Parece que la deriva soberanista en Cataluña desempolva viejas demandas sobre cómo configurar el ya desfasado modelo territorial español. No voy a negar que el Estado autonómico ha sido positivo pues ha permitido un desarrollo ...
Parece que la deriva soberanista en Cataluña desempolva viejas demandas sobre cómo configurar el ya desfasado modelo territorial español. No voy a negar que el Estado autonómico ha sido positivo pues ha permitido un desarrollo político, económico y social en todos los territorios como no se ha visto jamás, aunque nunca sabremos si ese desarrollo se debe, y en qué medida, tanto a la democracia ?a la que la autonomía siempre ha venido unida en la historia constitucional española- como a la integración europea.
Sea como fuera, lo cierto es que el diseño constitucional del modelo de Estado se ideó únicamente para una fase inicial y que tras casi 35 años de vigencia ya no da más de sí, ya no es capaz de dar soluciones a determinados problemas ?reconocimiento de hechos diferenciales, financiación, nuevas competencias, etcétera-, alzándose distintas voces, tanto académicas como políticas, que reclaman una reforma urgente y en profundidad del sistema en clave federal.
El federalismo no es muy diferente al actual modelo autonómico. En la práctica, bastarían algunos cambios -no muy complejos aunque de calado- para poder equipararnos, a saber: simplificación y reasignación competencial, adaptación del Senado como auténtica Cámara de representación territorial, financiación territorial asumible que, sin desvirtuar la solidaridad, corrija las desigualdades existentes o denominar a las partes Estados en vez de Comunidades Autónomas.
Sin embargo, no creo que eso resuelva el problema de fondo que subyace en el problema vasco y catalán -que extiendo al canario- y que no es otro que el del reconocimiento de las asimetrías que existen entre los territorios que conforman esta España plural. En efecto, la reforma del modelo territorial español debe abordar definitivamente algo evidente: que, por sus singularidades, determinados territorios requieren de un tratamiento singular y, por tanto, de un autogobierno más amplio que el de aquellos otros que no las tienen.
Ello requiere que definitivamente se asuma una España desigual, asimétrica, lo que no se consigue solo con el advenimiento del federalismo como conjunto de mecanismos técnico-jurídicos. El federalismo como modelo requiere, como advertía el profesor Solozábal en un reciente artículo en el periódico El País citando al recordado Gumersindo Trujillo ?gomero ilustre, catedrático de Derecho Constitucional, Rector de la Universidad de La Laguna, Presidente del Consejo Consultivo de Canarias y maestro de tantos juristas-, una cultura o clima específicos. O lo que es lo mismo, lealtad tanto de las partes, sobre todo de los nacionalistas periféricos, hacia el proyecto -devotio a la casa común y compartida, lo llamó Solozábal-, pero también que el todo, quienes vayan a mandar en la Federación, acepten como algo natural y consustancial a la España del siglo XXI esas asimetrías ?devotio a la diversidad y a la singularidad, lo denominaría yo-.
Sin embargo, no creo que ahora mismo exista ni una cosa ni la otra, ni desde ni hacia Cataluña. Unos quieren singularizarse solo ellos y otros todo lo contrario para evitar mimetismos de otros territorios. O sea, que no se da ese clima necesario, no ha cuajado esa cultura del pacto y compromiso, ni desde las partes, ni desde el todo. Por lo menos, los actores de uno y otro lado, no transmiten esa sensación.
Desde luego, lo que no puede pasar es que se transforme el Estado hacia un modelo federal para dar satisfacción únicamente a Cataluña y arreglar el maltrato fiscal que padece. Antes al contrario, el modelo debe dar cobertura a todos los hechos diferenciales: la lengua, los derechos forales, las demandas de autogobierno, las desigualdades fiscales, pero también aquellas otras muchas más objetivas, que afectan de una manera fragrante, y que destacan sobremanera, como son la insularidad (en su dimensión archipielágica) y la lejanía.
Las voces que se alzan reclamando un modelo federal, que transforme a Cataluña en Estado, pero formando parte de España ?básicamente los socialistas, sean catalanes o españoles- pretenden aparentar moverse hacia un Estado federal pero para quedarse como están; es decir, en un modelo asimétrico, como el actual, escorado a favor exclusivamente del País Vasco y Cataluña.
No sería justo que volvieran a postrar a Canarias en su camino hacia el autogobierno. Pasó, por el estallido de la guerra civil, en la II República, cuando se estaba trabajando en las aportaciones de Gil Roldán, Pérez Armas y Franchy Roca; pasó bajo la actual Constitución, cuando la UCD, con la complicidad del PSOE, nos obligó a abandonar la vía del artículo 151, compensándonos con las migajas de la LOTRACA; y puede volver a pasar si no estamos atentos. Solo hace falta que sepamos lo que queremos, que seamos capaces entre todos de consensuar una fórmula capaz de dar respuesta a las necesidades y aspiraciones de los habitantes de este territorio archipielágico; esto es, un amplio autogobierno que nos permita tanto disminuir la dependencia exterior (política, económica, energética, cultural, etcétera), como conseguir instrumentos decisorios y de protagonismo internacional compatibles con la permanencia en un Estado, el español, plurinacional y asimétrico, que reconozca plenamente a Canarias sus singularidades y, por tanto, asuma la adopción de un status tanto competencial como institucional adaptado a nuestras especificidades y que tenga proyección no solo interna sino internacional.
La fórmula más apropiada, por su sencillez, la encontramos en la figura del "territorio dotado de plena autonomía interna", estatus derivado de las Resoluciones de la Naciones Unidas 742 (VIII) y 1514 (XV). Esa plena autonomía interna nos permitiría disfrutar de un nivel de autogobierno mucho más amplio que el de cualquier ente subestatal conocido y de un estatus internacional privilegiado, lo que nos posibilitaría ser parte de distintas Convenciones de las Naciones Unidas, relacionarnos directamente con otros Estados o tener plenamente reconocidas nuestras aguas de acuerdo con el criterio de líneas de bases rectas, como si de un Estado Archipielágico se tratara, todo ello compatible con un Estado español federal y asimétrico.
No dejemos pasar esa nueva oportunidad de ampliar nuestros horizontes en paz y libertad...
*Fernando Ríos Rull, profesor de Derecho Constitucional de la ULL
