Cuando uno ve lo que ha pasado y lo que sigue pasando en las instituciones públicas, lo que realmente sorprende es que la crisis no nos hubiera estallado antes en las manos. De hecho, es precisamente la crisis la que ayuda a dimensionar las consecuencias del despilfarro y de la corrupción. Del daño real y tangible que causan a toda la sociedad.
El último ejemplo vuelve a estar en el Ayuntamiento de Arrecife. La Operación "Montecarlo" investiga pagos por valor de cientos de miles de euros que están bajo sospecha, y que se realizaron, además, mientras a los ciudadanos les decían que había que apretarse el cinturón por aquello de la crisis.
Según la investigación, entre 2008 y 2011, después incluso de que estallara el caso "Unión", el Ayuntamiento de Arrecife pagó hasta por trabajos y servicios que ni llegaron a realizarse. Ni siquiera para disimular. Y eso, por no hablar de adjudicaciones supuestamente irregulares, sin concursos y hasta sin contratos. Ahora, desde el entorno de los imputados se habla de "errores" o se intentan justificar esas facturas. Y quizá algunas de las que están bajo sospecha tengan justificación. Pero aunque así fuera, aunque en todos los casos no se pueda acreditar la malversación de caudales públicos que se imputa a políticos, técnicos y empresarios, el tema no sería menos sangrante.
¿Cómo puede ser, como puso de relieve hace unos meses una sentencia, que haya expedientes en el ayuntamiento autorizando pagos por algo que ni siquiera consta que se haya contratado o realizado? En aquel juicio, fue José Montesinos el que llevó al Ayuntamiento a los tribunales, reclamándole más de 50.000 euros. Y aunque la sentencia subraya que ni siquiera hay "constancia" del encargo del trabajo que "afirma haber realizado" Montesinos, sí había dos documentos firmados por el interventor autorizando el pago. Y eso, le costó al Ayuntamiento una condena a pagar esa suma. Cuando se dictó esta sentencia, la Operación "Montecarlo" aún no había estallado, ni Carlos Sáenz había sido detenido y enviado a prisión provisional, donde se encuentra actualmente.
Desgraciadamente, éste no es, ni mucho menos, un caso aislado. Algunos se están investigando ahora en ésta y otras causas, pero también hay muchos otros que, aunque no estén bajo sospecha judicial, no dejan de ser preocupantes. Y es que los procedimientos de contratación establecidos para las administraciones no son un capricho, ni el engorroso y "complejísimo" trámite que a veces intentan vender.
Esas normas son la mínima garantía de transparencia exigible a una administración. Son las que deberían garantizar que cualquier empresa pueda optar a un trabajo en igualdad de condiciones y sin "amiguismos", pero también las que deberían evitar que se tire el dinero de todos. Y cumplirlas, permitiría frenar delitos como la malversación, pero también, simplemente, evitar que se maneje con alegría el dinero público. Y si entre todos los políticos, asesores y técnicos de una administración no saben cumplir correctamente con ese procedimiento, deberían, como mínimo, marcharse a su casa.
Sin embargo, no es la primera vez que desde una institución de la isla se habla de expedientes incompletos o de documentos que se han "traspapelado" o desaparecido. El pasado mes, el Gobierno de Canarias exigió a los Centros Turísticos que devuelvan una subvención de 150.000 euros que recibieron en 2007, porque no han acreditado el destino que se le dio a ese dinero. Además, el Ayuntamiento de Arrecife tiene que devolver 350.000 euros que le entregó el Consejo Insular de Aguas en el año 2010 para ejecutar obras hidráulicas, porque no las ejecutó o no las pudo justificar. Y como éstos, hay muchos más casos en la isla. No será delito, pero es de Juzgado de Guardia.
Pone los pelos de punta el desparpajo con el que las instituciones y los políticos tratan el dinero que no es suyo. Por eso, probablemente, les parezca ridículo hablar de sus sueldos, de los de los asesores que enchufan (perdón, contratan), de lo que gastan en teléfono, de lo que despilfarran (perdón, invierten) en cenitas en Fitur, de lo que pagamos por sus viajes… Hablar de eso, según ellos, es "demagogia".
Obviamente, la crisis no se va a superar por una rebaja en los sueldos de los políticos, ni por tener uno o dos asesores menos en una institución, ni por evitar viajecitos innecesarios. Pero si sumamos lo que dilapidan todos juntos, no ya en Lanzarote, sino en toda España, igual no andaríamos todos temblando por las esquinas, pendientes de las primas, de los riesgos y de los rescates. Y es que en ese tipo de derroches, la isla no está sola.
Los ejemplos van desde el caradura que ha sido hasta este jueves presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, obligado a dimitir por el escándalo de sus viajes; hasta los diputados que representan a los ciudadanos en el Parlamento europeo, que se acaban de negar a volar en clase turista. ¡Faltaría más! Cómo van a mezclarse en el avión con el "populacho" que les paga los sueldos
La diferencia entre un billete y otro supera los mil euros por viaje, pero para ellos eso es sólo una pequeña miseria. Probablemente, no pensarían lo mismo si saliera de sus bolsillos, o si tuvieran vergüenza de mirar a la cara a cualquier ciudadano que está pasando actualmente necesidades. Para los políticos, plantear esto es "demagogia". Pero para el resto de los ciudadanos, son precisamente estas actitudes las que demuestran el poco respeto que los políticos tienen a un dinero que es de todos.
Por eso, si al despilfarro sumamos lo que alguno se quedan por debajo de la mesa en muchísimas instituciones de toda España y lo que otros le entregan a sus empresarios amigos y allegados, con obras o servicios innecesarios o incluso inexistentes, y con facturas infladas, lo que sorprende es que el sistema no haya quebrado antes. Definitivamente, deberían "rescatarnos", pero de quienes nos han traído hasta aquí.
