El ocaso de la cantina

Isabel Lusarreta
27 de junio de 2019 (15:38 CET)
Actualizado el 23 de octubre de 2020 (12:22 CET)

Si algo hay que reconocerle a Pedro San Ginés en su despedida como presidente es que ha cumplido con creces aquella advertencia que realizó al tomar posesión del cargo hace casi una década: en los últimos diez años, ha manejado el Cabildo como un auténtico chiringuito. Y el problema no son solo las formas. El problema no es esa falta de "habilidades sociales" por las que pidió disculpas hace unos días. 

El calvario que ha hecho pasar a buena parte de los trabajadores, técnicos y juristas del Cabildo; sus constantes enfrentamientos con otras instituciones, con organizaciones civiles, con socios de gobierno y hasta con compañeros de partido; las batallas en las que ha metido a la Corporación; y el hecho de que en este tiempo se haya peleado hasta con su propia sombra hacen que se le quede enorme incluso el cargo de cantinero que se autoadjudicó, pero ni siquiera eso es lo más grave. El verdadero problema es el fondo de lo que ha ocurrido durante todo este largo y oscuro periodo, en el que ha puesto la institución a su servicio y al de determinados empresarios.

Las causas penales que tiene pendientes San Ginés son solo la punta de un enorme iceberg que quizá ahora pueda empezar a deshacerse, como en su día se deshicieron otros. Repite San Ginés que ha sido "el presidente más denunciado de la historia", pero hasta en eso miente. Ese dudoso honor lo ostenta otro que le antecedió en el cargo, Dimas Martín, que seguro que también podrá presumir de haber sido el que más causas archivadas tiene, especialmente en sus inicios. Así que cuando San Ginés se atribuye ese récord, también falta a la verdad. De hecho, en su caso lo cierto es que siguen abiertas todas las que han llegado a los Juzgados de Instrucción, e incluso en una ya se ha ordenado la apertura de juicio oral, por más veces que se empeñe en repetir lo contrario.

Por desgracia, ése ha sido otro de los problemas que ha marcado esta década de poder de Pedro San Ginés: el creer que sus deseos y su voluntad estaban por encima de los tribunales, de las sentencias, de las leyes y de la propia realidad. Por eso lleva diez años "interpretando" a su manera tanto los varapalos judiciales que ha sufrido el Cabildo bajo su mandato, como las propias causas penales en las que él está inmerso personalmente.

Por eso ha buscado argucias para evitar ejecutar sentencias firmes y ha mentido -y ha hecho mentir al gabinete de prensa del Cabildo- asegurando que estaban archivadas. Por eso ha ocultado sentencias. Por eso ha comprado silencios. Por eso ha intentado vender que los malos eran los que lo hacían público, usando los mismos argumentos que en su día emplearon otros políticos que hoy duermen en Tahíche.

Ahora, alejado de la Presidencia, San Ginés no solo se ha quedado sin coches oficiales que ha manejado como si fueran propios y sin viajes y vacaciones pagadas por los lanzaroteños. Con la Presidencia también ha perdido el arma de propaganda en la que había convertido el departamento de prensa de la institución -y también a muchos medios de comunicación de esta isla-, pero, sobre todo, ha perdido la capacidad de seguir utilizando el Cabildo para continuar su huida hacia adelante. Ha perdido la capacidad de ocultar sus huellas, de negociar convenios que le sacaran de los entuertos en los que él mismo se había metido o había metido a la institución, de tapar un pufo con otro, de intentar burlarse de los ciudadanos y de la Justicia.

Hoy se enfrentará a los tribunales alejado del poder, como en su día tuvieron que hacerlo el propio Dimas Martín, José Francisco Reyes o María Isabel Déniz. Y también, si el nuevo grupo de gobierno cumple el compromiso que ha asumido, se enfrentará a ver abiertas todas las gavetas que ha mantenido cerradas y ocultas durante una década.

De momento, la pequeña parte que hemos podido conocer durante este tiempo ya pone los pelos de punta y sería suficiente, al menos, para una condena social. De hecho, algunos de los mayores escándalos de su gestión -como dilapidar 1,6 millones de euros en comprar una casa en ruinas a la familia de su "novia sobrevenida", o gastar una millonada en manchar la memoria de Manrique creando un nuevo centro turístico frente al puerto deportivo ilegal de Juan Francisco Rosa- ni siquiera están judicializados. Otros, como la adjudicación del agua a Canal de Isabel II, de momento no han llegado a la vía penal, aunque el TSJC sí ha sentenciado ya que introdujeron "sorprendentes alteraciones" en los pliegos "en beneficio" de esta empresa que resultó adjudicataria, por lo que ordenó revisar el procedimiento, en una sentencia que San Ginés ha venido ocultando y eludiendo ejecutar.

La pregunta, como en tantos otros asuntos turbios, es "por qué". Por qué San Ginés se resistió a que se revisara ese procedimiento si realmente tenía la conciencia tranquila. O yendo más atrás, por qué no convocó un nuevo concurso cuando el primero quedó desierto, en lugar de acudir a un procedimiento negociado; por qué en lugar de apoyarse en los técnicos del Cabildo buscó asesoramiento en su también "sobrevenido" amigo Ignacio Calatayud -que después terminó siendo trabajador sobrevenido de Canal-; por qué no había un informe por escrito aclarando qué aspectos eran susceptibles de negociación y en qué límite; por qué no se realizó una valoración real y detallada de la oferta económica de cada empresa; por qué se contrató para hacer los pliegos y valorar luego la oferta técnica a un ex directivo de Canal, que además está actualmente imputado por pagar sobornos, junto a buena parte de la cúpula de la empresa con la que negoció y firmó el contrato San Ginés.

