen de las instituciones públicas al calabozo, es vergonzoso verlos en el sillón del poder organizando campañas humillantes contra los denunciantes, contra los ciudadanos activos, contra los abogados, funcionarios y técnicos que han defendido la ley y el interés general. En una intervención pública semejante a las ruedas de prensa que realizaban al unísono los propietarios de los hoteles ilegales y siguiendo el guión de los panfletos anónimos titulados Tribunal Popular que circularon por la isla, el máximo representante político de la isla, autodesignado como juez y parte, justifica sus medidas para apartar de sus puestos al inspector de patrimonio, al director del PIOT, al técnico del PIOT, al abogado que ha ganado todos los pleitos y a los ciudadanos incómodos, agentes críticos y medios de comunicación que hacen pública la voz de la legalidad. Al tiempo que se rodea de asesores e íntimos amigos vinculados directamente con los imputados, manifiesta públicamente que le molesta que la información de los vínculos familiares de sus colaboradores se haga pública, pero usa a la instituciónpara atacar a la sociedad civil y a los medios de comunicación más críticos. No tiene pudor ni sentido de grandeza del cargo que ocupa. Tan alto es su ego que no mira más allá de sus narices, tan alta es su ambición que no mira más allá de una lista electoral que le proporcione la inmortalidad política.
Los informes de legalización de la planta hotelera que debe emitir el Cabildo están en el aire. Es un juego peligroso y contra el reloj, por un lado, la cabeza de lista del Cabildo para Coalición Canaria, la financiación del partido, y por otro, los tribunales de justicia penales, las ejecuciones de Sentencia y los terceros afectados por el Plan Parcial Playa Blanca que piden indemnizaciones y responsabilidades penales a los promotores. La vergüenza política en la isla crece hasta niveles alarmantes para cualquier democracia.
En mi opinión estamos ante un pulso al Estado de Derecho, un ataque a la democracia. Vemos con rubor las vergüenzas abiertas en canal de gran parte de la clase política y empresarial de Lanzarote, observamos alarmados un claro retroceso en el camino hacia un futuro que se presenta muy incierto económica, social y medioambientalmente. La ley no sólo prevé lo que se nos permite o se nos prohíbe, también nos hace iguales y libres. La corrupción es la primera de las piedras en el camino de la democracia. Democracia, libertad, igualdad, imperio de la ley, palabras vacías si no se atiende a la voluntad popular.
Casi del 50% de la población no vota, tenemos el índice de paro más alto de Europa, un fracaso escolar aterrador, una sistema sanitario deficiente, la industria turística hundida por el exceso de oferta, el agua sale del petróleo, el petróleo escasea, no producimos nada, tenemos que traer de fuera todo lo que comemos? Lo único que crece exponencialmente es el descrédito político y social. La dignidad y la ética por los suelos. Los presupuestos del Gobierno de Canarias nos ningunean y todavía algún Consejero cabildicio se atreve a adelantar que es por culpa de los que protestan por las ilegalidades hechas realidad en macro-obras innecesarias y de dudosa partida presupuestaria. Todavía hay quien defiende la carretera de Taniche como hito del progreso cuando no tenemos un solo parque eólico que nos libere de la dependencia del petróleo.
Heredamos el paraíso, proyectamos su futuro, votamos para que fuera estable, luchamos por la supervivencia y el resultado es que dejaremos a nuestros hijos la nada. Cada día que pasa defendiendo lo indefendible es un día perdido para el futuro. Señores del poder, dejen en paz lo que queda de la isla, cumplan la ley ydéjennos soñar con que otra Lanzarote es posible.
