Canarias y la inmigración incontrolada

La acogida de inmigrantes que llegan a Canarias, huyendo de un mundo de miserias en sus respectivos Países de origen, está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, (art. 13). Toda persona tiene derecho a ...

21 de marzo de 2006 (16:49 CET)

La acogida de inmigrantes que llegan a Canarias, huyendo de un mundo de miserias en sus respectivos Países de origen, está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, (art. 13). Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Paradójicamente ningún Estado Parte cumple esta norma, por lo tanto es pura hipocresía. Esta es la cruda realidad para analizar lo que acontece en nuestros territorios insulares. Confundimos la acogida humanitaria y a la solidaridad internacional con el derecho a la no extinción de la idiosincrasia del Territorio de acogida.

En Canarias existen miles de personas que están pasando por parecidas calamidades de hambre y miserias. Emigrando de un pueblo a otro, de una isla a otra en la busca de un trabajo digno. No existen para muchos de ellos, ni la mas mínima asistencia humanitaria, por parte del Estado receptor. Siendo Canarias un territorio de Estado con mas de 400.000 personas que se encuentran bajo el umbral de pobreza, con muchos de ellos ni siquiera "con techo", no se le da la misma consideración de asistencia humanitaria.

Los lugares de acogida en el Estado receptor no se le da la misma consideración de los que vienen desde dentro, con los que vienen desde fuera. Tampoco se tiene en cuenta el control de puertos y aeropuertos, donde pasan desapercibidos cubiertos por una legalidad encubierta. Llama mas la atención, aquellos que entran directamentey sin papeles, a través de las conocidas pateras y cayucos.

Queremos denunciar que quienes mas daño hacen, son los inmigrantes que están dentro del campo comunitario. Estos son los que encarecen el precio de las viviendas, de la cesta de la compra, de la educación y de la sanidad, los que provocan el alto índice de pobreza entre los canarios, por el desplazamientos de los puestos de trabajo digno. Son los que hay que combatir en primera línea de actuación, de tener el Gobierno Canario la suficiente capacidad política.

Hay que diferenciar la llegada de una inmigración sin control, donde se mezclan los que vienen por necesidad de hambre con los que llegan con suficientes recursos económicos ypuestos de trabajo garantizado. Son circunstancias que produce un aumento de pobreza interna en la sociedad receptora. Imperando las cuestiones entre la oferta y la demanda, con inmigrantes con papeles, donde el nativo de la tierra tiene que competir con la profesionalidad de unos, (comunitarios), y los bajos salarios de los otros, (extracomunitarios). Los llamados ilegales, son explotados laboralmente por un plato de comida, empeorando hasta el extremo la situación laboral de los trabajadores canarios.

Esta libertad de circulación y residencia en nuestras islas con puertas abiertas a todos, que el Gobierno Autónomo soporta del Estado, por carecer de la suficiente autoridad política, es compensada con una cartera llena presupuestos y subvenciones al que solo unos pocos tienen acceso. En los últimos treinta años existen familias, que desde cero, hoy son millonarias al infinito. Otros muchos se han enriquecido en este mundo de corrupción permanente por el mero hecho de influencias con los gobernantes de turnos.

Si no se le pone remedio a esta situación lo mas inmediato posible, estaremos a un paso de convertirnos en un pueblo empobrecido, y de la nunca tendremos las mismas oportunidades que hemos ofrecidos a foráneos por nuestra solidaridad abierta al mundo.

Habría que considerar un control estricto a la capacidad poblacional que podamos soportar, para ello la UNESCO tiene establecidas las capacidades de población que puede soportar determinados territorios, especialmente los insulares. Por otro lado, considerar el Protocolo de las Naciones Unidas, para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de personas, especialmente mujeres y niños, fue firmado el 6 de enero de 2006.

Dicho Protocolo internacional establece que por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Debemos de aclarar que el Gobierno Canario no tiene ni podrá dar alternativa a este grave problema, en todo caso, solicitarlo al gobierno de Madrid. Ya sabemos lo que hay detrás de todo esto, por lo que no debemos hacernos ilusiones. Ni siquiera una Ley de Residencia será admitida de forma generalizada. Solo serviría para cerrar las posibilidades de entrada a los que teniendo sangre de canarios, serían declarados extracomunitarios.

Del Gobierno del Estado que se afirma con un Estatuto de Autonomía de total dependencia, no se puede tampoco esperar nada, le preocupa mucho mas las fronteras del estrecho de Gibraltar y de sus negocios petrolíferos con Marruecos.

Solo nos queda como simples ciudadanos enfrentarnos al Gobierno de Canarias, y pedirles responsabilidades por su complicidad ante la desidia del Estado con Canarias, y por no tener el suficiente coraje en reclamar los derechos constitucionales que como españoles nos corresponde. Estas son las circunstancias por la que debemos acudir a los estamentos internacionales para exigir que se cumplan con Canarias, de todas aquellas Leyes o Protocolos internacionales firmadas por el Estado español. Exigir el cumplimiento de establecer las fronteras marítimas del archipiélago canario, como estipula el Derecho Marítimo Internacional.

Exigiremos ante las Naciones Unidas, para que consideren el comercio de transporte por vía internacional de personas que llegan a Canarias, como "Trata de Personas",y poner a disposición del Estado español, de todos los sistemas internacionales de vigilancia y control de personas u organizaciones que son corresponsables del tráfico de personas a cambo del pago de dinero, tanto de origen como de acogida, aplicando los mismos medios establecido en la Ley Internacional sobre la persecución y castigo del Tráfico de Drogas.

No podemos permitirnos un Gobierno Autónomo que solo está para pedir dinero y no para darle dignidad a este pueblo, como por ejemplo: exigir un Estatuto con Plena Autonomía Interna, con el cual, sí podríamos delimitar los Espacios Marítimos de Canarias, trazando líneas fronterizas equidistantes para la vigilancia, control y en especial, la decisión desde Canarias sobre las 200 millas marinas al sur y oeste del archipiélago. También entre otras, la elaboración interna de una Ley de Residencia en la mejor defensa por los intereses internos de Canarias, y donde la regulación poblacional estaría relacionada con las estadísticas de la UNESCO, por lo que ningún Estado el mundo se podría oponer.

Antonio Rodríguez de León

Presidente Plataforma por el Mar Canario

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