La lista de preguntas solo con este tema sería inmensa, y habría que hacerla extensiva también a lo que sucedió después, cuando tras privatizar la gestión del agua decidió incautar la desaladora de Montaña Roja para regalársela a Canal Gestión, de nuevo asesorado por Calatayud. Eso es lo que debería explicar el ya ex presidente, en lugar de venderse como una víctima por tener que sentarse en el banquillo por esa incautación; o por tener que responder en otras causas por adjudicar contratos a dedo utilizando la situación de emergencia hídrica que él mismo declaró; o por los pagos a Ignacio Calatayud; o por la dudosa resolución del concurso del centro de transformación de la cochinilla.

La estrategia del victimismo no es nueva. Hace 20 años, Juan Carlos Becerra ya acusó de hacer lo mismo a su ex compañero Dimas Martín. "Intenta convencer a los ciudadanos de Lanzarote, con lágrimas de cocodrilo, de que es una víctima. Una víctima de los ciudadanos, de jueces, de fiscales, de políticos, de toda la humanidad que se ha unido contra él", dijo entonces Becerra. ¿Les suena? Pues aún hay otras similitudes. En aquel momento, el que había sido mano derecha de Dimas también dejó muy claro que conocía perfectamente cómo actuaba. De hecho, quizá por la imprudencia de la época -cuando parecía que la Justicia apenas existía en Lanzarote- ambos se acusaron mutuamente, a veces con insinuaciones y otras con acusaciones directas, de todo tipo de delitos, en los que Dimas señaló también a Pedro de Armas

Unos 15 años después, y quizá arrastrado por esa incontinencia verbal que le ha jugado más de una mala pasada, San Ginés empleó en 2013 un discurso similar para hablar de un compañero al que conocía muy bien, y con quien en ese momento estaba en plena batalla. "Algunos estamos más tranquilos desde que usted no es consejero de Residuos", le dijo en un Pleno a Sergio Machín, a quien le acababa de retirar las competencias del área por las adjudicaciones millonarias que se iban a realizar en el vertedero de Zonzamas, alegando que requerían la "solución directa de la Presidencia". 

Así, en una sola frase no solo dejó claro que tenía motivos para desconfiar del que era y siguió siendo después su compañero de partido y de gobierno -al que no solo no denunció donde correspondía, sino que incluso defendió después, cuando Sergio Machín fue detenido en una causa por la que ahora está a la espera de juicio, acusado de cobrar sobornos a cambio de adjudicaciones ilegales desde el Cabildo-, sino que San Ginés también admitió que sabe perfectamente que los concursos se pueden amañar, siempre que uno encuentre los cómplices adecuados.

Y eso, que es una obviedad y ha quedado demostrado en infinidad de causas judiciales, es algo que San Ginés insiste ahora en negar. Cuando el investigado es él, ya no se presenta como "esta Presidencia" omnipotente y omnipresente que debe dar una "solución directa" a cada concurso millonario. Cuando se enfrenta a las denuncias y a los jueces, entonces se acoge al manual del político imputado, que consiste en afirmar que él no sabe ni entiende de nada y que solo hace lo que le dicen los técnicos y los "servicios jurídicos". Sin embargo, en su caso, el problema es que en sus más polémicas actuaciones ni siquiera hay informes técnicos ni jurídicos de funcionarios de la Corporación (más allá de los de algunos que están acusados junto a él).

En la mayoría de los casos, además de apartar a todos los técnicos y juristas que no hacían los informes a su gusto (o al gusto de ese empresario para el que lleva diez años gobernando), lo que ha hecho es recurrir a los informes externos de su amigo sobrevenido, que han sido pagados con ese dinero sobrevenido de todos los lanzaroteños que lleva manejando una década. Una década en la que además de esos concursos millonarios bajo sospecha, también ha pagado millones de euros adjudicados a dedo y levantando a diestro y siniestro reparos de Intervención.

Por eso, aquí no se trata de si Pedro San Ginés es antipático, irrespetuoso o prepotente. Incluso puede resultar cómico que siga obstinado en dar su propia versión hasta de los resultados electorales, intentando convencer al mundo y sobre todo a sus propios compañeros de que obtuvo unos resultados magníficos y de que en realidad no perdió las elecciones. El problema, lo verdaderamente grave es lo que ha dejado tras de sí después de diez años de ejercer un poder que creía sin límites.

El nuevo grupo de gobierno tiene todo por demostrar, pero en sus manos está cumplir el compromiso que ha asumido de arrojar luz sobre lo ocurrido en esta década, y sobre todo el corregir el rumbo de la institución. De momento, y plagiando las propias palabras que San Ginés dedicó a Sergio Machín, "algunos estamos mucho más tranquilos desde que usted ha dejado de manejar los fondos públicos del Cabildo". Los mismos que en su día parecía que clamaban solos en el desierto para advertir de lo que estaban haciendo otros políticos como Dimas Martín, José Francisco Reyes o María Isabel Déniz.

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