Agosto de 1996. Dimas Martín reconoce públicamente en una rueda de prensa haber viajado a París, con el consentimiento del que entonces era presidente del Cabildo por el PIL, Juan Carlos Becerra, para negociar la posible venta de ...
Agosto de 1996. Dimas Martín reconoce públicamente en una rueda de prensa haber viajado a París, con el consentimiento del que entonces era presidente del Cabildo por el PIL, Juan Carlos Becerra, para negociar la posible venta de "una parte" de Inalsa. También asegura que el propio Becerra estaba negociando la privatización con otra empresa, y que incluso se había celebrado una reunión en Cuba. Después, el PIL no volvió a hablar públicamente de esta posibilidad.
Febrero de 2011. Fabián Martín, hijo y heredero político de Dimas, convoca a los medios para presentar su gran propuesta salvadora para Inalsa, que consiste en "permitir la entrada de capital privado". Es decir, exactamente lo mismo que hace 15 años ya había estado negociando su padre. ¿Y en medio, que ha pasado? ¿Qué ha hecho el PIL en esta década y media, considerando que la mayor parte del tiempo ha tenido en sus manos la Consejería Delegada de Inalsa?
Si desde los años 90 pretendían privatizar la empresa, y ahora salen a asegurar, como si fuera un planteamiento nuevo, que ésa es la única posibilidad de salvar a Inalsa, ¿a qué tenemos que pensar que se han dedicado durante todo este tiempo en su gestión de la empresa pública? ¿Es descabellado creer que deliberadamente han llevado a la empresa a la actual situación?
Los resultados son evidentes: unas infraestructuras deficientes y obsoletas y una deuda cercana a los 40 millones de euros, que ha llevado a Inalsa a la quiebra, obligando a intervenirla judicialmente. Sin embargo, con esto último, el PIL no contaba. De hecho, se opuso con uñas y dientes hace casi dos años, cuando gobernaba con el PSOE y su socio empezó por fin a plantear la necesidad de acudir a una administración concursal.
Ahora, año y medio después de que finalmente entrara el concurso de acreedores, los políticos vuelven a hablar de Inalsa. Y lo triste es que el detonante está en la solicitud que han elevado los administradores concursales al Juzgado de lo Mercantil. Por un lado, piden que se exijan responsabilidades patrimoniales a las personas que formaron parte de los dos últimos consejos de administración de la empresa. Por otro, culpan al actual grupo de gobierno de la situación, por frenar medidas que entienden necesarias para la supervivencia de la empresa, como la subida de las tarifas.
A algunos les puede parecer injusta y hasta excesiva la solicitud de los administradores concursales. Puede haber dudas sobre si va a prosperar o no. Incluso se puede temer que paguen justos por pecadores, considerando que Inalsa empezó a caminar hacia la quiebra mucho antes, pero sólo se pueden depurar responsabilidades de los dos años previos a la entrada del concurso de acreedores. Sin embargo, es inevitable que muchos ciudadanos celebren que, por primera vez, se plantee la posibilidad de que los políticos tengan que responder de su gestión con su patrimonio.
Justo después de que el diario Canarias 7 hiciera pública esta información, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, convocó una rueda de prensa para, por primera vez, arremeter con dureza contra los administradores concursales, llegando a plantear incluso que podrían estar incurriendo en una "dejación de funciones" y anunciando que está estudiando pedirles responsabilidades.
Desde luego, es totalmente legítimo que los políticos sigan hablando sobre Inalsa. Y también que se opongan a una subida desmesurada de las tarifas, o a cualquier otra iniciativa que no compartan. Pero lo que cuesta digerir es que lo hagan justo ahora, cuando los administradores les acaban de señalar con el dedo acusador.
Durante año y medio, absolutamente nada se ha sabido por cauces oficiales de lo que está sucediendo en Inalsa. Sólo han ido trascendiendo informaciones puntuales, como el recorte de personal, la propuesta de subir el precio del agua e incluso el aumento de sueldo que se autoasignaron los propios administradores concursales. Pero en este tiempo, ni un solo número. Ni una explicación sobre si se ha reducido la deuda, sobre si se están controlando las pérdidas.
Por eso, sorprende que el Cabildo se rasgue ahora las vestiduras, cuando hasta el momento había respaldado el trabajo de los administradores concursales y había asegurado que mantenía una comunicación fluida con ellos. ¿Ahora de pronto han dejado de ser buenos? ¿Ahora se han dado cuenta de que están haciendo "dejación de funciones"?
Desde luego, resulta casi imposible juzgar el trabajo de los administradores concursales, porque ninguna explicación se ha dado sobre lo que han hecho hasta la fecha. Pero el Cabildo no puede olvidar que dar esas explicaciones era su responsabilidad, y no de los administradores. Y es que ellos, que quien deben responder es ante el Juzgado de lo Mecantil de Las Palmas. A la ciudadanía, las respuestas se las deben dar sus representantes públicos, y no lo han hecho. Y ante eso, sólo caben dos opciones: o realmente en este tiempo no se han interesado por lo que se estaba haciendo, lo que sí sería una "dejación de funciones"; o lo sabían y se lo han ocultado a la sociedad, que ahora no sabe con qué versión quedarse.
En cualquiera de los dos casos, queda claro que Inalsa no se ha librado de uno de sus problemas endémicos: el oscurantismo que ha rodeado a su gestión. El de los que hacían, el de los que dejaban hacer y el de los que miraban para otro lado, siempre con la eterna sombra de Dimas Martín, que manejaba los hilos cuando estaba en las instituciones y hasta cuando estaba en la cárcel cumpliendo condena.
Por eso, el gran problema de la solicitud de los administradores concursales es que no permitirá llegar al fondo de las responsabilidades, que comenzaron mucho antes del año 2007. Sin embargo, al menos, ya ha supuesto una importante advertencia para el futuro: llevar una empresa pública a la quiebra puede tener consecuencias que no sólo tengan que pagar los ciudadanos, como sucede siempre, sino también los políticos implicados. Ya es algo.
Lo siguiente, será que administradores concursales y políticos expliquen realmente qué está pasando a día de hoy con Inalsa y que, desde ahora, vayan dando cuenta de cada paso que dan. El problema y el temor es que, después de quince años, quizá Dimas Martín se haya salido con la suya, y ya sea demasiado tarde. Esperemos que no.
