El cúmulo de despropósitos que rodearon a la construcción de la desaladora de Janubio es tal, que resulta casi imposible explicar cada uno de los pasos que ahora han dejado a Inalsa al borde de la quiebra. La Corte Arbitral de ...
El cúmulo de despropósitos que rodearon a la construcción de la desaladora de Janubio es tal, que resulta casi imposible explicar cada uno de los pasos que ahora han dejado a Inalsa al borde de la quiebra. La Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Las Palmas ha condenado a la empresa pública de agua a pagar casi 10 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas que se encargó de esos trabajos. Es decir, y traducido a pesetas, unos 1.600 millones, que se dice pronto.
La esencia del asunto es sencilla. En el año 2001 se firmó un contrato con esta UTE, para que construyera una desaladora en el sur de la isla por medio de leasing. Así, a Inalsa le salía "gratis" la construcción de la planta, y a cambio esta empresa tendría los derechos para explotarla durante 15 años, en los que Inalsa a su vez les compraría el agua que produjeran. La cuestión es que la planta se construyó casi al completo, pero no pudo terminarse ni ponerse en marcha por falta de permisos y licencias, y ahora la Corte de Arbitraje entiende que esta unión de empresas, participada sobre todo por Fomento Construcciones y Contratas, tiene que cobrar por los trabajos que realizó.
Pero incluso dejando al margen la monumental polémica que en su día despertó este contrato de leasing firmado por Inalsa, y contra el que había innumerables informes, lo cierto es que la historia que subyace es infinitamente más compleja de lo que muestra esta simple explicación de los hechos. Y sobre todo, deja mil interrogantes en el aire. Unos interrogantes que tendrán que ser respondidos dada la enorme gravedad de la situación, que según el propio Mario Pérez, actualmente consejero delegado de Inalsa, pueden llevar a la quiebra a la empresa pública de agua.
Y deja interrogantes porque una cadena de hechos y de sorprendentes documentos (como los que ha hecho públicos La Voz de Lanzarote en su edición impresa) han ido dejando a Inalsa casi sin escapatoria, y a la empresa constructora prácticamente blindada y con la sartén por el mango. Y lo peor es que, la que podría llegar a ser la tumba de Inalsa, se ha ido cavando desde dentro.
Primero, porque en el contrato que se firmó con la UTE se establecía que en caso de conflicto entre ambas partes, se resolvería a través de un arbitraje. Algo temerario de por sí, puesto que un arbitraje entraña muchísimo más riesgo, y además supone jugárselo todo a una sola carta, ya que su valor es casi el de una sentencia firme. Se puede recurrir, sí, y el Cabildo ahora lo ha hecho, pero consciente de que será complicadísimo que sus argumentos prosperen.
Pero la cuestión no termina ahí, y aún hay elementos más inexplicables. En el contrato inicial se establecía que sería la UTE la encargada de obtener los permisos y las licencias oportunas, pero misteriosamente y dos años después, cuando ya había incluso un informe contrario del Consejo Insular de Aguas, que sostenía que Inalsa no tenía potestad para firmar siquiera ese contrato, tres técnicos visitaron las obras para firmar el acta de replanteo. Es decir, el documento que da luz verde a los trabajos y supervisa que todo se esté haciendo según lo establecido. Y lo mejor del asunto es que no sólo firmaron el acta, sino que en ella dejaron constancia de que aún no estaban los permisos, y agregaron una nueva cláusula por la que Inalsa se comprometía a ampliar el plazo de ejecución de las obras en caso de que éstas se retrasaran por ese motivo, implicándose además de esta forma en la responsabilidad de obtener esos permisos. Tres firmas y una fecha. Tres técnicos de Inalsa y un 17 de junio de 2003.
El Gobierno del Cabildo y todas sus áreas estaban en ese momento en funciones, porque las elecciones se habían celebrado el 25 de mayo, y hasta el 21 de junio no se constituyó la nueva Corporación. Ahí, Dimas Martín tomó el relevo en la Presidencia del Cabildo al socialista Enrique Pérez Parrilla, y Mario Pérez se hizo cargo de la Consejería delegada de Inalsa, que hasta ese momento había venido ostentando Plácida Guerra, que era y sigue siendo miembro del PIL.
La historia es para poner los pelos de punta a cualquiera. Esas tres firmas, ése acta de replanteo, han sido decisivas en el laudo emitido por la Corte de Abritaje en contra de Inalsa, que lo ha considerado una novación de contrato. Es decir, un contrato con nuevas condiciones que reemplaza al anterior. Y todo ello, sin una firma política y con un Gobierno en transición. Pero esto, que podría haber sido argumento en la defensa para un juicio, ahora es casi papel mojado. El laudo no lo ha tenido en cuenta, y las posibilidades de recurrirlo no permiten ir al fondo de la cuestión, sino sólo aferrarse a defectos formales que hayan podido producirse en el arbitraje.
Ni siquiera tiene muchos visos de prosperar el recurso presentado por el Cabildo para intentar impugnar al que ha sido el responsable de ese laudo de la Corte de Arbitraje, que tiene dos condenas, una de ellas por estafa a uno de sus clientes. Y es que todo lo que ha rodeado a este asunto es una cadena de sinsentidos, y eso que aquí sólo hemos esbozado algunos de los más destacados. De principio a fin, lo que ha rodeado a la construcción de la desaladora de Janubio es una historia para no dormir, que debería quitarle el sueño a más de uno.
