Un político y un miembro del comité de empresa de Inalsa han determinado que los tres técnicos que estamparon su firma en el documento que dio luz verde a las obras de la desaladora de Janubio, y que además modificó el contrato ...
Un político y un miembro del comité de empresa de Inalsa han determinado que los tres técnicos que estamparon su firma en el documento que dio luz verde a las obras de la desaladora de Janubio, y que además modificó el contrato inicial que se había firmado con la empresa constructora, no incurrieron en ninguna de las faltas tipificadas en su convenio laboral. Es decir, que actuaron cumpliendo órdenes políticas, y que por tanto no se puede cuestionar su actuación.
Pero además, y aunque las responsabilidades políticas se depurarán en otra comisión, los integrantes del Comité Disciplinario de Inalsa también apuntan que tampoco el que entonces era presidente del Cabildo, Enrique Pérez Parrilla, estuvo vinculado al absoluto despropósito que supuso la firma de ese acta de replanteo. De hecho, sólo señalan a Plácida Guerra como la persona que dio las "instrucciones" a esos tres técnicos. Y todo eso lo han determinado tres personas y en menos de una semana (porque la "investigación" comenzó cuando estaba a punto de cumplirse el plazo para depurar la posible responsabilidad de estos técnicos).
De momento, el Partido Popular ya ha puesto el grito en el cielo, porque una de esas tres personas (el representante político) es Manuel Fajardo, secretario general del PSOE en Lanzarote y compañero de partido de Enrique Pérez Parrilla, que presidía el Cabildo cuando sucedieron estos hechos. Y por tanto, no les parece muy fiable un informe que carga todas las responsabilidades sobre la consejera del PIL y que, en cambio, exculpa totalmente a Parrilla.
Pero independientemente de las suspicacias que esto pueda despertar, e independientemente también de quién ha sido el político que ha formado parte de ese comité disciplinario, lo concreto es que los hechos tienen demasiada gravedad como para que su análisis se resuelva de esta manera.
Es cierto que aún hay abiertas otras dos comisiones sobre este tema, una técnica en el seno de Inalsa y otra política en el Cabildo, pero salvo milagros de última hora, lo cierto es que no se espera que aporten mucha más luz sobre este asunto. La cronología de hechos está clara, los documentos son conocidos (y muchos de ellos, como los que cita el Comité Disciplinario en su informe, ya habían sido reproducidos por La Voz cuando estalló esta tormenta) y lo que falta por dilucidar no es si un técnico cometió una "falta grave" o si un político se equivocó al tomar una decisión. La situación tiene una relevancia infinitamente mayor. Tanto como para que se deba resolver en los Tribunales, y no en comités disciplinarios ni en comisiones de investigación que casi nunca conducen a nada, y sólo sirven para arrojarse acusaciones unos a otros y para que, al final, cada partido exponga las conclusiones que ya tenía pensadas desde un principio.
De lo que estamos hablando es, primero, de un contrato que nunca debió firmarse, y que encontró oposición desde muchísimos y variados frentes en su día. Estamos hablando de la obcecación de un Grupo de Gobierno, el de la pasada legislatura, que pese a todo siguió adelante. Estamos hablando de que el Consorcio Insular del Agua también advirtió que el contrato violaba la ley porque no se podía privatizar un servicio público como el suministro de agua. Estamos hablando de que, pese a todo, tres técnicos se desplazaron hasta Janubio y allí, firmaron un acta de replanteo dando luz verde a las obras y, lo que es peor, dejando constancia escrita de que todavía se estaban "tramitando las correspondientes licencias y permisos" y agregando una nueva cláusula que ha sido fundamental en el laudo que condena a Inalsa a pagar unos 12 millones de euros a la UTE Edad Janubio. Una cláusula en la que asumían que conseguir esos permisos correspondía a Inalsa y que si las obras fuera paralizadas por falta de permisos, se prorrogaría "correspondientemente" el plazo de ejecución de las obras. Por eso, cuando los permisos se fueron denegando y la obra no pudo llegar a terminarse, la empresa constructora se aferró a esto para reclamar su dinero por el trabajo realizado hasta ese momento.
Y aunque parece lógico pensar que los técnicos no actuaron porque sí, y que seguían instrucciones políticas, con eso no basta. Primero, porque no estamos hablando del Ejército ni de militares que se deben a las órdenes de sus superiores, sino de técnicos de un Cabildo que precisamente deben asesorar a los políticos sobre la conveniencia o la legalidad de firmar determinados documentos, y no firmarlos a ciegas y cumpliendo instrucciones. Y menos aún cuando se trata de documentos que modifican un contrato firmado inicialmente por políticos. Y segundo, porque tiene que quedar meridianamente claro quién les dio esa orden.
Y en caso de que fuera Plácida Guerra, también se debe aclarar si realmente lo hizo de espaldas al resto del Grupo de Gobierno o si, por el contrario, todos eran conscientes de lo que se estaba haciendo. Si eran conscientes de que se estaba prácticamente blindando a Edam Janubio, que primero con el contrato y luego con el agregado del acta de replanteo, tenía una posición de infinita ventaja frente a Inalsa en todo este asunto. Así que es imprescindible determinar qué se hizo, quién o quiénes lo hicieron y, sobre todo, por qué lo hicieron. Y para eso, no basta con que los políticos se arrojen dardos en una comisión de investigación. De eso, quien debe encargarse son los Tribunales. Y cuanto antes.
