La publicación por parte del Financial Times de una noticia que alertaba sobre la posibilidad de que Lanzarote perdiera la condición de Reserva de Biosfera, debido a la existencia de hoteles ilegales, ha desencadenado un debate, a mi ...
La publicación por parte del Financial Times de una noticia que alertaba sobre la posibilidad de que Lanzarote perdiera la condición de Reserva de Biosfera, debido a la existencia de hoteles ilegales, ha desencadenado un debate, a mi juicio, absoluta e interesadamente desenfocado.
Por las traducciones que se han difundido, el Financial Times se ha limitado a recoger las declaraciones de un miembro de la UNESCO, al que identifica como Meriem Bouamrane, el cual señala que "estos casos pueden poner en riesgo el estatus de reserva de la biosfera de Lanzarote". Lo cual no se contradice con las afirmaciones de la propia UNESCO y del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, que desmienten que en la actualidad se esté revisando el estatus de Lanzarote como Reserva de Biosfera.
Ante esa aclaración, las reacciones de "indignación" han dominado las reacciones de algunos políticos insulares, llegando alguno a hablar de "ataque a Lanzarote".
Sorprende, sin embargo, el interés por pasar de puntillas sobre los elementos fundamentales de la información publicada por el periódico inglés que, para desgracia de los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote, son totalmente ciertos.
A día de hoy, son veintidós las licencias anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. A pesar de que las causas directas de las anulaciones pudieran ser formales, el examen de los expedientes de las licencias anuladas permite observar un cúmulo de irregularidades tales como invasión de zonas verdes, desaparición de viarios, plantas construidas de más, edificaciones que no coinciden con el proyecto autorizado, incumplimiento de estándares de calidad...un amplio ramillete que, en algún caso, supone más de veinte incumplimientos de la Ley de Turismo, el Plan Insular y los propios planes parciales en los que se han desarrollado las construcciones cuyas licencias se han anulado. A mayor abundamiento, algunos de esos planes parciales ni siquiera están en vigor, y existen dudas más que razonables de que pudieran ser efectivos con la actual normativa. (Se puede consultar el "catálogo" de incumplimientos en legalidadurbanistica.org)
Hasta tal punto de grosería llegan los incumplimientos que, hasta el momento y por lo que se conoce, tan sólo uno de los promotores con licencias anuladas ha instado la legalización de su establecimiento, porque son conscientes de que, con el actual marco normativo, su legalización resulta imposible.
Como segundo elemento importante en la información del Financial Times, se encuentra el hecho de que once de esos hoteles han recibido fondos europeos. Por definición, si la obra deviene ilegal, si no tiene existencia jurídica, las subvenciones han de ser devueltas, lo que, con ser importante, no llega, tampoco, a ser el elemento sustantivo de la información. Lo realmente importante es el hecho de que el Gobierno de Canarias tramitara e informara favorablemente la concesión de ayudas europeas a hoteles que no se podían construir.
La Revisión del Plan Insular conocida como moratoria turística del Cabildo, ahora anulada por el Supremo por carecer de previsiones indemnizatorias, que sí constaban en el documento inicial y que fueron retiradas por exigencias del Gobierno de Canarias, comenzó a tramitarse en el año 1998, acordando el Cabildo la suspensión de licencias turísticas durante su tramitación. Más allá de cualquier discusión bizantina sobre los efectos de esa suspensión, ya la Sala se ha pronunciado en el sentido de la obligación de respetar esa suspensión del otorgamiento de licencias y lo dispuesto por la moratoria hasta la firmeza, por parte del Supremo, de su anulación.
Pues bien, el mismo Gobierno de Canarias que aprobó definitivamente la moratoria, con un Consejero de Turismo, Juan Carlos Becerra (PNL), perfectamente conocedor de esta circunstancia, informaba favorablemente y tramitaba la concesión de ayudas europeas a construcciones que conocía perfectamente que no podían tener licencia, al menos concedida de forma legal.
Debe quedar para otro momento el comentar hasta que punto se podía considerar la construcción de nueva planta hotelera como objetivo subvencionable, qué zona "deprimida" se pretendía reactivar, cuando las decisiones urbanísticas y turísticas iban en el sentido de frenar el exceso de oferta en Lanzarote.
Por tanto, la información del Financial Times nos enfrenta como sociedad con el proverbial cadáver en el armario. Son miles las camas turísticas que se están explotando a día de hoy en Lanzarote sin ninguna cobertura jurídica, construidas en franco desafío a la ordenación autonómica, insular e, incluso municipal.
Una situación que encuentra el silencio cómplice de los actuales mandatarios del Cabildo de Lanzarote. Lógico. Del actual grupo de gobierno forma parte el PNL, con Juan Carlos Becerra a la cabeza. Su partido es responsable de la concesión de la mayor parte de las licencias ilegales, las otorgadas en Yaiza. Su ex-alcalde, José Francisco Reyes, no sólo figura como imputado por la prevaricación urbanística cometida al otorgar las licencias, sino que se le investiga por supuesto cohecho, una vez que se le ha localizado un patrimonio inexplicado, e inexplicable, por un importe superior a setecientos mil euros.
Juan Carlos Becerra, además, otorgó como Consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, las licencias turísticas (las previas) a estos establecimientos, al menos a los de Playa Blanca, negándoselas en algunos casos a los que pretendían edificar en Teguise, donde gobernaba el PIL.
También forma parte de ese grupo de gobierno el PIL, responsable del otro gran bloque de licencias ilegales, en este caso concedidas en Costa Teguise. ¿Se va entendiendo ahora el silencio?
Silencio sorprendente, también, el de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Al parecer, a la máxima responsable de la principal industria del archipiélago, incluida la "casa de la sal", no le quita el sueño que miles de nuestros visitantes se alojen en instalaciones ilegales, que no sólo no disponen, ni pueden disponer, de libro de reclamaciones o de licencia de apertura, es que no tienen título que justifique y ampare la edificación. ¿O sí le preocupa?. Tal vez lo que le preocupa es que, justo antes de ser nombrada Consejera de Turismo, trabajara como gerente de la patronal hotelera lanzaroteña, algunos de cuyos directivos son propietarios, qué casualidad, de hoteles cuyas licencias han sido anuladas. ¿Se va entendiendo algo más el silencio?
Prevaricación urbanística, cohecho, tráfico de influencias, utilización indebida de dinero público...estos son los elementos que conforman la realidad que el Financial Times denuncia.
Dice el refrán que cuando el sabio señala la luna, el ignorante mira al dedo. En este caso resultaría acertado decir que cuando la prensa denuncia prácticas corruptas, los mafiosos, su brazo político y sus voceros tratan de matar al mensajero.
