A poca gente le ha gustado que la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, haya sembrado ciertas dudas en la forma en la que el actual grupo de gobierno que lidera va a afrontar el controvertido asunto de la denegación de licencias a todos ...
A poca gente le ha gustado que la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, haya sembrado ciertas dudas en la forma en la que el actual grupo de gobierno que lidera va a afrontar el controvertido asunto de la denegación de licencias a todos los establecimientos alojativos que incumplen la normativa vigente. Y no es para menos, la gente está muy cansada de que se dé a entender una y otra vez que la ley no es igual para todos, que únicamente se puede aplicar a los más débiles, dejando a los poderosos libres de cualquier responsabilidad.
Un buen ejemplo de esta lucha lo tenemos en Tinajo, donde por fin la justicia le ha dado la razón a los vecinos a los que se les quería derribar sus viviendas o hacerles pagar unas multas absolutamente desproporcionadas. Y es un buen ejemplo porque mientras esto sucede, mientras se tumba un muro en el campo nada más ponerse en pie, los grandes establecimientos alojativos comienzan a funcionar sin ningún tipo de licencia y sin que pase absolutamente nada.
Los titubeos de algunos políticos son los que hacen sospechar a la gente que detrás de algunas actuaciones puede haber gato encerrado. Más o menos todos tenemos claro que lo que no se conseguirá jamás, aunque no estaría mal para dar un buen escarmiento, es que se tire al piso uno de los grandes hoteles. Sin embargo, los ciudadanos tienen derecho a exigir a los responsables de lo público que apliquen la ley como se la aplican a ellos. Por tanto, si el Cabildo deniega la licencia de apertura y funcionamiento a todos estos establecimientos -tiene guasa que se hable de licencia de apertura cuando la mayoría llevan años abiertos al público y funcionando sin ningún tipo de problema-, lo lógico sería que acto seguido el Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Turismo, procediera a precintarlos. Ese precinto debería durar además el tiempo en el que los dueños de los hoteles o complejos tardaran en corregir las deficiencias por las que les ha sido denegada la licencia. De momento no se hace, no sabemos por qué.
La segunda parte de esta historia vendrá luego. Muchos de estos establecimientos alojativos están además recurridos por la Primera Corporación insular, por entender que las licencias de obra que les concedió o prorrogó en su día el Ayuntamiento de Yaiza, como ocurre también en Teguise con otros complejos similares, no se ajustan a derecho. ¿Qué ocurrirá si los tribunales dan finalmente la razón al Cabildo? Que tendremos hoteles o complejos de apartamentos absolutamente ilegales, con licencia de obra ilegal y sin ningún tipo de permiso para poder abrir al público. Triste pero real como la vida misma. ¿Se derribarán?
Por si esto no fuera suficiente, estamos comprobando que después de que fallara la campaña en la que se trataba de poner a los trabajadores de estos hoteles como escudos humanos frente a la acción del Cabildo, se está buscando otra estrategia: decir que se está perjudicando la imagen turística de la Isla en el exterior. Lo que perjudica la imagen en el exterior es que se ampare y defienda la ilegalidad, o que se haya sido cómplice de haber llenado un territorio tan pequeño como este con miles de camas que traen a miles de turistas que provocan que haya miles de colas en todas partes. Eso sí que ha deteriorado nuestra imagen en el exterior y no la lucha de algunos políticos del Cabildo.
