22/nov./2019
12/09/12

"Cabildos Insulares; la reforma que viene"

Por Óscar Luzardo
Celebramos en Canarias el primer centenario desde que se constituyeran los Cabildos Insulares allá por el año 1913. Una Institución nacida para regir lo que es "peculiar" de cada isla y que ha prestado y presta un servicio ...
"Cabildos Insulares; la reforma que viene"
Por Óscar Luzardo
Celebramos en Canarias el primer centenario desde que se constituyeran los Cabildos Insulares allá por el año 1913. Una Institución nacida para regir lo que es "peculiar" de cada isla y que ha prestado y presta un servicio ...

Celebramos en Canarias el primer centenario desde que se constituyeran los Cabildos Insulares allá por el año 1913. Una Institución nacida para regir lo que es "peculiar" de cada isla y que ha prestado y presta un servicio fundamental a los ciudadanos, pero también a los municipios, puesto que complementa y dinamiza aquellas actuaciones de interés público que pudieran verse frenadas por falta de capacidad financiera o capacidad política.

Desde su primitiva concepción hasta nuestros días, los Cabildos Insulares han pasado de ocuparse de asuntos como la sanidad, la beneficencia o el sector primario, a desempeñar un papel fundamental en temas como la planificación del territorio, el agua, los residuos o las grandes infraestructuras de transporte.

Sin embargo, este sistema que comenzó siendo descentralizador y eficaz, nos ha llevado a una compleja e ineficiente situación, que no sólo resulta inviable desde el punto de vista de los recursos públicos, sino que además tampoco mejora la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, que no olvidemos, es o debiera ser, el objetivo único y fundamental de cualquier administración.

Los Cabildos Insulares están llamados a paliar en cierta medida, la difícil situación financiera por la que están pasando los Ayuntamientos de nuestro archipiélago, propiciada entre otros factores, por una excesiva dependencia de ingresos coyunturales que a la postre se han convertido en estructurales, junto al desmesurado crecimiento del Sector Público Local. Ya saben, ese conglomerado de entes, organismos, sociedades, empresas y consorcios que tienen las cuatro administraciones públicas, que nos cuestan a los ciudadanos 200.000 millones de euros al año, y que en su conjunto arrastran una deuda de 56.000 millones de euros.

La necesaria reforma de la Administración Local planteada por el Gobierno de la Nación hace especial hincapié en aquellos servicios públicos prestados por estas Entidades Locales que, en mi opinión, redundarán en un mayor protagonismo de los Cabildos Insulares; no sólo en la coordinación de las políticas de carácter insular, sino en la absorción de determinadas competencias "impropias" que además de lastrar sus frágiles economías, les supone entrar en competencia y duplicidad con otras Administraciones.

El cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, hará que los Cabildos Insulares, entre otras Administraciones de ámbito supramunicipal, sean garantes del derecho constitucional que tenemos los ciudadanos a recibir un mismo nivel de servicios públicos con independencia del municipio en el que residamos. Servicios que los Cabildos Insulares podrían gestionar con mayor eficiencia al adoptar economías de escala y asumir alguna de las denominadas competencias "impropias" de aquellos municipios con una población inferior a 20.000 habitantes, siempre que éstos no fueran capaces de gestionarlos.

El ineludible control del déficit público forma parte de las difíciles medidas tomadas por el Gobierno, y la delimitación de competencias para que sólo sea una la Administración que ejerza cada función, es un trámite elemental que sin cuestionar la estructura municipal, incorpora los términos de calidad, austeridad y eficiencia en el funcionamiento de las administraciones.

El primer paso para la gran reforma de la Administración ya se ha dado, y como he tratado de explicar, es mucho más que la mera reducción del número de cargos públicos. Puede ser el momento en el que los Cabildos, haciendo gala de su vocación sobre los asuntos "peculiares" de cada isla, actúen como verdaderos Gobiernos Insulares y garanticen una prestación adecuada de los servicios públicos y su financiación.

En otra ocasión si me lo permiten, reflexionaré sobre su financiación, puesto que posiblemente nuestra Comunidad Autónoma pueda "aligerarse de peso" en favor de los Cabildos Insulares. Para ello tenemos que pelear y aparcar nuestras diferencias, porque en ocasiones el enemigo político está más cerca de lo que pensamos. No queda otra.

Óscar Luzardo, senador del PP por Lanzarote

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