El 11 de diciembre de 2003, el imputado por prevaricación José Francisco Reyes, aprobó mediante Decreto el proyecto de urbanización del Plan Parcial Playa Blanca. Dicho decreto fue el pistoletazo de salida para la ...
El 11 de diciembre de 2003, el imputado por prevaricación José Francisco Reyes, aprobó mediante Decreto el proyecto de urbanización del Plan Parcial Playa Blanca. Dicho decreto fue el pistoletazo de salida para la construcción de un plan parcial en mitad de la nada, en un suelo virgen y lo que es más grave; legalmente extinto. En diciembre de 2003 todavía no habíamos superado el susto de los pretendidos 6 campos de golf en Maciot, ni habíamos asimilado el esperpento del Puerto Deportivo Marina Rubicón ni del Papagayo Arenas. La sociedad insular empezaba a dejar de ir en masa al sur de la isla "para no ver el destrozo", cuando el señor ex- todo se superó a sí mismo y nos vino con el decreto de autorización del Plan Parcial Playa Blanca.
Varios partidos políticos, la Fundación César Manrique, numerosos colectivos ecologistas y el Cabildo Insular de Lanzarote activaron inmediatamente los instrumentos que el estado de derecho confiere para fiscalizar y controlar las actuaciones de la administración local, y presentaron sendos recursos contra dicha resolución. El Cabildo Insular de Lanzarote fue más allá y advirtió al Ayuntamiento mediante Resolución de fecha 23 de marzo de 2004 de la ilegalidad que estaba autorizando y avisó de su intención de recurrir las obras de urbanización ante los Tribunales.
A partir de ahora, la realidad supera a la ficción: el imputado José Francisco Reyes se sintió fuerte con los informes positivos del ingeniero de la oficina técnica, el imputado Don Antonio Lorenzo y del secretario del Ayuntamiento de Yaiza, el imputado Don Vicente Bartolomé. Los tres imputados por prevaricación. Pero decidieron dar traslado de la advertencia del Cabildo a la Junta de Compensación. El presidente de la Junta de Compensación resultó ser el imputado por cohecho Don José Ramón Olevarría, que decidió comentar la legalidad del plan parcial con su abogado, el imputado por cohecho Don Ignacio Díaz de Aguilar. Tal vez, y sólo tal vez, consultó la situación jurídica con el otro abogado que les representaba en la isla, Don Felipe Fernández Camero, imputado por inducción a la prevaricación, y abogado del Plan Parcial Playa Blanca, a la vez que abogado del Ayuntamiento de Yaiza y del ex- alcalde de Yaiza. Incluso el promotor José Ramón Olevarría, pudo haber comentado la situación jurídica del Plan Parcial con sus socios Ricardo Sánchez Almendáriz y Félix Leceta. Los tres imputados por cohecho.
El caso es que el imputado Ignacio Díaz de Aguilar convenció de la legalidad del plan parcial a sus clientes, y se puso raudo y veloz a redactar un informe jurídico que convenció al ex alcalde y a toda su corte de funcionarios y el plan parcial comenzó a ejecutarse. Los familiares directos de Ignacio Díaz de Aguilar y algún que otro compañero del ex-alcalde comenzaron a pedir licencias, el Alcalde se las concedió, construyeron y vendieron a terceros.
Los estatutos y bases del Plan Parcial Playa Blanca han sido declarados nulos por los Tribunales a petición del Gobierno de Canarias, la licencia de urbanización del plan parcial ha sido declarada nula por los Tribunales de Justicia, las obras y construcciones han sido declaradas nulas por los tribunales con orden de demolición. Los terceros adquirentes están esperando promesas que no van a llegar.
Y los imputados entran y salen del juzgado civil, del penal y algunos de la casa Cabildo. Pedro San Ginés aparta a los técnicos del PIOT a petición de algunos imputados.
Y seguimos.
