Pocas veces una sentencia es tan clara, tan terrenal en sus expresiones y tan contundente y dura como la que ha condenado a dos policías nacionales que prestaban servicio en Lanzarote. Se llaman Javier y Juan Carlos, y la Audiencia Provincial de Las Palmas considera probado que en su día libre, a las puertas de un bar de copas, detuvieron ilegalmente a una persona que no había hecho nada, le causaron lesiones, atentaron contra su integridad moral con insultos y vejaciones en comisaría y luego falsearon el parte mostrándose ellos como los agredidos.
Pero por si todo esto no fuera lo suficientemente escandaloso e inquietante, también plantea la sentencia que muchos de sus compañeros policías, que acudieron como testigos a la vista oral del juicio sufrieron amnesias repentinas y cambiaron el testimonio que habían dado durante la instrucción del caso.
"Hay cosas que ocurren pocas veces en la vida y no se olvidan. Afortunadamente, no es habitual que dos policías sean acusados de cometer determinados delitos", afirma la sentencia al respecto, dudando así de la palabra de la mayoría de los agentes que declararon como testigos. Pero además, en el caso de la agente 92.116, incluso llega a pedir que se depuren responsabilidades penales en caso de que hubiera incurrido en un delito de falso testimonio, ya que lo considera el ejemplo más "palpable".
Son los detalles que hacen clave una sentencia que además de demostrar que los supuestos representantes de la ley y el orden también pueden ser condenados, entra al fondo del funcionamiento de la Comisaría de Policía Nacional de Arrecife. Y es que no sólo deja clara su convicción de que muchos agentes, entre ellos obviamente los condenados, mintieron durante el juicio, sino que también ordena que se remita un oficio al Jefe Superior de Policía de Canarias para que "se pongan los remedios que sean necesarios a fin de que cuando un agente de policía ha sido insultado o agredido o similar, no realice con el detenido trámite alguno que no sea más que el indispensable para ponerlo a disposición de sus compañeros". Porque entre las muchas cosas que la Audiencia considera ilegales o irregulares en esta truculenta historia, está también la de que fueron los propios policías acusados, hoy condenados, los que participaron en la elaboración del parte de la detención, influyendo incluso en el agente que estaba de servicio, un "novato", diciéndole cómo debía redactarlo y llegando a gritarle que no tenía "ni puta idea".
Y la cuestión es que rodeados de testigos que vieron la irregularidad de los hechos, que tuvieron que pedir silencio ante los gritos que escuchaban mientras se redactaba el parte y que incluso vieron "empujarse" o "golpearse" entre risas a los dos agentes condenados mientras les trasladaban al un centro sanitario, aparentemente en un intento de fingir las supuestas lesiones que les había provocado el detenido, nadie puso fin a la situación. Y para colmo, la mayoría de los que acudieron como testigos al juicio, algunos de ellos con condenas anteriores por hechos que tampoco recordaban, cambiaron su declaración u olvidaron hechos clave, dañando aún más la imagen de un cuerpo que debería ser el primero en condenar y denunciar este tipo de hechos. Porque lo contrario no es proteger a unos compañeros ni el buen nombre de la Policía Nacional, sino fomentar desconfianza en lo que debería ser un referente y una garantía de la seguridad de los ciudadanos.
"Pocas cosas son tan ilustrativas de la maldad, crueldad y degeneración en las que a veces incurre el género humano como el ejercicio de la violencia y la humillación de quien se encuentra en una posición de inferioridad y desprovisto de la posibilidad de defensa. Se trata de una de las manifestaciones delictivas más grave en un Estado de Derecho". Con esa claridad define la sentencia la actitud de los dos policías condenados. Y con esa crudeza llega a la sociedad. Pero esta lamentable historia también tiene lecturas positivas.
La primera es la de que, al menos, los hechos han recibido su condena, lo que no deja de ser un triunfo de la Justicia, por más que aún cabe apelación. La segunda, la dan algunas de las personas que declararon, agentes de policía y testigos presenciales que, según la propia sentencia, constituyeron "honrosas excepciones" y fueron claves para poder emitir este fallo. Y la tercera, viene de la mano de esa persona, ese ciudadano que un día, sin comerlo ni beberlo fue pateado en plena calle, detenido e insultado, porque dos policías de juerga consideraron que su raza, su cara o sus andares eran motivo para ensañarse con él. Pero ahora ha conseguido que se haga Justicia, gracias a un fiscal que decidió actuar de oficio sentando en el banquillo a dos agentes del mismísimo cuerpo de la Policía Nacional. Y dejando en evidencia sus vergüenzas.
