Juan José Hernández Mendoza, en calidad de secretario general en la Provincia de Las Palmas del Sindicato Unificado de Policía, quiere manifestar lo siguiente en relación con el Policía acusado por el Colegio de Abogados de Lanzarote:
Primero.- Este sindicato que aglutina a la mayoría de los miembros de todas las escalas y categorías del Cuerpo Nacional de Policía, quiere denunciar públicamente tanto la actitud del decano como la de los abogados de Arrecife, que acusan a nuestro compañero de tratar a los detenidos y abogados de manera indigna, sin causa jurídica que lo fundamente.
Segundo.- Hacer ver a la opinión pública que si estos abogados actúan haciendo escritos de repulsa en contra de un Policía a su decano, en vez de dirigirse a los juzgados y presentar la correspondiente denuncia, que es lo que no harán cuando asistan a un detenido en calidad de abogado. Al parecer, esos letrados tienen muy poco conocimiento de cómo actuar en defensa de sus intereses, y en consecuencia, se podrá deducir qué empeño pondrán en la defensa de un detenido cuando actúan de oficio. No me puedo imaginar a un Policía tomándole declaración a un detenido y a su vez amenazando al abogado que le asiste, eso no se lo cree nadie con un mínimo de conocimientos de derecho.
Tercero.- El pasado 21 de marzo, en la toma de declaración de un detenido, estuvo presente el juez decano de Lanzarote junto al abogado de oficio, por lo que habría que preguntar a su Señoría si quedó contento con la actuación del letrado, el mismo abogado que "tuvo que llamar a un familiar ante el temor de que pudiera ocurrir algo...".
Cuarto.- ¿Cómo es posible que estos abogados que tienen que conocer todas las normas jurídicas por las que nos regimos en el Estado español, pidan el traslado de un policía fuera de la isla de Lanzarote? ¿Cómo se le ocurre al decano del Colegio de Abogados hacer tal solicitud, a sabiendas que con esta petición se vulneran los derechos que como funcionario de la Administración del Estado asisten al policía? Tanto el decano como los abogados tendrían que conocer que el traslado solo puede ser efectivo cuando lo solicite a petición propia del funcionario o por sanción de un a falta grave tipificada en el Reglamento de Régimen Disciplinario aplicable a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Estas peticiones del decano del Colegio de Abogados de Lanzarote solo tienen canido en una república bananera donde se vulneren sistemáticamente los derechos de las personas, pero no en España.
Quinto.- Este Sindicato va a salir siempre en defensa de todos los miembros del Cuerpo Nacional de Policía en sus actuaciones, desde el comisario hasta el último de los policías, ya que defendemos la ley y estamos sometidos a ella, en este caso concreto estaremos al lado de nuestro compañero y pondremos todos los medio jurídicos para que resplandezca la verdad de los hechos.
Muchos ciudadanos y diferentes asociaciones pedirán cuenta de la actitud de dichos abogados, ya que como consecuencia de "sus quejas", el Grupo de pequeño tráfico de drogas que actuaba en el entorno de zonas educativas, de ocio y diversión de Arrecife, y que tan buen resultado estaba dando en los últimos tiempos, prueba de ello son las diligencias instruidas desde diciembre del año 2005, con más de 38 detenidos, incautados 3,61 kilogramos de hachís, 705 gramos de cocaína, 65 gramos de heroína, 72 piedras de crack y 166 pastillas de diversa clase, ha sido desmantelada por orden de la superioridad. Así nos va en la Comunidad Canaria y en especial en las islas no capitalinas, donde todavía existen los virreyes.
En su momento defendíamos a ultranza a dos policías de la Comisaría de Arrecife a los que "lincharon públicamente" y acusaron injustamente en todos los medios de comunicación por el famoso y desgraciado caso Fonseca, donde fuimos los primeros en sentir la muerte de un ser humano, pero donde el tiempo y los tribunales, tanto españoles como internacionales, han dado la razón a los policías, pero nadie se ha retractado y pedido disculpas por las declaraciones acusatorias que en su momento se vertieron en la prensa local, regional, nacional e internacional. En este caso pedimos lo mismo que entonces, el tiempo y los tribunales darán o quitarán la razón.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de abril de 2006
